El Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2005 (PNUD) indica que, a pesar de los avances registrados en los últimos años en términos de desarrollo, cada año mueren 10,7 millones de niños menores de cinco años y más de 1.000 millones de personas intentan sobrevivir en condiciones de extrema pobreza. Los retos de la pobreza, el bienestar y el desarrollo orientan las principales acciones de la comunidad internacional en el campo de la cooperación y la solidaridad internacional. La consecución de los Objetivos del Milenio, establecidos en la cumbre de año 2000 y con un plazo de obtención de resultados fijado para el año 2015, determina algunas de las rutas a seguir con vista a cumplir estos objetivos.

La política de cooperación catalana está en sintonía con las prioridades definidas por la comunidad internacional y define, tanto en la Ley de cooperación (Ley 26/2001), de 31 de diciembre, como en el actual Plan director 2007-2010 y los planes anuales, el compromiso de la acción pública catalana con la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza.

A partir de la Cumbre de Monterrey, la comunidad internacional dio un impulso significativo al compromiso con la financiación del desarrollo. De hecho, tal como indica el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 2001 la ayuda se ha incrementado un 4% en términos reales. En el caso de la Unión Europea, el compromiso con la financiación del desarrollo se traduce en el 0,5% de la ayuda oficial para el desarrollo para el año 2010 y el 0,7% para el 2015. En lo que respecta a España, los compromisos son más ambiciosos y se sitúan en el 0,5% en 2008 y el 0,7% en 2012.

Y en este contexto, el Gobierno de Cataluña destinó en 2006 un 0,36% de los tributos propios a la ayuda oficial al desarrollo; en 2007 el porcentaje se elevará al 0,39%, y con la voluntad de llegar al 0,66% en 2010, como establece el escenario económico del nuevo Plan director.

Este compromiso firme con la financiación del desarrollo se ha traducido en un incremento sustancial de los presupuestos destinados a la cooperación y la solidaridad internacional, lo que impone retos importantes para garantizar que la mejora cuantitativa de la ayuda al desarrollo vaya acompañada de una mejora sustantiva.