Generalitat de Catalunya

La crisis de la monarquía borbónica y la ocupación napoleónica de 1808 crearon una situación de vacío de poder estatal que dio lugar a la autoorganización de las diferentes provincias de España, entre las cuales el Principado de Cataluña, donde se constituyó, como poder provisional, una Junta Superior que intentó dirigir la resistencia comenzada. En el congreso de Tarragona de 1810, que reunió a la Junta con representantes de todos los corregimientos y del estado eclesiástico, presididos por el capitán general, fue jurado el respeto a «las leyes, exenciones, privilegios, buenos usos y costumbres del Principado». Mientras tanto, los ocupantes franceses, y especialmente el mariscal Augereau, gobernador general de Cataluña entre enero y mayo de 1810, intentaban atraer a los catalanes con promesas políticas y económicas que derivaron, no obstante, hacia la anexión directa al Imperio francés en 1812 y la aplicación al Principado de la división departamental.

En España, la Junta Central formada por los resistentes convocó una asamblea constituyente que celebró sus sesiones en la ciudad de Cádiz y donde la influencia historicista de las Cortes medievales –en especial, la de la Corona de Aragón- fue marcada y quiso compensar las tendencias centralizadoras derivadas de la inercia de la monarquía absoluta y de las nuevas formulaciones jacobinas y napoleónicas. Fue aquel historicismo, plasmado en el preámbulo de la Constitución de 1812, el que llevó a recuperar para el nuevo régimen liberal el nombre tradicional de Diputación para designar a las instituciones políticas de representación y gobierno de los territorios de los antiguos reinos históricos que tenían que sustituir a las Juntas territoriales interinas. Bajo la autoridad del capitán general Lacy, se produjo la sustitución de la Junta Superior por la Diputación Provincial de Cataluña, que se constituyó el 30 de noviembre de 1812 y que el año siguiente reclamaba a las Cortes españolas la simbólica Casa de la Diputación. Con el regreso de Fernando VII y la restauración del absolutismo en 1814, desaparecieron las instituciones emanadas de la Constitución de Cádiz y, entre ellas, la Diputación Provincial de Cataluña, que fue recuperada en 1820 al inicio del Trienio Constitucional.

El debate interno entre las corrientes historicista y jacobina dentro de las Cortes de Cádiz, fue decantándose a favor de la última, y en 1813 fue encargado un proyecto de división provincial que tenía que desvincular las nuevas demarcaciones de la memoria de los antiguos reinos y que consistió en una cuarentena de provincias, tres de las cuales correspondían al territorio del Principado: Barcelona, Tarragona, Urgel. Un nuevo proyecto de 1821, con 47 provincias, preveía la creación de una cuarta demarcación, Gerona, y rebautizaba Barcelona como Cataluña. En el debate parlamentario de 1822, el número de provincias se incrementó hasta 52 –Cataluña quedó dividida en las cuatro que conocemos-, pero el retorno al absolutismo en 1823 pospuso el descuartizamiento definitivo del Principado hasta el decreto del 30 de noviembre de 1833, que dividía el territorio nacional en 49 provincias y revalidaba, a grandes rasgos, la anterior división entre las cuatro provincias catalanas.