Generalitat de Catalunya

A partir de los sucesos de abril de 1931 quedó constituida, con carácter provisional, la Generalitat de Cataluña, presidida por Francesc Macià y compuesta por un consejo o gobierno, una asamblea de representantes de los municipios –denominada Diputación Provisional de la Generalitat- y unos comisarios que, en calidad de delegados del gobierno, se encargaban a los servicios pertenecientes en las suprimidas Diputaciones provinciales de Gerona, Tarragona y Lérida, mientras que la de Barcelona –y su sede de la plaza San Jaime- se convertía de nuevo en la base principal del poder autónomo de Cataluña. A finales de 1932, con la aprobación del Estatuto y las elecciones al Parlamento, quedó configurada la Generalitat definitiva, con Francesc Macià ratificado como presidente y Lluís Companys nombrado presidente del Parlamento. A la muerte del primero, el 25 de diciembre de 1933, correspondió la presidencia de la Generalitat al segundo, que la ejerció hasta el final de la Guerra Civil, excepto el paréntesis de suspensión del Estatuto que va de octubre de 1934 a febrero de 1936. En la presidencia del Parlamento, sucedieron a Companys Joan Casanovas, hasta octubre de 1938 (con el mismo paréntesis), y Josep Irla, a partir de esta fecha.

Por el Estatuto Interior de Cataluña de 25 de mayo de 1933 quedaron fijadas las instituciones fundamentales de la autonomía y las relaciones entre ellas, y se configuró el Consejo ejecutivo, encabezado por el presidente de la Generalitat – o por un primer consejero, como delegado del anterior- y formado por consejeros titulares de los departamentos de la administración. A causa de los grandes trasiegos de los años 30, la transferencia de las competencias prevista todavía no se había completado cuando se produjo la abolición de la Generalitat en 1939, pero desde el principio la aportación económica estatal para hacer frente a los servicios transferidos aún fue más lenta y resultó siempre insuficiente, de manera que el déficit tuvo que compensarse con aportaciones extraordinarias de los municipios.

En los primeros meses del año 1934 cuajaron las leyes más importantes para la organización de la nueva Cataluña. El traspaso de los servicios de orden público, que permitió eliminar los a los gobernadores civiles (11 de enero), dio lugar a la Junta de Seguridad de Cataluña, que coordinaba las acciones autonómicas y estatales de este área. De acuerdo con las previsiones estatutarias, quedó constituido el Tribunal de Casación, con jurisdicción sobre las materias civiles y administrativas de competencia autonómica, formado por un presidente y doce magistrados y organizado en dos salas: La civil, encargada de aplicar el derecho civil catalán; y la contenciosa administrativa, que actuaba en defensa de los derechos de los ciudadanos contra la misma administración pública. En materia educativa, la Generalitat siguió los pasos de la Mancomunidad y tomó iniciativas que iban más allá de las transferencias realizadas por el gobierno central. Otro de los frentes de la política de la Generalitat fue la organización territorial y la reforma del régimen local, con una ley municipal que recogía las aspiraciones del movimiento municipalista.

A partir de la formación, el 4 de octubre de 1934, de un gobierno de la República que daba entrada a una organización considerada antirrepublicana y antiautonomista, el presidente Companys proclamó unilateralmente un «Estat Català de la República Federal espanyola» el día 6, pero la insurrección fue abortada el mismo día por el capitán general de Cataluña, y Companys destituido y encarcelado, en un ambiente de represión muy marcada. Entre octubre de 1934 y febrero de 1936, con el Estatuto suspendido, la presidencia de la Generalitat fue ocupada por personas designadas por el gobierno central con el título de gobernadores generales de Cataluña. El triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 comportó el levantamiento de la suspensión del Estatuto, la excarcelación de Companys y su reposición en la presidencia de la Generalitat. El levantamiento militar del 18 de julio fracasó en Cataluña y fue seguido de manera inmediata por un desbordamiento revolucionario de la autoridad de la Generalitat de Cataluña porque las fuerzas sindicales de la CNT impusieron un Comité Central de Milicias Antifascistas que actuó como un auténtico poder gubernamental a lo largo de los meses siguientes. En septiembre de 1936 se formó, encabezado por Josep Tarradellas como primer consejero, un gobierno de unidad con fuerzas de izquierda, que, con el decreto de colectivizaciones del 24 de octubre, legalizó los actos revolucionarios e intentó ir restableciendo una cierta normalidad. Los hechos de mayo de 1934 detuvieron la revolución, y las fuerzas republicanas concentraron la actividad en la guerra. Cataluña, uno de los últimos baluartes de la legalidad, tuvo que acoger en su territorio al gobierno central, que interfirió en las competencias de la Generalitat en una situación cada vez más anormal y desesperada, que precedió la victoria militar de los sublevados.