Generalitat de Catalunya

El día 5 de abril de 1938, a la vista ya del desate de la guerra civil, el general Franco firmó en la ciudad de Burgos un decreto que abolía La Generalitat de Cataluña y declaraba «revertidos al Estado la competencia de legislación y ejecución que le corresponde en los territorios de derecho común y los servicios que fueron cedidos a la región catalana». Con la ocupación militar de Cataluña, completada a principios del año 1939, la supresión de la Generalitat, la incautación de su patrimonio y la restauración de las Diputaciones provinciales – la de Barcelona recibió como sede el Palacio de la plaza de San Jaime- empezaron un período de privación de la democracia y los derechos nacionales catalanes que duraría hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975.

Las autoridades de la Generalitat de Cataluña, como las de la República española, tuvieron que exiliarse. El presidente Lluís Companys se refugió en Francia, pero a partir del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana del territorio francés, fue detenido por los nazis y entregado a la policía franquista. Trasladado primero a Madrid y después a Barcelona, el presidente de la Generalitat fue juzgado en un consejo de guerra sumarísimo y fusilado en el castillo de Montjuïc el día 15 de octubre de 1940.

A la muerte de Companys, Josep Irla, presidente del Parlamento de Cataluña elegido en 1938, asumió interinamente el cargo de la presidencia de la Generalitat en el exilio, y en 1945 formó un gobierno integrado por personas de prestigio pero comprensiblemente inoperante. A partir de su dimisión en 1954, un grupo de antiguos diputados del Parlamento catalán, reunido en la embajada española en Méjico (conservada por las autoridades republicanas exiliadas porque el gobierno mejicano no había reconocido el régimen de Franco), decidió mantener la continuidad institucional y eligió como presidente de la Generalitat a Josep Tarradellas, que en 1937 había sido primer consejero del gobierno catalán y consejero de Finanzas. El presidente Tarradellas, residente en Francia, fue reconocido como depositario de la continuidad legal de la Generalitat por las fuerzas políticas catalanas y, en la última etapa de la dictadura franquista, estableció contactos con los nuevos líderes surgidos en el interior de Cataluña.