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El mes enero de 2007 entra en
vigor la ley para la atención a las personas con dependencia, que reconocerá
la prevención y la ayuda a la dependencia como un nuevo derecho de la
ciudadanía española, igual que lo son el derecho a la educación o a la
atención sanitaria. Será, pues, un nuevo derecho universal, independiente de
la edad, la condición social o el motivo por el cual se llega a la situación
de dependencia.
Ya no se trata, como pasaba hasta ahora, de prestar apoyo a las personas más
necesitadas y sólo cuando las administraciones disponían de los medios
económicos suficientes. Cualquier ciudadano que presente alguno de los
grados de dependencia que el proyecto de ley describe tendrá derecho, y hace
falta repetir esta palabra, a ser evaluado y atendido por este motivo.
Aunque introduce la posibilidad del copago, nadie podrá ser excluido de la
prestación por motivos económicos.
La ley prevé tres grados principales de dependencia. Aunque su implantación
total no se completará hasta dentro de ocho años, en 2007 se empezarán a
aplicar las prestaciones a las personas con los grados más severos de
necesidad.
Dignidad de las personas
No quiero pecar de ingenuo, pero me gustaría pensar que se tratará de una
ley hecha para garantizar la dignidad de las personas que necesitan de la
ayuda de las otras, ya sea en forma de curas personales, de prestación de
servicios sociales y sociosanitarios, de tecnología o de promoción de la
autonomía. Y, en mi opinión, no podría ser de otra manera, porque la
atención a las personas dependientes no ha de estar basada en el ejercicio
de la caridad ni tampoco en el apoyo informal mal entendido, en el cual los
familiares deben realizar sobreesfuerzos para los que no están capacitados
ni técnica ni emocionalmente. Y, en el mejor de los casos, las únicas
recompensas o agradecimientos que reciben son de la propia unidad familiar.
La atención a la dependencia debe partir del esfuerzo solidario entre los
ciudadanos. Igual que nos dotamos de otros servicios públicos, también nos
debemos dotar de un sistema de atención a la dependencia solidario para que
los ciudadanos que se encuentren en esta circunstancia puedan afrontarla,
como mínimo, con dignidad. Y esto también incluye los profesionales que los
atiendan, ya sean familiares, como posibilita la ley, o no.
Formación y capacitación
La nueva normativa debe permitir la dignificación profesional. No ya
solamente de los profesionales universitarios expertos en la prevención y el
manejo de los problemas derivados de la dependencia. También debe garantizar
la adecuada formación y la capacitación de todos aquellos trabajadores que
están más cerca de la persona a quien prestan curas y velar por una mejor
regulación de sus condiciones laborales, independientemente de que se trate
de familiares de la persona dependiente o no.
Además, la nueva ley nos debería servir a todos para que conozcamos mejor
las circunstancias que conducen a la dependencia y poder salir, algún día,
de los remedios protésicos que nos vemos obligados a aplicar en la
actualidad.
Uno de los retos de la geriatría y la gerontología en este siglo 21 es
evitar las situaciones de dependencia y, si esto no es posible, adaptar
ecológicamente a las personas dependientes al conjunto social.
Posiblemente habré caído en una lectura ingenua de la realidad, pero
necesito, y no creo que sea el único, confiar en esta realidad positiva
cargada de esperanza.
Salvador Altimir
Responsable de la Unidad Funcional de Geriatría
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