Foro de debate	Dános tu opinión	Ver otras opiniones	Número 23 - abril 1999

Editorial
Celulosa, cemento y cable

El territorio, el paisaje de un país es dinámico, evoluciona constantemente. El clima, la geografía, los cambios sociales, culturales y económicos, todo influye en la constante renovación del entorno. Sabemos que en Cataluña llueve poco, la topografía es irregular y los suelos son escasos. También sabemos que la actividad productiva característica del sector primario ha perdido peso. Desaparecen campesinos, se modifica el paisaje y muchas comarcas envejecen o pierden población. Sin embargo, el abandono del mundo rural aumenta el peligro de incendios, como ya han experimentado muchas zonas de Cataluña.
Si el bosque no es rentable, no hay recursos para gestionarlo. El resultado es la expansión de la masa forestal por todo el territorio. La celulosa ha colonizado Cataluña, un hecho relevante en cuanto a los riesgos de incendios. Otro fenómeno, más complejo pero que ha dificultado aún más plantearse seriamente la gestión de los bosques y montañas del país, es la presión urbanística por ocupar áreas forestales. Como cuenta Martí Boada en la conversación-entrevista que ha mantenido con “Medi Ambient. Tecnologia i cultura”, ninguna cultura se había atrevido a poner tanto cemento y ladrillo dentro del bosque. Un fenómeno que quizás no es irreversible, pero que sí tiene y tendrá unos costes ecológicos millonarios para el conjunto del país.
Sabemos que la población de las tierras del interior envejece, que hay celulosa por todos lados, que hay una cultura de la urbanización que reparte el cemento y el mal gusto a diestro y siniestro y que, por si fuera poco, los espacios rurales, en proceso de transformación, tienen una rentabilidad ínfima desde el punto de vista del negocio forestal tradicional.
¿Pero el escenario es tan negro como se acostumbra a pintar o existen atisbos de esperanza?
Sin duda alguna la gran prioridad son unas políticas públicas imaginativas que vuelvan rentable la gestión del bosque. Ciertamente, no en sus usos tradicionales sino renovados. Se trata de convertir el bosque en referencia cultural para los ciudadanos y que al mismo tiempo sea rentable para sus propietarios. Es el fomento del ecoturismo, el agroturismo, el turismo cultural.
Complementariamente, el entorno rural, en la nueva sociedad del conocimiento, tiene muchos números para convertirse en espacio protagonista. Cableados y conectados, ya no es tan importante dónde se vive,  dónde se trabaja, dónde se genera el conocimiento. Algunas experiencias –como el Centre d’Art i Natura, que se explica detalladamente en esta publicación– son el embrión, creemos, del desembarco de algunos emprendedores sociales y digitales en las tierras del interior. En definitiva, ahora tenemos demasiada celulosa y demasiado cemento, y parte del futuro del interior del país pasa por la llegada del cable. Es una de las estrategias, tal vez la principal, para evitar la fractura territorial de Cataluña •

Lluís Reales
Director de  Medi Ambient. Tecnologia i cultura
 
 

El bosque mediterráneo en el siglo XXI
Eduardo Rojas
Dr. Ingeniero de Montes, profesor asociado de la Universidad de Lleida-Centro Tecnológico Forestal de Catalunya

La evolución de los bosques mediterráneos, condicionada por la transformación del marco socioeconómico, requiere un nuevo paradigma basado en la preeminencia de las externalidades y su regulación a través de instrumentos de simulación de mercado.  Complementar los indicadores económicos convencionales con nuevos criterios favorecería un comportamiento ambiental más ajustado de todos los agentes sociales y una valoración más realista de la aportación de los bosques al bienestar social. Para internalizar las externalidades de los bosques se proponen la reversión de ecotasas, y la creación de mercados a través de la redefinición de los derechos de propiedad.

A lo largo de la prolongada civilización que ha morado al amparo de las privilegiadas condiciones ambientales de las costas mediterráneas, los espacios forestales se han visto sometidos a profundos cambios que han supuesto su desaparición en unos casos (las mejores tierras), mientras que en otros su modificación ha consistido en la conducción de los procesos naturales hacia aquellos modelos más útiles a las condiciones socioeconómicas de cada momento.
Así, los espacios forestales han devenido la principal fuente de energía hasta la accesibilidad horizontal de las energías fósiles con la implantación del ferrocarril a finales del siglo XIX, pastizales extensivos y recurso de tierras marginales que de acuerdo con las necesidades se cultivaban o abandonaban. Las “artigues” o “shifting cultivation” son el ejemplo más palpable de este uso-reserva de los espacios forestales y su intensificación la principal causa inmediata de la actual desaparición de los bosques tropicales húmedos. Junto a estos usos básicos, ha habido múltiples más complementarios como la madera para la construcción –insustituible hasta principios del siglo XX–, resinas, corcho, plantas medicinales, miel, y un largo etcétera.
Hasta el hundimiento del modelo anterior, los bosques mediterráneos se caracterizaban por una multiplicidad de productos que se solapaban en el espacio y en el tiempo. Ello llevaba a unos derechos de la propiedad, frecuentemente comunales, solapados y a veces confusos.

Una introducción histórica

Este modelo, que fue común a todo el Continente y el norte de África, llevó al práctico exterminio de los bosques en algunas zonas (fachada occidental). En el Mediterráneo, sin embargo, las formaciones abiertas (dehesas y montados) en el extremo occidental y la extremada orografía que caracteriza los países ribereños, junto a la predominancia de la agricultura como forma de colonización del territorio frente a la ganadería característica de la fachada atlántica, permitió la conservación de suficientes retales de la vegetación original para que ésta pudiese recolonizar las tierras marginales abandonadas desde estos baluartes, en algunos casos de forma espectacular  una vez desaparecida la fuerte presión a que se veían sometidas y que tuvo su punto culminar entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX.
Una vez permeabilizadas las múltiples barreras internas naturales  que tan singularmente caracterizan la geografía ibérica , primero por el ferrocarril y luego por la red de carreteras, se produjo una radical transformación económica de la autarquía comarcal a la especialización económica, primero a escala de cada Estado y más recientemente continental y mundial. Como consecuencia de un proceso durísimo de adaptación, cuyos excedentes laborales conformaron el emergente proletariado industrial, va cristalizando la orientación productiva agrícola, ganadera o forestal más competitiva en cada momento y lugar. Ello obliga a clarificar los confusos derechos de propiedad de origen medieval, algo no exento de conflictividad .
La revolución industrial reduce la presión tradicional (leñas, cultivos efímeros, pastos) sobre los bosques demandándoles productos muy específicos pero en cantidades importantes. Apeas para minas, vigas para la construcción y posteriormente madera para pasta de papel son las nuevas demandas del mercado que provocan una revalorización de las coníferas hasta entonces menospreciadas – excepto por la Marina – para los usos locales.
Se produce en toda Europa el arranque de la ciencia forestal, cuyos ejes eran la recuperación de la masa forestal, preeminentemente mediante repoblación forestal, la creación de una administración forestal autónoma y con amplios poderes, y la defensa y ordenación de los montes públicos. La demanda de madera de coníferas y la necesidad de cubrir amplias zonas devastadas baldías obligaban al empleo generalizado de frugales coníferas, especialmente del género Pinus. Criticar frívolamente como se ha venido haciendo en las pasadas décadas procesos históricos es intrínsecamente estéril debiéndose recordar que durante siglos se había producido un proceso inverso debido a la preferencia de las frondosas  –y muy especialmente de la encina (carbón)– y las disfunciones que comportaba la apropiación por la Marina de los mejores árboles para construcción naval .
El desconocimiento en esta época de las más elementales herramientas de la economía ambiental, el modesto nivel de vida y las evidentes prioridades objetivas para los fondos públicos, impedían que fraguase un enfoque multifuncional en la gestión forestal tal y como hoy se concibe. Pese a ello, es en esta fase en la que se sientan las bases de las primeras medidas proteccionistas como son los parques nacionales instaurados en 1916, estando presente desde un principio la preeminencia protectora de muchos de los bosques y actuaciones de la Administración forestal como ponen en evidencia las importantes labores de restauración hidrológico-forestal en las cabeceras de cuencas y en el sudeste peninsular o la propia denominación de Divisiones Hidrológico Forestales a las unidades territoriales de la incipiente Administración forestal en 1901 .

El bosque contemporáneo
Hoy, la situación de nuestros bosques ha cambiado radicalmente si bien el marco económico y legal sigue en buena medida anclado en la fase anterior. La globalización económica deja a nuestros bosques en la cuneta de la competitividad por múltiples razones:
• Bajas calidades consustanciales de la mayoría de nuestros bosques
• Baja producción
• Montañosidad y falta de infraestructuras
• Falta de capitalización (bajos diámetros, elevado número de árboles)
• Elevados riesgos (incendios)
• Inseguridad jurídica
Aunque se pueda actuar puntualmente sobre algunos de estos factores, no es menos cierto que los principales obstáculos son consustanciales y que aquellos factores modificables podrían generar un rechazo social consecuencia de la creciente concienciación ambiental (construcción de pistas forestales, desregulación). No obstante, ninguna excusa es válida para no incidir en aquello que se pueda corregir (mejora de la eficacia en la lucha contra incendios forestales, potenciación de los planes técnicos de gestión forestal, etc.).
La falta de competitividad de nuestros bosques ha provocado su amplio y generalizado abandono del que no siempre somos suficientemente conscientes por el efecto inercia, la extremada extensidad en el tiempo y en el espacio consustancial a la gestión forestal y porque nunca mejor dicho, los árboles a veces no nos dejan ver el bosque. No hace falta más que recorrer las extensas zonas quemadas justo después del incendio para percatarse de la caótica estructura de aquellos ahora desnudos bosques cuando ha desaparecido el sugestivo verde que nos ocultaba un estado en absoluto satisfactorio.
La progresiva especialización e intensificación agropecuaria, cuya frontera con la industria queda cada vez más diluida a la vez que va perdiendo su histórico anclaje con los factores de producción consustanciales - tierra y clima –, es la causa de dos fenómenos significativos:
• La ampliación horizontal de las masas forestales (desmosaiquización) creando extensas continuidades horizontales.
• La aparición de una nueva interfaz antes desconocida entre el medio urbano y el forestal .
El tardío desarrollo industrial y de infraestructuras provocan la concentración del desarrollo en contados polos que generan importantes aglomeraciones, que succionan población de sus respectivas áreas de influencia. En Catalunya mientras el 65% de población reside en las 4 comarcas más densamente pobladas que suponen un 5% del territorio, el 4,5% de la población reside en las 16 comarcas menos pobladas que suponen el 46% de territorio (IEC, 1992). Este desequilibrio demográfico-territorial en el que prácticamente sin espacios intermedios se pasa de densidades demográficas más propias de ciertas aglomeraciones asiáticas que europeas (2.500 hab./m2) a densidades que únicamente se encuentran en Europa en la inhóspita Escandinavia (15-20 hab./km2) es la causa de numerosos problemas ambientales y sociales.
Ante la patente debilidad económica y vacío político de una proporción creciente del territorio que constituyen los espacios forestales (más del 60%), surge la tentación –comprensible visto el desequilibrio demográfico, y por lo tanto en términos electorales–de instrumentalizarlos para satisfacer las necesidades compensatorias propias de tan insana concentración demográfica. Los ejemplos van desde los originales planes de la Diputación de Barcelona de la Transición tendentes a compensar el déficit crónico de áreas verdes mediante una orla de parques naturales alrededor de la metrópoli, hasta la moderna política de espacios protegidos. Junto a la política de incendios, poco más allá ha ido la actuación pública en los espacios forestales en los pasados 25 años.

La imposibilidad de las “áreas salvajes”
Transformar los espacios forestales en “wilderness areas” (áreas salvajes) que compensen la extrema degradación ambiental donde vive el 80% de la población es una política condenada al fracaso por múltiples razones:
• Los espacios forestales están cubiertos de vegetación secundaria en diferentes fases de recuperación que requieren para su progresión de intervenciones que los estabilicen y favorezcan una mayor diversidad horizontal y vertical y no de áreas salvajes como las existentes en países de nueva colonización.
• Las prioridades de conservación se encuentran hoy sin duda en los hábitat propios de las zonas densamente pobladas (zonas húmedas) además de los corredores biológicos .
• La acumulación vertical y horizontal de combustibles es única variable sobre la que se puede actuar previamente para reducir la virulencia del incendio por lo que favorecer su expansión hasta el máximo de capacidad de carga del ecosistema es una absoluta irresponsabilidad.
• La dimensión de los espacios asilvestrados es insuficiente para su autorregulación y evolución. Por otro lado, no se pueden excluir factores distorsionadores desde la periferia, especialmente incendios.
• Políticamente es harto ingenuo pensar que las medidas a largo plazo necesarias para asegurar la preservación de estos espacios se fueran a conseguir de implantarse un uso difuso por la mayoría abrumadora de la población y careciéndose incluso de una minoría cuyo sustento esté relacionado directamente con la persistencia del recurso. Tensiones demográficas tan extremas en un territorio tan pequeño como Catalunya difícilmente acaban beneficiando al más débil (zonas poco pobladas).
• Los derechos de propiedad y uso de la población afectada no pueden ser atropellados en aras del interés general mediante el vaciado sistemático hasta límites testimoniales del derecho de propiedad actuando al filo de la legalidad y aprovechando la posición de privilegio que otorga el derecho administrativo a la Administración, la lentitud de la Justicia y la situación de hundimiento social de los espacios forestales, sino que en todo caso tienen que ser compensados.
En definitiva el principal error de esta opción es la equivocación en el signo, mínima pero crucial. El hecho de que fruto de la terciarización económica, la importancia de los bosques esté fundamentada hoy en sus externalidades no puede llevar a restar unas funciones contra las otras, concluyendo que el abandono es la opción más racional desde una perspectiva estrictamente contable, sino todo lo contrario, aboga por buscar nuevos caminos que permitan aflorar el valor de los bosques sumando todas sus funciones apoyados en los avances en economía ambiental.
Hacia una nueva contabilidad económica más holística

Si definimos economía como la ciencia de los bienes escasos, y no como un mero registro contable, la sacralización de determinados indicadores como el PIB y el valor añadido han relegado a un segundo plano aspectos importantísimos, cruciales para entender los procesos socio-económicos, pero que aparentemente no quedan reflejados en la contabilidad nacional .
 

Externalidades negativas
Todo proceso productivo conlleva inexorablemente efectos externos sobre la población y el medio ambiente circundante (consumo de espacio, agua, energías, producción de residuos, ruidos, etc.). Si bien un mercado eficiente asegura la óptima alocación de recursos, la falta de imputación a efectos empresariales y de contabilidad nacional de estos perjuicios sobrevalora sistemáticamente su aportación al bienestar general. Sería interesante desarrollar para cada sector un índice de externalidad negativa como elemento corrector.

 Ie-:  VAs · k    k < 1

Ie-: Externalidad negativa
VAs: Valor añadido sector x
k: factor corrector

Externalidades positivas
Excepcionalmente, existen también actividades con k muy elevados (más del 0,9) y a la vez producción paralela de externalidades positivas que bien benefician a otros sectores, bien al conjunto de la sociedad. Además del ejemplo clásico del apicultor respecto al fruticultor, podríamos señalar un parque público o privado junto a un bloque de edificios o un bosque junto a una zona turística o una urbanización. Cabrían tres opciones: olvidar las externalidades so pena de perjudicar la óptima alocación de recursos, obligar por principio al Estado a asegurar las externalidades positivas al carecer de mercado o bien establecer nuevos mecanismos de contabilización que deduzcan del valor añadido del sector receptor el valor añadido que corresponda en realidad a la externalidad positiva recibida a la vez que se implementan instrumentos compensatorios para trasladarlo también del nivel de contabilidad nacional al empresarial.

  VAsrc – Ve+ = VAsrr
  VAsoc + Ve+ = VAsor

VAsrc: Valor añadido contable del sector receptor  Ve+: Valor externalidad positiva
VAsrr: Valor añadido real del sector receptor  VAsoc: Valor añadido contable del sector ofertante
VAsor: Valor añadido real del sector ofertante

Durabilidad de la riqueza
Ni los modelos actuales de contabilidad económica ni la fiscalidad vigente consideran la durabilidad de la riqueza generada. Se considera igual un volátil servicio (pirotécnica económica), bienes de consumo, bienes de larga duración o inversiones duraderas. No nos ha de extrañar observar la paradoja que supone que, pese a ratificarnos diariamente las estadísticas económicas que vivimos en el momento de mayor bienestar de la humanidad, la proporción de la riqueza actual que quedará a un largo plazo sea ínfima. Por el contrario, aún hoy inversiones de hace siglos o milenios (patrimonio histórico-artístico) todavía nos deparan inevaluables réditos, especialmente en el sector turístico. Es indudable que las sociedades hoy consideradas primitivas in-vertían una parte importantísima de su riqueza en bienes de larga perdurabilidad. Debería por tanto desarrollarse un índice de perdurabilidad de la riqueza generada.

 Ip = VAs1 x D + VAs2 x D + ... VAsn

---

                     VA

Ip: Índice de Perdurabilidad
VAs1: Valor añadido del sector 1
D: Durabilidad (años)

Grado de sostenibilidad
Mientras que unas actividades antrópicas son o pueden ser sostenibles (agricultura, pesca, silvicultura, cultura, etc.), otras son por definición insostenibles ya que están ligadas al consumo de recursos no renovables. Sería necesario desarrollar grados de sostenibilidad en relación a un modelo óptimo. No obstante, la comparabilidad intersectorial de estos índices es muy limitada.

  GSaps = % Smas
  GSans =      1___
                       Ir/Io

GSaps: Grado de sostenibilidad en una actividad potencialmente sostenible
% Smas: Porcentaje de sostenibilidad en relación con un modelo óptimo de actividad sostenible
GSans:  Grado de sostenibilidad en una actividad no sostenible
Ir: Media ponderada de los indicadores no sostenibles (input de materias primas no renovables, output contaminantes) reales
Io: Media ponderada de los indicadores no sostenibles (input de materias primas no renovables, output contaminantes) óptimos

Interrelaciones con otros sectores
Si bien la teoría del valor añadido detrae de cada sector las aportaciones previas de otros sectores, no tiene en cuenta en qué momento  de la cadena productiva se produce el valor añadido. Así se considera igual una producción estratégica al comienzo de la cadena y en su mismo final. En cadenas complejas ligadas a la producción de materias primas, toda la riqueza generada, también en otros sectores, debería de alguna manera adscribirse al sector original, al menos para evaluar adecuadamente su importancia estratégica real como motor económico.

  FSE =  VAGS+
      VAS

FSE: Función sectorial estratégica   VAs: Valor añadido sectorial
VAGS+: Suma del valor añadido generado a partir de ese momento en toda la cadena productiva incluido el valor añadido de otros sectores

Grado de concentración económica
La actividad económica moderna tiende a la concentración en determinados polos de desarrollo que generan importantes tensiones demográficas interterritoriales. Sería conveniente analizar para cada sector económico su grado de contribución al proceso de concentración económica o por el contrario, resaltar las actividades que como la silvicultura más contribuyen al reequilibrio territorial.

 Gdt = % Tbd
 Grt1 = % VAs/VATbd
 Grt2 = % Tbd (VA s nº1)

Gdt: Grado de desequilibrio territorial
Tdb: Territorio de baja densidad de población
(p.e. < 50% densidad media)
Grt: Grado de reequilibrio territorial
VAs nº 1: Valor añadido sectorial del primer sector de actividad económica

Otras consideraciones
Finalmente, cabe recordar que existen otro tipo de consideraciones, no por normativas despreciables, aunque sí muy difícilmente evaluables, como por ejemplo, de seguridad, culturales, religiosas, morales, etc. que los modelos imperantes olvidan completamente. Cabe señalar que en este tipo de errores sistemáticos han caído tanto las economías de mercado, como hasta su derrumbe las economías planificadas, ambas caracterizadas precisamente por su enfoque sectorial.
 

Un nuevo paradigma para una nueva era

El bosque constituye el primer tipo de uso de nuestro territorio (43%), alcanzando el conjunto del espacio forestal más del 60%. Este territorio sustenta y asegura una larga serie de funciones, unas de índole productivo –equiparables a la agricultura excepto en lo referente a los larguísimos períodos de producción– y otras de tipo terciario constituidas de forma abrumadora por servicios no comercializables o externalidades positivas vitales para nuestra sociedad:
• Sustento ambiental (regulación del ciclo del agua, prevención de la erosión y aludes, regulación climática a escala global y local, amortiguación del efecto invernadero, etc.).
• Marco paisajístico y de ocio premisa del turismo de calidad tanto de costa, como de montaña.
• Refugio de biodiversidad.
La oferta adecuada en un país densamente poblado y desequilibrado demográficamente de estas externalidades carentes de mercado no se puede dejar al resultado imprevisible de su bajo grado de competitividad y especialmente a merced de la anarquía de los incendios. Los acelerados procesos internacionales  nos obligan en cualquier caso a dedicar una atención política preferente a los bosques desde el reconocimiento que las externalidades que emiten no pueden seguir siendo la cenicienta de su orientación productiva, pero tampoco el pretexto para su espolio ni convertirse en la puntilla de estos espacios y la precaria demografía que aún sustentan.
Es la hora de un cambio paradigmático en la relación de los bosques y la sociedad –que es precisamente la definición de política forestal– en el que por un lado se reconozca la preeminente importancia que tienen sus externalidades para la calidad de vida en la sociedad del siglo XXI pero por otro lado se establezcan los mecanismos compensatorios que aseguren su viabilidad y eficacia económica y social consistente en una distribución equitativa de cargas y beneficios entre los espacios donantes (forestales) y los receptores (urbanos) . Este cambio se enmarca en el nuevo pacto social promovido por el actual Gobierno Francés en el proceso de reforma del tan venerable como obsoleto Code Forestière de 1827 .
El hecho de que los bosques debido a rémoras legales formales no aprezcan nominalmente en el Documento Agenda 2000 (Comisión Europea, 1998) no debe llevar a conclusiones precipitadas. Al contrario, los ejes centrales de este importante documento son plenamente coincidentes con las principales funciones o externalidades de los bosques (calidad de vida, mejora del medio ambiente, fijación de dióxido de carbono (CO2), justificación de la política de desarrollo rural, yacimiento de empleo endógeno, entre otros).

Principios rectores

Sostenibilidad
La sostenibilidad se entiende, de acuerdo con la definición del Informe Bruntland (1987)  como el uso prudente de los recursos naturales renovables por la generación actual de tal forma que no condicionen las opciones de las futuras generaciones. Debe recordarse que el importante patrimonio natural y forestal de que dispone la generación actual no es un legado de la naturaleza virgen, sino del espíritu conservador – en el mejor sentido de la palabra – y del esfuerzo y sacrificio de generaciones ha, fundamentado consuetudinariamente en el Derecho Civil catalán.

Multifuncionalidad
Ha llegado la hora de reconocer plenamente y con todas sus consecuencias que la justificación para la priorización política de los espacios forestales son las externalidades positivas que aseguran los bosques, prioritariamente en el Mediterráneo, debido a la confluencia de una alta densidad de población, alto peso del turismo en la economía, un alto cociente externalidades/producción y finalmente, los incendios. Si se quiere asegurar a largo plazo la óptima oferta de externalidades - la opción de penalizar a sus garantes (silvicultores) es, además de injusta, económicamente disfuncional e ineficaz – habrá que simular lo mejor posible el inexistente mercado de las externalidades a la vez que los beneficiarios contribuyen a su financiación solidariamente . No es aceptable que los poderes públicos sean instrumentalizados por alguna de las partes, ni para promocionar un producto determinado (madera) respecto a otros (competencia desleal), ni para mantener indefinidamente el status quo de la gratuidad de los input básicos de la producción (paisaje para el turismo).
Equidad social y territorial
Asegurar las externalidades no puede estar en contradicción con los principios de equidad social y territorial. Los derechos de las minorías, especialmente si estas se concentran territorialmente en los extensos espacios forestales, no pueden ser atropellados en el altar de los intereses de la mayoría por desproporcionada que sea la relación numérica. Esta práctica política que ha constituido el hilo conductor de la política forestal en España desde la Mesta y la Marina  hasta la actual política de espacios protegidos  sólo es justificable en países pobres pero en ningún caso cuando se alcanza un nivel de vida como el actual en nuestro país. El desequilibrio demográfico-territorial es uno de los problemas de fondo más graves de Catalunya, y España en general – así como uno de los aspectos diferenciales más importantes respecto de los países de nuestro entorno –, por lo que toda política forestal que no incida positivamente en ello estará condenada de entrada al fracaso.

Eficacia socioeconómica
Las restricciones presupuestarias que nos comporta el Euro, la desaparición de cualquier tipo de proteccionismo a medio plazo, la globalización y los estrictos principios de la Organización Mundial del Comercio (WTO) contra las subvenciones a sectores productivos obligan a políticas presupuestarias restrictivas donde la única actuación admitida es la compensación de fallos de mercado (“market failures”), especialmente si se utilizan instrumentos de simulación de mercados. Frente a la táctica con toda probabilidad errónea de alargar la agonía que caracteriza las políticas agrarias, la política forestal, por su naturaleza a largo plazo, debe adelantarse al futuro y, desde el reconocimiento de las restricciones existentes, apostar firmemente por la creación de mercados artificiales ya sea creando nuevos derechos de propiedad  o, alternativamente, aplicando la reversión de ecotasas para optimar el output de externalidades de los bosques.

Corresponsabilización y participación
Las políticas forestales por su largo plazo requieren de una gran estabilidad y amplio apoyo social especialmente, aunque no de forma exclusiva, por parte de los agentes claves de la política forestal: los silvicultores privados y comunales. Este modelo pactista, de profundo arraigo en la idiosincrasia catalana y de los restantes territorios del antiguo Reino de Aragón  ha tenido un exponente privilegiado en el Centre de la Propietat Forestal cuya transformación en Agencia de Bosques aprobó en su día el Parlament de Catalunya. Debe recordarse que la Constitución Española (1978) es una de las más progresistas del mundo occidental en lo que a participación pública en los asuntos colectivos se refiere.

Transversalidad
Sin un pleno reconocimiento de la disolución de la anterior realidad sectorial (vertical) de los bosques hacia una nueva y aún indefinida realidad transversal (“cross-sectoriality”) caracterizada por múltiples solapamientos con los más variados campos de actuación política o económica será imposible abordar el adecuado encaje de los bosques en nuestra sociedad ni alcanzar el suficiente interés político que los retos planteados requieren.

Redefinir el contenido del derecho de propiedad

Históricamente a cada momento de cambio paradigmático le corresponde una modificación de los complejos equilibrios que caracterizan el derecho de propiedad. Cuando se definen los modernos derechos de propiedad en s. XIX muchos productos volátiles del bosque (setas, frutos, piñas, etc.) eran completamente marginales e incluso permitían el sustento de poblaciones campesinas que vivían en condiciones de extrema precariedad, o se desconocían completamente los usos terciarios que fuesen más allá de romerías locales, era absurdo que se alargase la definición de la propiedad hasta tales extremos. El caso más paradigmático es el de la caza, que ha pasado de ser un complemento proteínico indispensable en la dieta de la población campesina a convertirse en un servicio de lujo cuyo desarrollo se ve frenado con frecuencia por inercias legales basadas en su origen romano como res nullius.
Por otro lado, la definición decimonónica no establece obligación alguna hacia la gestión sostenible del recurso y las posteriores normas que pretenden acotar el derecho de la propiedad chocan con el Código Civil, generando una contradicción entre normas que en nada ayuda al loable objetivo perseguido . Debe reconocerse que es innegable la utilidad del derecho de propiedad, cuando conlleva unas mínimas dosis de responsabilidad, como elemento regulador del uso de recursos naturales renovables. En el caso de recursos naturales renovables donde coincide el capital con la renta (bosque, pesca), sólo es posible internalizar la sostenibilidad cuando se restringe su uso a un número tan reducido de usuarios que la autocontención del esquilme inmediato de los recursos se compense por la expectativa de una renta permanente  en el tiempo.
Muchas actividades más allá de este estricto ámbito no se hubieran desarrollado nunca de no establecerse artificialmente derechos de propiedad (el caso de las retransmisiones deportivas sería un ejemplo).
Dentro de la innegable complejidad de esta cuestión, es evidente que se hace necesaria una regulación holística del uso terciario de los espacios forestales que vaya mucho más allá de las meras medidas restrictivas puntuales destinadas a minimizar los impactos más ostensibles y que debería al menos:
• Diferenciar claramente entre disfrute económico de bienes o servicios, que requeriría en cualquier caso de la autorización patrimonial, del disfrute estrictamente social de tipo gratuito.
• Reglamentar de una forma ecuánime y completa el uso social tolerado que en ningún caso puede conllevar la transformación soslayada de la propiedad invirtiendo el concepto actual de restricción por el de permisión.
• Eximir la aplicación del principio de usucapión en los espacios forestales para evitar las disfunciones que el riesgo de volatización de la propiedad por el acceso por terceros conlleva tradicionalmente.
• Ampliar claramente los derechos de propiedad sobre cualquier bien o servicio - incluida la caza - que genere beneficios económicos y sobrepase el uso social.
• Ampliar el concepto de propiedad en el caso de embotelladoras de agua mineral a la cuenca hidrográfica.
• Incluir dentro de los derechos dominicales la obligación de una gestión sostenible y cuidadosa con los valores naturales (biodiversidad).

Hacia una nueva fiscalidad ambiental

Análisis de opciones
Descartadas las opciones tradicionales, consistentes bien en la minusvaloración del interés general frente al individual (“laisser faire”) bien en la fáctica confiscación de los derechos de los afectados, se hace necesario buscar nuevas alternativas. Descartadas, decíamos, en aras del interés general por extremas e inadecuadas a la realidad sinérgica que caracteriza nuestros recursos naturales (solapamiento de funciones y derechos) en cuya contraposición estéril ha venido transcurriendo la política forestal española desde su comienzo hasta hoy. Esta situación se debe, probablemente, a la falta de tradición y desarrollo de la función social de la propiedad –doctrina de origen germánico– y a la limitación de nuestro derecho de marcado origen romano a dos situaciones extremas: propiedad privada versus utilidad pública.
La referencia más próxima son las subvenciones, especialmente en el caso agrario. Los perseverantes problemas que se observan en su transposición a lo forestal deberían servir de aviso. Entre los “handicap” de las subvenciones como fórmula para incentivar externalidades se encuentran:
• Los problemas estructurales de financiación al no coincidir el beneficiario de la externalidad con quien la financia.
• La insuficiencia de las subvenciones para incentivar externalidades cuando divergen sustancialmente de los objetivos productivos (refuerza la función productora).
• Las amenazas de procesos por competencia desleal por parte de los países productores ante la UE y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
• El problema de la financiación para el silvicultor, especialmente en bosques escasamente productivos.
De hecho los economistas ambientales recomiendan para la incentivación de externalidades positivas abandonar el enfoque tradicional –“Producer Gets Principle” (PGP; principio de “el productor recibe”)– para pasar al “Beneficiaries Pays Principle” (BPP, principio de “el beneficiario paga”) . Entre las razones que abogan por este segundo principio, destacan:
• Se paga por el efecto generado y no por el coste originado contribuyendo así a mejorar la eficacia económica también en el “output” de externalidades y favoreciendo la competencia entre los ofertantes.
• El PGP se desliza con frecuencia hacia la política social, algo que de hecho está ocurriendo actualmente en la PAC , generando un debate ajeno que en nada beneficia al objetivo de potenciación del output de externalidades.
• El enfoque excesivamente orientado al productor lleva a confundir sus problemas con el interés general.
• La financiación del PGP suele estar vinculada a presupuestos ordinarios adoleciendo de importantes disfunciones propias de status quo generado por el clásico fenómeno de clientelismo haciendo difícil su reconducción por motivos de modificación de objetivos públicos o avances científicos.
• BPP es más flexible y adaptable dinámicamente a los verdaderos objetivos acercándose mucho más a la simulación de mercados deseada y mucho menos condicionable por lobbies que PGP.
• A diferencia de PGP, BPP se adapta perfectamente a las normas de libre competencia de la OMC y la UE.
En definitiva, si la demanda de madera se asegura a través de los instrumentos voluntarios del mercado, carece de sentido asegurar la demanda de externalidades positivas mediante instrumentos administrativos de naturaleza coactiva como tampoco lo tiene asumir una parte significativa de unos costes sin relación directa alguna con el output perseguido.

Desarrollo de propuestas
Mientras el PGP podría abogar por una única prima que compense las diferentes externalidades de los bosques , el BPP se ha de basar inexorablemente en un sistema específico para cada uno de los output sin mercado.

1. Bienes y productos con mercado
Es evidente que de aplicarse consecuentemente los principios expuestos anteriormente, muchos “output” que hoy son apropiados de una forma caótica, pasarían a convertirse en bienes o servicios con mercado, incorporándose al circuito económico . Entre éstos destacarían:
• Caza, especialmente en las zonas más parceladas (costa norte y mediterránea)
• Setas, especialmente trufas
• Plantas medicinales, frutos, espárragos, caracoles, etc.
• Piñas
• Ramaje decorativo
• Recorridos a pie, bicicleta, caballo, 4x4, etc.
• Rodaje comercial de películas, fotos, etc.
• Agua mineral (cuenca hidrográfica)

2. Agua, erosión y aludes
Sin lugar a dudas la más preeminente y vital de las funciones de los bosques mediterráneos y alpinos es una clásica externalidad cuya internalización de mercado no puede llevarse más allá del caso específico de agua embotellada siendo necesario recurrir a la reversión de ecotasas. Este caso es bastante fácil al existir en la cuenca interna catalana el precedente del canon hidráulico destinado al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Si los bosques regulan de forma inigualable el ciclo hídrico reduciendo la erosión, alargando la vida de los embalses, mejorando la calidad de las aguas a la vez que en determinadas situaciones previenen la formación de aludes de nieve, parece justificado la ampliación del alcance de esta tasa para incluir las infraestructuras hidráulicas verdes. Los criterios de reversión deberían basarse en criterios hidráulicos objetivos como importancia de la cuenca, situación en la cuenca, pendiente, grado de cubierta, altura de la vegetación, tipo de suelo, etc. obtenidos de los planes técnicos de gestión. Partiendo de un consumo medio de 150 l/hab./día, y una tasa de 0.03 euros/m3 destinada a bosques, la recaudación previsible rondaría los 10-12 millones de euros . Cabe destacar que esta tasa contribuiría a incentivar un mayor ahorro en un país cuyos precios del agua están todavía muy por debajo de la media europea pese a ser un bien escaso en buena parte de la geografía ibérica.

3. Fijación de CO2
En el caso de las emisiones de CO2 la posibilidad de la creación de un mercado mundial de derechos de emisión en el que los excedentes de derechos de emisión o quienes demuestren la fijación de CO2 puedan vender a quienes necesiten más derechos de emisión choca por su necesario carácter planetario y la multiplicidad de actores con infranqueables dificultades técnico-jurídicas. Queda, pues, la opción de la reversión de ecotasas que se enmarca en el debate iniciado a principios de los 90 como consecuencia de una propuesta de impuesto sobre las emisiones de CO2 por parte de la Comisión Europea (Agenda 2000). Existe una considerable experiencia en la fiscalización de la energía, si bien desde una orientación más recaudatoria que ambiental.
La fijación de CO2 por los bosques es una cuestión compleja y no resuelta del todo por la ciencia. Existen dos tipos de fijación de CO2: a) la temporal o supletoria (ex situ) ligada al uso de la madera y su retención por un cierto período de tiempo o la substitución de energías fósiles en el caso de leñas o biomasa; b) la fijación in situ ligada al fenómeno de incremento de biomasa forestal (horizontal y vertical).
En el primer caso, al tratarse de una retención forzosamente temporal o un detrimento de externalidad negativa, se entiende suficiente la aplicación de ecotasas a los productos substitutivos de la madera en relación a sus emisiones de CO2. En el segundo, mediante la comparación de inventarios se puede obtener con una gran exactitud la evolución del CO2 fijado en cada bosque en forma de tronco, existiendo lagunas sobre la fijación en el resto del ecosistema (ramas, acículas, hojas, suelo, etc.) lo que llevaría a una infravaloración estructural. A nivel español, una tasa de 0,02 euros/l limitada a la gasolina –que supone sólo una fracción pequeña de las emisiones de CO2– sería suficiente para establecer un incentivo perceptible de 11 euros/m3 de incremento de existencias .

4. Paisaje
El paisaje es un caso evidente de externalidad no difusa como en el caso del agua, sino vinculada a beneficiarios determinados, en este caso el turismo en general y las residencias situadas estratégicamente. Salvo en casos muy excepcionales, especialmente islas poco extensas y con una sociedad civil muy estructurada, será imposible alcanzar soluciones de mercado satisfactorias. Se hace necesario buscar soluciones innovadoras como podría ser destinar una parte de los recursos fiscales generados (IVA, p.e.). Estos fondos serían administrados por consorcios públicos a escala de macizo turístico (Costa x, isla) con la participación activa de los agentes sociales afectados  que de mutuo acuerdo los destinarían a suplir los fallos de mercado más destacados y que permitan un output óptimo del recurso turístico como son:
• Paisaje
• Patrimonio histórico-artístico
• Rutas, senderos, etc.
• Difusión turística
Si se destinase el 10% del IVA recaudado en turismo –estimado en un 10% del IVA total recaudado– se dispondría para estos consorcios de un total de 260 millones de euros (‘El País’, 1998) a lo que habría que sumar las cantidades que pudieran cogenerar programas ya existentes . La reversión se aplicaría sobre la base de contratos a medio plazo (5 o 10 años) y de un sistema de puntos objetivos (ubicación, estado de conservación, medidas contra incendios, calidad paisajística, etc.).

5. Construcción
Si bien el derecho de construcción (ius edificandi) no puede entenderse como un derecho innato al de propiedad y su limitación no es estrictamente indemnizable, la realidad es que los predios agro-forestales se caracterizan por dos valores, uno estrictamente relacionado con su productividad primaria y otro de expectativa, única explicación posible a los relativamente altos precios de la tierra en nuestro país. El hecho de que por un acto normativo, en principio todo el territorio devenga urbanizable de acuerdo con la nueva ley del suelo, pero se excluya de entrada los espacios forestales y protegidos por su protección legal expresa genera un tratamiento discriminatorio, por mucho que no sea estrictamente recurrible ante los Tribunales.
Siguiendo el modelo próximo imperante en las ciudades americanas respecto al volumen edificable, se propone el establecimiento de un mercado de derecho edificables en el que los ofertantes serían los titulares de derechos de edificabilidad otorgados a los afectados por restricciones urbanísticas en proporción al grado de restricción  mientras que los compradores serían cualquier nueva construcción o ampliación en un lugar permitido si acaso con algún coeficiente de acuerdo con la utilidad social de la edificación. Con ello se respetaría el valor expectante de los predios rústicos regulándose mediante el más eficiente y limpio de los procedimientos – el libre mercado – minimizando la actuación administrativa.

6. Biodiversidad
La biodiversidad es una externalidad que no tiene beneficiario directo alguno por lo que se ha de financiar directamente de los impuestos. Otra cosa es que debido a la diferencia abismal de endemismos entre las diferentes regiones del Continente, la UE contribuya solidariamente a su financiación.
Además, las zonas con mayores valores naturales y áreas protegidas suelen ser las menos pobladas por lo que la renta susceptible a soportar la carga fiscal es desproporcionada entre las diferentes regiones de la UE lo que llevaría, de aplicarse sistemáticamente el principio de subsidiariedad también en la financiación, a una desgraciada disyuntiva entre incumplir los compromisos de preservación de sus recursos naturales o drenar de otros servicios públicos imprescindibles fondos para cumplir los niveles que exigen quienes se niegan a cofinanciar el patrimonio natural común de la UE .
La reversión de estos fondos se vehicularía de forma contractual (simulación de mercado) a medio plazo (5 a 10 años) basándose en criterios objetivos (indicadores) que requerirían en todo caso la disposición de planes técnicos de gestión . Esta solución sería mucho más acorde con las necesidades objetivas de la conservación de la naturaleza en un “old settle country” (país de colonización antigua) como indudablemente es nuestro caso.

Conclusión

Los principios de sostenibilidad y multifuncionalidad, pero también la objetiva vehiculación de la retribución de las externalidades, requieren la generalización de la panificación forestal como herramienta fundamental. La corresponsabilización de los afectados a través de fórmulas administrativas innovadoras, como los propuestos Consorcios paisajísticos o la Agencia de Bosques en discusión parlamentaria, constituyen el segundo pilar fundamental en el marco del desarrollo democrático de la sociedad y su mayor implicación en el diseño de un futuro colectivo. Finalmente, los instrumentos fiscales propuestos permitirían, además de un efecto positivo desincentivador sobre la emisión de externalidades negativas, incentivar el “output” de externalidades positivas tan anheladas por la sociedad. Para ello se requiere de una normativa fiscal flexible que armonice los intereses recaudatorios de Hacienda con los objetivos de la política ambiental facilitando la utilización de una parte de los recursos recaudados para políticas ambientales activas .
Es urgente superar la tradicional lejanía de las inquietudes ambientales respecto al mundo de la economía en aras de un enfoque holístico y pluridisciplinar de los retos planteados. La economía ambiental, una vez desarrolladas metodologías para la integración de las externalidades positivas y negativas, es una herramienta básica en la política ambiental. El reto se encuentra en acertar en el diseño y la modulación de los instrumentos económicos que compensen los fallos de mercado mucho más que en las binarias e inflexibles medidas administrativas convencionales . El valor de los bosques, relegados absurdamente en los modelos económicos imperantes, aflorará plenamente en cuanto se desarrollen nuevos modelos de contabilidad ambiental. Todo un reto multidisciplinar •
 

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Notas a pie de página
  1 V. Quezel (1988).
  2 Recuérdese aquí la extremada situación de aislamiento del Valle de Aran hasta la obertura del Túnel de Vielha hace tan sólo 50 años. V. López Gómez (1997).
  3 Si bien este hecho es común a las Penínsulas Mediterráneas (Italia, Grecia) su configuración alargada facilitaba su comunicación marítima.
  4 Es el punto de arranque de los olivares de Jaén, los naranjales de Valencia o las estepas cerealísticas de Castilla.
  5 Para profundizar en la importancia de las coníferas en los bosques ibéricos v. Blanco et al. (1997).
  6 V. de la Cruz (1995).
  7 V. Gómez Mendoza (1992).
  8 De las principales especies presentes en Catalunya sólo dos especies de pino (Pinus sylvestris y P. uncinata), junto al haya (Fagus sylvatica) pueden considerarse productoras de maderas de calidad, además del caso específico de los alcornocales (Quercus suber). En total sólo significan el 30% de los bosques.
  9 V. Vélez (1995)
 10 Debe recordarse la necesidad de diferenciar las políticas de conservación de la naturaleza entre “old settle countries” (países de colonización antigua) y “new settle countries” (países de nueva colonización). Mientras que en los segundos la propiedad suele ser del Estado facilitando junto a la baja densidad demográfica, la delimitación de extensas áreas salvajes prácticamente vírgenes, en los primeros la actuación histórica del hombre en todo el espacio y los derechos de propiedad obligan a estrategias de conservación completamente diferentes. De hecho, muchos problemas observados en la política de espacios protegidos en Europa provienen de una transposición acrítica de políticas y disposiciones de otros continentes (CTFS, 1997).
 11 V. Laguna (1997).
 12 V. también Kula (1992), Romero (1994) y Pearce  (1995).
 13 Gráfico 1.
 14 Cumbre Ambiental de Río de Janeiro (1992), Cumbre de Kyoto (1997), procesos paneuropeos de Estrasburgo (1990), Helsinki 1993) y Lisboa (1998).
 15 V. Gráfico 2.
 16 Bianco (1998).
 17 Cita de Parlamento Europeo (1998).
 18 V. artículo 45.2 de la Constitución Española (1978).
 19 V. de la Cruz (1995).
 20 V. CTFS (1997) y Boada (1993 y 1994).
 21 Las S. A. o los derechos de retransmisión no son más que fórmulas virtuales creadas por voluntad política para alcanzar una mayor eficiencia económica.
 22 V. Vicens Vices (1980).
 23 Gráfico 3.
 24 Un caso sintomático es el de las cercas cinegéticas, restringidas en la Ley 4/1989 de Espacios Naturales mientras que se entienden como un derecho domincal consustancial en el Código Civil (1889).
 25 Quizás no sea una casualidad que la silvicultura como ciencia naciese en el Continente que se caracteriza por la preeminencia de formas de propiedad privada (familiar) y comunal. Debe recordarse aquí la diferencia entre las zonas de pesca de bajura con aprovechamiento quasi-comunal de las zonas pesqueras situadas en aguas internacionales totalmente esquilmadas.
 26 V. Hanley (1995) y Haley et al. (1998),  Brown (1994) y Blochlinger (1994). V. en relación con las perspectivas a largo plazo de la PAC (Maxwell, 1998).
 27 Concatenar los criterios para ayudas o primas forestales a condiciones como origen y dimensión de las rentas, residencia, edad, etc.
 28 V. Ley de Fomento de la Cubierta Arbórea de Castilla y León (1994).
 29 V. Merlo (1998).
 30 Ello favorecería la corresponsabilización de todos los afectados cuenca arriba en beneficio de la calidad del agua.
 31 Actualmente el canon hidráulico es de 0,08 euros/m3.
 32 V. Rojas (1995). Cabe recordar que sin aliciente alguno y sólo considerando los troncos, los bosques españoles fijan actualmente un 17% de las emisiones de CO2. A título indicativo, de revertirse plenamente el importe de la tasa establecida en 1991 en Suecia de 0,03 euros/kg de CO2, el incentivo de incremento de existencias sería de unos 26 Euros (OCDE, 1994; BUM, 1994).
 33 Se ha propuesto recientemente el establecimiento de una tarjeta verde para Menorca como Patrimonio de la Humanidad quasi-obligatoria para todos los turistas que lleguen a la isla y que conllevaría descuentos en las principales ofertas (hoteles, restaurantes, coches de alquiler, entradas, etc.). Sus ingresos se destinarían junto a la promoción exterior, a incentivar el paisaje y el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico como recurso básico del turismo de calidad (Rojas, 1998).
  34 Fundamentalmente agricultores, silvicultores, sector turístico y administraciones locales.
 35 Medidas agro-ambientales de la PAC, subvenciones a la restauración del patrimonio histórico-artístico, Lider, etc.
 36 Desde el simple espacio forestal con autorización para una edificación por unidad mínima (en Catalunya, 25 ha) hasta parque nacional se modularían los coeficientes correctores.
 37 Cita de Parlamento Europeo (1998).
 38 V. Gráfico 4.
 39 V. Moog et al. (1992) y Bianco (1998).
 40 Todo ello aboga por la utilización preferente de la figura de tasas ambientales respecto a la de impuestos.
 41 V. Sejak (1997).
 
 

El bosque, ¿un negocio rentable?
Joan Ignasi Castelló i Vidal
Jefe de la Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales, Diputación de Barcelona

La superficie forestal ocupa gran parte del interior del país catalán, pero el tipo de bosque no permite un aprovechamiento económicamente rentable de la madera. Por lo tanto, es necesario buscar otras alternativas productivas que permitan una conservación del monte catalán, sobre todo si se tiene en cuenta que el 72% es propiedad privada. En definitiva, y a pesar de los avances en gestión forestal realizados a lo largo de las últimas décadas, es preciso encontrar nuevas vías para que en el bosque se pueda hacer negocio.
 

A medida que las actividades de la población europea se alejan de la agricultura y de las más antiguas tareas recolectoras o de caza, crece el interés de la sociedad por los paisajes y los bosques. Durante los últimos años de este siglo, se ha producido una explosión de entusiasmo popular hacia el monte, los grandes mamíferos y algunas aves. Incluso los antes relegados insectos y reptiles ahora tienen su lugar en nuestro corazón ecológico.
El bosque por su magnitud y extensión, por su misterio y por los diferentes papeles que ha representado y representa en la historia, ocupa un lugar preferente en esta corriente de exaltación. Los acercamientos al monte se han llevado a cabo desde la mayoría de ámbitos. La ciencia, por ejemplo, se ha preocupado de casi todo lo relacionado con los árboles y su entorno: ha contado desde las escamas de las yemas del haya hasta el aumento radial medio del tronco del pino negral, ha estudiado la estructura vertical del bosque en relación con la luz, ha calculado la actividad productora de las hojas, y ha mirado de arriba abajo mil cuestiones más. Hasta hoy, nunca se habían conocido tantas cosas sobre el funcionamiento de los bosques, ni se habían dispuesto de tantas herramientas y argumentos para dar con la gestión correcta. Algunos observadores atraídos por estas cuestiones han criticado parte de los nuevos conocimientos porque, según dicen,  a menudo desestiman  el ser humano (con sus virtudes, defectos, manías y necesidades) como factor determinante del funcionamiento pasado, presente y futuro de los bosques. Naturalmente, esto no disminuye el interés de la obra y de los descubrimientos realizados, y el reproche de que esta visión académica ha contribuido a difundir una imagen ideal e inaccesible de los bosques, es probablemente exagerado.
Dentro de otro ámbito muy distinto, las agencias de viajes han contribuido a este apasionamiento sumando las selvas tropicales y otros escenarios boscosos de gran atractivo, tales como los parques nacionales y otras reservas biológicas, a las legendarias ofertas alpinas, con sus abetos y tejados de pizarra, que ejercieron una gran influencia durante los inicios del desarrollo económico español en las edificaciones y jardinería de nuestras urbanizaciones boscosas, y que continúan animando muchos jardines actuales de nuestra Cerdaña, para citar un lugar concreto.
También debe destacarse la contribución de otro movimiento que ha ido ganando terreno a partir de la segunda mitad de este siglo, el ecologismo, que ha cerrado una brillante etapa introduciendo con gran éxito los conceptos de biodiversidad y sostenibilidad, muy ligados al bosque, los cuales con gran unanimidad han sido objeto de dos convenciones mundiales y que iluminan muchos de los debates que se celebran hoy en día. Aunque algunos han cuestionado la claridad de estos conceptos y los han calificado de banales, retóricos, publicitarios o inútiles, otros han respondido con firmeza creando innumerables centros para la biodiversidad y asociaciones, leyes, protocolos y normas para la sostenibilidad.
Basándose en los conceptos anteriores y en otros más o menos trascendentes, estos grupos han llevado a cabo una gran tarea, que merece el reconocimiento de todos, en defensa de los bosques en general y de los tropicales en particular, luchando con todas sus fuerzas contra la progresiva transformación de la selva en cultivos y pastos. Con sarcasmo no sin motivos, algunos mandatarios de países tropicales han considerado que, con estas campañas, se obligaba a pagar a los países en vías de desarrollo un tributo para redimir la dura transformación de los bosques europeos y norteamericanos, protagonizada por nuestros antepasados, y han sugerido, sin ningún rubor, que nos preocupemos de nuestra casa.
Con precedentes tan notables como estos y otros muchos que podríamos citar, resulta difícil hablar del bosque aportando alguna novedad descriptiva o alguna idea fresca que genere cierto entusiasmo. Si, como en este escrito, se pretende hacer algunos comentarios sobre la realidad económica del bosque catalán, la estructura de la propiedad o las políticas que se han probado en los últimos veinte años en Cataluña, materias arduas y poco agradecidas, el trabajo resulta algo costoso e ingrato. Sin embargo, presentando excusas al lector por el tema elegido, que a algunos puede parecer incluso descortés, a continuación se hablará de algunos aspectos del bosque catalán, que no serán, como ya hemos dicho, los de la botánica, la ecología, la fauna, el arte o la religión, sino aquellos relacionados con el bosque y los negocios, puesto que en una economía de mercado como la nuestra nos parece que se trata de un tema de cierta importancia.

La primera anilla de la cadena

En Cataluña tenemos la suerte de disponer de dos inventarios estadísticos forestales muy recientes. En efecto, por una parte el Estado y por otra parte la Generalitat de Catalunya, a través del Centro de Investigación y Aplicaciones Forestales (CREAF) reunieron hace unos años, de manera independiente, diversas informaciones sobre aspectos básicos de nuestros bosques, tales como la superficie que ocupan, las zonas forestales no arboladas, el número de árboles de cada especie, su distribución por diámetros, el crecimiento anual por hectáreas de las diferentes especies, entre otras cosas.
La comparación de datos entre inventarios nos permite conjeturar que cuando hay coincidencias aciertan, y nos asombramos al tropezar con una discrepancia. Afortunadamente,  al calcular la superficie forestal arbolada de Cataluña, es decir el bosque estricto, encontramos una gran concordancia entre los dos inventarios y otras fuentes de información, y parece incuestionable que en 1993 contábamos con superficie forestal arbolada que oscilaba entre los 13.321 km2 del estudio del CREAF y los 13.941 km2 del "II Inventario Forestal Nacional". Decimos teníamos porque después de los incendios forestales de 1994 y 1998 hay que restar sin que nos tiemble el pulso 1.000 km2 quemados en aquellos años. Sin embargo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que esta área de bosque, que representa el 40% de la superficie total del país, nos convierte en un país totalmente forestal, situado por encima de los porcentajes de la Unión Europea (34,6%) y del conjunto de Estado español (32%).
Es más, si a esto le añadimos las tierras legalmente consideradas forestales pero que no son arboladas, ya sea porque están cubiertas de vegetaciones arbustivas o prados naturales, ya sea porque son áreas quemadas sin regenerar, el porcentaje aumenta hasta un 62% de las tierras de Cataluña.
Tenemos mucho bosque y esta realidad ha llegado incluso a inquietar alguna alta autoridad. Preocupa la manera incontrolada en que se extienden actualmente las arboledas ocupando los cultivos y pastos abandonados, recuperando, cabe decirlo, lo que era suyo antes de que el arado, los bovinos o los ovinos lo enviasen a vivir a las zonas más inhóspitas. Pero a favor del monte hay que decir, puesto que no puede defenderse solo de los excesos que se le imputan, que basta con dar una vuelta por las comarcas de Tarragona, el Garraf, la cuenca del Llobregat, el Ampurdán o las regiones quemadas en 1994 y 1998 para darse cuenta de que la sangre no llegará al río y que en extensas zonas del país existen pocas probabilidades de que el bosque llegue a colapsarnos.

Un árbol maldito

Realizada la aclaración anterior, y continuando con los inventarios, en Cataluña observamos un predominio de los bosques de coníferas, básicamente pinos, que representan alrededor de  las dos terceras partes de nuestros bosques. Los árboles de hoja ancha, encinas, robles y otros, tienen una menor presencia en la actualidad pero lo compensan con un prestigio más elevado. Estableciendo una comparación, podríamos decir, sin estar de acuerdo con ello, que para algunos naturalistas los árboles de hoja grande representan la aristocracia y la nobleza y los de hoja delgada y puntiaguda, los siervos de la gleba, satánicos y groseros.
De todas les especies de árboles, la más abundante, la que ocupa más superficie (346.500 ha) y la que tiene el nombre más puro, es un pino completamente mediterráneo: el pino blanco. Este modesto árbol crece en los lugares más hostiles y sin obligación alguna reverdece las tierras donde el fuego, las malas artes agrícolas, la sequía o algún derrumbe ha ahuyentado cualquier verdura. Aparentemente, por su carácter benéfico y vitalidad debería ser admirado pero, contrariamente, es un árbol ridiculizado y difamado constantemente. Unos ingratos, a saber cuando, lo bautizaron con el nombre de pino carrasco y en algunas cátedras universitarias lo presentan como un Lucifer. De nada han servido las palabras de M. Costa i Llobera que lo admiró en Formentor:

Mi corazón ama un árbol más viejo que el olivo,
Más poderoso que el roble, más verde que el naranjo,
Conserva sus hojas en una eterna primavera,
Y lucha con los vientos que sacuden la ribera,
Como un guerrero gigante
...
Árbol sublime! Viva imagen del genio:
domina las montañas y escrudriña el infinito;
más dura es la tierra, más besa su ramaje
el cielo que lo enamora, y tiene el rayo y la tormenta
por gloria y por delito

¡Oh! sí: que cuando caprichosos aúllan los vientos
Y parece entre la espuma que tumbe su peñasco,
Y entonces ríe y canta más fuerte que las olas,
Y, vencedor, lanza por encima de la nubes
su cabellera real

El odio ha podido con los buenos sentimientos y parte de los botánicos fitosociólogos consideran que sus arboledas no merecen el distinguido título de bosque de pino blanco y lo ha deportado, inquisidores, al campo de rehabilitación de las especies nocivas, denominado «broza arbolada».
En fin, tenemos muchos bosques y muchos pinos pero, como descubriremos más adelante, la tierra forestal que pisamos está adornada de muchas virtudes y una gran historia pero da sus frutos con cuentagotas.
Siempre según los inventarios, los árboles de los bosques catalanes cubican 85,5 millones de m3, equivalentes a una media por hectárea de 61,5 m3, un valor muy alejado del de los bosques septentrionales y de la media de la Unión Europea que es de 122,9 m3/ha. En el Mediterráneo, la luz, las formas y los colores son desmesurados, pero en contrapartida llueve poco en la mayor parte del país (menos de 600 mm al año), la topografía es irregular y los suelos son delgados. Por consiguiente, vistas las cifras anteriores, no cabe duda de que aunque el porcentaje de superficie arbolada en Cataluña es uno de los más elevados de Europa, las existencias de madera y leña son de las más pobres.

Recolección y plantación

Esta escasez resulta manifiesta, también, cuando echamos una mirada a los crecimientos de estos bosques. La media de este crecimiento, que suele medirse en metros cúbicos por hectáreas y año, es muy baja y se sitúa alrededor de los 2,27 m3/ha/año. En zonas con precipitaciones superiores a los 600 mm anuales este valor medio puede alcanzar los 3,56 m3/ha/año, pero en zonas secas la media se mueve alrededor de los 1,09 m3/ha/año. Si comparamos esta estimación con los crecimientos que se producen en las plantaciones forestales amazónicas o en Galicia y el País Vasco, la diferencia nos deja boquiabiertos. Con las experiencias realizadas en el controvertido proyecto del río Jari, en el estado de Pará en el  Amazonas brasileño, se han obtenido con eucaliptos crecimientos de 50 m3/ha/año y, lo que es más, con sólo 6 años las plantaciones han alcanzado este crecimiento. Es decir, en tan sólo siete años casi doblaron lo que produce una hectárea catalana en sesenta años.
En el País Vasco y Galicia los números no son tan espectaculares aunque superen con creces la docena de metros cúbicos anuales. No es necesario ser ningún experto para observar que estos datos no facilitan precisamente la competitividad del bosque catalán en el mercado internacional.
Hablamos de plantaciones pero con la boca pequeña, nadie debe asustarse porque, como ya sabemos, a algunos espíritus selectos e influyentes las palabras plantación o tala producen pánico vital en cualquier parte. Estos ciudadanos consideran que los únicos sistemas de gestión correctos pasan por la recolección de la madera, un árbol aquí otro allá, como si para llenar un saco de trigo nos dedicáramos a recolectar espigas de forma aleatoria, sin un orden establecido.
Como ya sabemos y así lo explican los antropólogos, a medida que las necesidades sociales incrementan se pasa de la caza y la recolección a la plantación y la ganadería. Asimismo, todos sabemos que las cepas de Chardonay substituyen a menudo las de garnacha o l’ull de llebre y todos beben su vino tan tranquilos. Ahora bien, cuando hablamos de una gestión más intensiva del bosque o, ¡vade retro!, de la introducción de alguna especie de crecimiento rápido, el estruendo que se produce es de tal magnitud que ni tan sólo gritando puede hablarse del tema.
Así están las cosas y conociendo el escaso entusiasmo por el martirio que nos caracteriza no parece que sea el momento oportuno para discutir sobre estas cuestiones. Sin embargo, no estaría de más preocuparse por el tema porque, tarde o temprano, la necesidad de negocio  acabará por sacarlo a la luz con toda su complejidad.
Aún así, y en honor a la verdad, debemos informar, según el magnífico estudio de Adriano Raddi, El mercat dels productes forestals a Catalunya (el primer trabajo de cierta profundidad sobre el sector, proporciona muchos de los datos que se utilizan aquí) que las especies de crecimiento rápido (chopo, pino insigne, eucalipto y abeto de Douglas) representan el 1,55% de la masa forestal catalana y que su producción es el 16% del total de madera aprovechada en el país.

Producción y consumo

Continuando con nuestra idea inicial sobre bosques y negocios ha llegado la hora de preguntarnos cuál es el aprovechamiento de madera de nuestras arboledas. Pues bien, en Cataluña se aprovechan anualmente casi un millón de metros cúbicos de madera que se distribuyen del siguiente modo: 40% para serrar, 31% para la industria de trituración, y el resto para quemar como leña.
Pero, atención, el consumo de troncos de madera supera los 2.800.00 m3, con un saldo negativo de aproximadamente 1.800.000 m3. Es decir, año tras año, se consume mucha más madera de la que se produce.
La industria de primera transformación que trata la parte principal de la producción autóctona está constituida: a) por la fabricación de tableros, con una empresa que concentra la mayor parte de la producción y b) por la serrería, básicamente para la producción de palets para el transporte, donde la necesidad de concentrar la producción en serrerías de gran envergadura ha reducido el panorama atomizado de hace poco y donde, también, destaca una empresa por su capacidad anual de tratamiento. Entre las industries que utilizan productos semi-elaborados, cabe destacar la industria del mueble, que en Cataluña representa el 17% de la de España. El papel fabricado a partir de madera, que había tenido una presencia importante, ha desaparecido totalmente (sin que, por cierto, hubiese causado alguna preocupación aparente en el sector, a juzgar por la ausencia de reacciones cuando, hace pocos años, cerraron las dos fábricas de papel más importantes). De este modo, los compradores de la "madera materia prima" son pocos y el mercado está fuertemente influenciado por las decisiones de dos importantes empresas.
El análisis de la serie histórica de precios de 8 especies de coníferas, 10 especies de árboles de hoja ancha y 11 productos forestales, realizado por Raddi, ha evidenciado un descenso generalizado de todos los precios reales. A partir de 1959, coincidiendo con el fin de la autarquía de la primera época de la última dictadura, los precios empezaron a disminuir hasta finales de los años sesenta cuando se produjo la regularización de los mismos. Actualmente, en Cataluña el precio pagado por la madera sigue considerándose demasiado elevado por parte de la industria y, por lo tanto, no se prevé en un futuro inmediato una subida de los precios reales de la madera.
El panorama no parece demasiado alentador para los productores de madera, pero podemos preguntarnos: ¿la madera es el único negocio que nos ofrece el bosque? No, contestamos rápidamente, porque el bosque nos proporciona otros beneficios directos como la caza, la recolección de setas o el ocio, nada menospreciables como veremos, y una serie de beneficios indirectos como el escenario turístico o defensor del sol y regulador de las aguas, que desde hace años algunos economistas y propietarios se afanan en determinar y en intentar cobrar.
Todos los beneficios directos comentados, ¿cuánto dinero mueven? Para averiguarlo debemos basarnos en las estadísticas oficiales que, aunque no son demasiado rutilantes, son lo único que tenemos. En los últimos años, la producción forestal catalana se sitúa alrededor de 8.797 millones de pesetas anuales, repartidos de una manera un tanto sorprendente. La madera representa el 30% de dicho valor, la caza y la pesca el 22%, la leña el 5%, el corcho el 2% y, finalmente, para sorpresa de todos, los demás productos del bosque (setas, trufas y frutos) el 40%. Probablemente este 40% se deba a la venta de setas en Mercabarna y otros mercados centrales y nos muestra como un símbolo iluminado en la oscuridad la orientación de posibles negocios en el bosque.
Si comparamos los casi 9.000 millones con los 4 billones que han supuesto solamente las exportaciones que ha generado la economía catalana en 1998, nos daremos cuenta de que nuestros bosques ocupan mucha superficie pero generan poco beneficio.
Comparando unas cifras con otras no es difícil averiguar lo que la madera y la leña proporcionan a sus productores: unos 2.700 millones de pesetas al año, lo que representa un valor medio por m3 de 2.663 ptas. Esto significa en números redondos que si usted posee una finca de 100 ha en la zona del país menos productiva, el rendimiento de su propiedad se situará en 270.000 pesetas anuales (muy inferior a lo que proporciona una sola hectárea de regadío) y que si está situada en una de las zonas más productivas, la renta puede alcanzar las 930.000 ptas./año por toda la finca. Todos estos beneficios están calculados antes de pagar impuestos y gastos generales

Los propietarios forestales

Una vez expuestas las primeras dificultades sobre el negocio forestal, entraremos lo más simplificadamente posible en otro aspecto básico del bosque y de los negocios relacionados con el mismo: la propiedad del bosque.
No disponemos de un trabajo definitivo sobre el modo de distribuir la propiedad entre las instituciones públicas y los particulares, ni tampoco de información catastral elaborada. Resulta difícil fiarse del inventario porque, por ejemplo, al contabilizar la propiedad pública no se tienen en cuenta los terrenos de muchos ayuntamientos u otras instituciones supramunicipales, entre las cuales figuran algunos de los propietarios públicos más importantes. Probablemente, el trabajo que realiza una aportación más interesante sea el estudio L’estructura de la propietat forestal a Catalunya de Ignasi Aldomà Buixadè, en el que se analizan diferentes aspectos de los predios a partir de los censos agrarios de 1989. Aunque es imposible sintetizar en pocas palabras la complejidad de la propiedad forestal catalana, a continuación expondremos, con mucho cuidado, algunos datos de dicho estudio que consideramos relevantes.
En Cataluña existen como mínimo 50.000 propietarios forestales. Un primer interrogante acerca de esta cifra: ¿son muchos o pocos? Si se compara con zonas de nuestro entorno cultural como el sur de Francia, son pocos, pero si se analiza desde el punto de vista de la gestión, que es el que queremos destacar, son muchos porque la diversidad de intereses, medida, rendimientos, capitalización o titularidad de todas estas fincas crea un grupo heterogéneo que tiene dificultades en agruparse para analizar el futuro de sus bosques y negocios y crear nuevas expectativas económicas.
A partir de los censos, Aldomà afirmó que las instituciones públicas son propietarias del 28% de la superficie forestal de Cataluña mientras que el 72% restante es propiedad privada. Un 60,5% de las explotaciones con bosque no alcanzan las 5 ha, un 36% se sitúan entre 5 ha y 150 ha, y únicamente un 3,5% de las explotaciones del monte tienen más de 150 ha. Estas últimas, entre las que debe contabilizarse la propiedad pública, ocupan el 60% del territorio forestal, siempre según los datos del censo, y están concentradas principalmente en las comarcas de los Pirineos, donde el dominio de este espacio es manifiesto. La unidad mínima forestal de 25 ha, vigente durante los últimos años en la política forestal del país y que sido modificada recientemente, ha excluido de muchas decisiones a un 84,6% de las explotaciones catalanas que no alcanzan esta superficie.
Otra particularidad de la propiedad, a nuestro parecer más importante que la variedad, consiste en la baja rentabilidad mencionada anteriormente, que las hace inviables desde el punto de vista del negocio forestal tradicional. Contamos con una estructura que responde a un largo proceso histórico, que tuvo su lógica económica pero que no corresponde ni a los mercados ni a las formas de gestión actuales.
La consecuencia de esta gestión es muy simple. Todos los propietarios que, ejerciendo sus derechos, desean valorizar los terrenos forestales con una rentabilidad baja o nula están esperando que en algún momento se produzca un cambio de uso que haga aumentar la capacidad productiva, las rentas o las plusvalías de sus tierras. Cuando las posibilidades de cambios de uso no existen y la capacidad económica del propietario no le permite invertir a fondo perdido en su propiedad, el bosque se abandona. En este sentido, los terrenos forestales de las áreas metropolitanas y de las zonas más turísticas, arbolados o no, son los que tienen más prisa por entrar en el mercado inmobiliario y, en consecuencia, son los que se incorporan a los grandes procesos de cambio de uso y de paisaje con mayor facilidad.

Conservacionismo

Estos fenómenos de transformación, cuando se realizan sin orden alguno, acaban por dibujar un panorama que para muchos ciudadanos resulta deprimente y para otros, como los compradores de parcelas en urbanizaciones dentro del bosque, gratificante o indiferente.
A finales de los años sesenta, los grupos sensibles a las transformaciones anárquicas de los bosques y paisajes ganaron cierta influencia y su discurso para mejorar la gestión del territorio poco a poco consiguió un apoyo social mayoritario.
Este interés por la protección del bosque no fue liderado ni por la administración forestal ni por los propietarios forestales. Profesores vinculados a facultades universitarias, urbanistas y entidades cívicas, como centros excursionistas y otros, fueron los que iniciaron campañas, movilizaciones públicas y debates. La administración forestal vigente, especialmente jacobina  y distante, no fue capaz de entender el cambio social del momento y su falta de protagonismo y, a veces, su actitud obstruccionista le ha pasado una elevada factura de la cual aún no se ha recuperado.
Siguiendo la tradición defensiva que iniciaron los creadores de los primeros parques nacionales americanos, muchos conservacionistas de esa época disminuyeron sus propuestas a la protección estricta de algunas singularidades del país, hay que reconocer que era la acción más plausible. Proteger significaba aislar la naturaleza del hombre. Los proyectos presentaban tres ejes principales:
• una definición idealizada de la naturaleza, únicamente concebida perfecta y en equilibrio sin el hombre;
• una sobrevaloración de algunos elementos: un conjunto de árboles, una comunidad de pájaros o un lepidóptero, y
• una desconfianza manifiesta hacia las personas comunes y sus instituciones, que había de conjurarse con la creación de órganos específicos gobernados por especialistas.
De hecho, este modelo representa el de la intervención pública pura y dura, el modelo que el Estado se inventó en Doñana por unos antiguos terrenos de caza que, por este preciso motivo, no se habían desecado. La aplicación de estas ideas en Sant Llorenç del Munt y en el Montseny hizo aparecer aceleradamente lo que podríamos denominar como la madre de todos los problemas que no era otra que el hecho que las fincas forestales sobre las cuales se pretendía actuar para evitar su transformación eran fincas privadas y, por lo tanto, era necesario respetar ante todo los derechos que las leyes otorgaban a sus propietarios.
Puesto que la legislación forestal, ciega ante estos problemas, no ofrecía ninguna solución práctica, fue necesario recorrer a la legislación del suelo que regulaba el uso de la propiedad en función de los intereses generales, especialmente cuando establecía que el derecho a la edificación no era inherente a la propiedad sino que era un derecho otorgado a la planificación. Aunque estos sistemas de protección, con una regulación estricta de la construcción, no presentaban obstáculos sobre los usos agrarios y forestales tradicionales, enseguida se observó que muchos propietarios forestales con fincas poco rentables, viendo como sus propiedades quedaban excluidas del mercado inmobiliario, sobre todo en las áreas metropolitanas en clara expansión, no aplaudían precisamente estas iniciativas sociales, y que las dificultades de obtener beneficios de muchas fincas, como hemos descrito anteriormente, persistían e incluso aumentaban.
Actualmente, todavía queda mucho camino por recorrer hasta solucionar esta situación. Sin embargo, hay tres aspectos que han quedado claros:
• mantener un determinado paisaje dentro de zonas con mucha presión inmobiliaria exige una intervención pública contundente,
• los problemas de la propiedad privada forestal reclama nuevas soluciones, y
• el esfuerzo sobre algunos elementos singulares es insuficiente para conseguir un territorio con cierta relación entre espacios urbanizados y no urbanizados que responda a patrones de calidad que deseemos establecer
Con todo esta experiencia parecía que el país poseía sobradas referencias para poder reflexionar y hallar soluciones originales, poniendo énfasis no en la inmovilización del territorio, lo cual sólo es posible en espacios reducidos y con un elevado coste de energía social, sino en la gestión de las transformaciones, que como todos sabemos se producen a diario y seguirán produciéndose mientras exista un soplo de vida.
No obstante, descuidamos las experiencias propias, guiados por reduccionistas dogmáticos de los problemas de la conservación, o fascinados por el lirismo de nuestros botánicos fitosociólogos (que, por cierto, habían clasificado la vegetación del país en categorías, tales como matojo de jazmín amarillo, herbazales de margen de camino, brozas de pierno azul y  retamas de tintes peludas, poblaciones de caos, majanos y cárcavas pedregosos o prados de líneas de cresta). El caso es que decidimos establecer una lista de 140 espacios singulares, denominada PEIN, como piedra angular de lo sería la organización y gestión de nuestros paisajes, abandonando con cierta cobardía, una actitud menos defensiva y más global, para la que, sin duda alguna, éramos suficientemente maduros.
El tiempo ha demostrado que la opción, muy poco ambiciosa, no fue la correcta. El plan prácticamente no ha evolucionado. No ha sido capaz de resolver la madre de todos los problemas: el negocio y la propiedad forestal. Y tampoco ha servido para gestionar las transformaciones de la mayor parte del territorio y, además, los instrumentos que se han inventado para aplicarlo, al margen de la ley del suelo, no han podido consolidar la lista de particularidades. Y todo este lío, comentan algunos analistas, sólo por un 20% de la superficie forestal.

La nueva política forestal

Hasta aquí hemos tratado, deprisa y corriendo, algunos de los factores que dificultan los negocios en el bosque y que condicionan su presente y su futuro. A continuación, repasaremos algunas de las soluciones que hemos aplicado para mejorar propiedades, empresas y comercio.
Al restablecerse la Generalitat y traspasar a Cataluña la mayoría de competencias políticas y administrativas relacionadas con el sector forestal, la administración catalana se encontró con una organización administrativa extraordinariamente centralizada, una orientación marcadamente dirigida al bosque de propiedad pública, una significativa falta de experiencia en las políticas orientadas al bosque particular, un ordenamiento jurídico concebido fundamentalmente para el bosque público y un sector que, además de las características que hemos descrito anteriormente, no destacaba precisamente por un elevado nivel tecnológico, una formación técnica y profesional vanguardista, ni por la existencia de instituciones relacionadas con la enseñanza, investigación o comercialización.
Uno de los primeros avances que se produjeron para evolucionar la situación fue establecer, a través de una Ley forestal, un nuevo marco normativo y unos instrumentos de planificación y gestión adaptados a la realidad catalana. La Ley catalana introdujo cinco novedades en relación con la legislación existente en aquellos momentos:
• El reconocimiento a todos los propietarios, tanto públicos como privados, del derecho a gestionar sus propiedades, lo cual ofrecía a los ayuntamientos la posibilidad  de hacerse cargo, independientemente, de la administración forestal de sus bosques declarados de utilidad pública, hasta entonces competencia exclusiva del Estado.
• La creación de nuevos instrumentos de planificación, tanto para la política general del sector como para la organización de las fincas forestales.
• El establecimiento de un procedimiento de coordinación con la planificación territorial, sobre todo con la Ley del Suelo.
• La creación de nuevos órganos y herramientas para la gestión del bosque particular como el Centro de la Propiedad Forestal o el Fondo Forestal de Cataluña.
• La creación de las Agrupaciones de Defensa Forestal para mejorar la prevención y extinción de los incendios forestales.
A esta tarea legislativa se añadió progresivamente la creación de nuevas instituciones vinculadas al bosque. El país ha pasado de no tener prácticamente nada a disponer en menos de veinte años de dos centros de investigación (el CREAF y el Centro Tecnológico del Solsonès), una escuela de formación profesional forestal en Santa Coloma de Farners, una Escuela Técnica Universitaria en Lérida, una empresa pública especializada (Forestal Catalana S.A.), diferentes unidades administrativas especializadas en la gestión de espacios protegidos y la prevención de incendios forestales, numerosos parques naturales y espacios protegidos, nuevas generaciones de expertos procedentes de las licenciaturas tradicionales y de las de nueva creación, una mesa sectorial y muchas otras cosas que nos dejamos en el tintero.
Visto todo esto, sólo podemos proclamar que en los últimos veinte años se han producido cambios espectaculares y que, aunque aún no han dado los frutos que se espera de ellos, lo cierto es que estamos en condiciones de que todas estas innovaciones fructifiquen y nos aporten soluciones a algunos inconvenientes que hemos visto y a otros que comentaremos a continuación.

Finca a finca

Volviendo a nuestra idea fija de bosque y negocios, cabe decir que, como hemos expuesto anteriormente, la ley establecía líneas de forma muy general y quedaba en manos del gobierno la tarea de dibujar el contenido de la mayor parte de estas ideas. Al empezar a llenar órganos e instrumentos, el gobierno tropezó con una ausencia de tradición y experiencia en lo que se refiere a la gestión del bosque particular, que como ya hemos demostrado en este escrito tiene una salud delicada en muchos aspectos.
Para afrontar estos vacíos se recurrió a la experiencia de los países vecinos más al norte, que nos llevaban varios años de ventaja en lo que se refiere a las políticas del bosque privado. En estos países el fomento, regulación, planificación, imposición fiscal, etc. se realizaba, mayoritariamente, finca a finca. La propiedad era la unidad productiva, como puede serlo la explotación familiar agraria, una tienda o los pisos de alquiler. En Cataluña, los escasos sindicatos de propietarios existentes y la mayoría de profesionales del sector pensaban del mismo modo. De acuerdo con estos criterios, se creó el Centro de la Propiedad Forestal (CPF), los planes técnicos de gestión, las ventajas fiscales a la propiedad y la mayoría de programas de ayuda al negocio tradicional del bosque (talar racionalmente y vender la madera o la leña). El órgano adoptó el modelo francés de entidad corporativa de carácter público, al estilo de las cámaras, fijando como objetivos la defensa y la promoción de los intereses de los propietarios forestales.
El proceso que hemos sintetizado tiene lógica y responde a nuestros referentes culturales. Han pasado casi diez años desde el inicio de esta experiencia tan importante para la gestión de nuestros bosques y podemos, y debemos, hacer un primer balance.
Desde su creación, hace ocho años, unos 1.200 propietarios de los 50.000 que hay en el país se han inscrito al CPF. Estos propietarios, según datos oficiales, agrupan un total de 250.000 ha, es decir, un 11,5% de la superficie forestal catalana. ¿Cómo se interpretan estos datos? A nuestro parecer, el CPF ha resultado interesante para aquellas fincas con cierta rentabilidad porque existe un beneficio forestal directo, pero no ha entusiasmado de ningún modo a la mayoría de propietarios catalanes que poseen tierras poco comerciales. La consecuencia de estas cifras tan contundentes parece indicar que el esfuerzo público, tanto técnico como sobre todo económico, se ha concentrado en las fincas más rentables y que la mayoría de los terrenos forestales han quedado fuera del conjunto de subvenciones y ayudas a las fincas privadas.
La potenciación de la gestión individual, que caracteriza al CPF, tampoco parece la más indicada para enfocar tanto los problemas económicos existentes, ya comentados, como la necesidad de planificación territorial para afrontar problemas como la conservación de los bosques y la prevención y la lucha contra los incendios forestales. En este sentido, hay un dato que puede ser ilustrativo: entre los 350 propietarios afectados por el incendio forestal de la Cataluña central del verano de 1998 sólo un 2% estaba afiliado al CPF. Podemos decir sin ninguna duda que en la estructura que hemos dado al CPF prima la visión singular sobre la visión territorial del bosque y este hecho es negativo para los bosques que no representan negocio.
Todo esto se ha aprendido durante estos últimos años y parece que las valoraciones que hemos indicado animan a complementar lo que se ha hecho hasta ahora con nuevos instrumentos y con algunos cambios de orientación. Ahora bien, no todo el mundo piensa igual. La redacción por parte del gobierno de un nuevo proyecto de organización del CPF, para satisfacer las peticiones de creación de una Agencia del bosque privado por parte de algunos grupos de presión, continúa el modelo original y, en nuestra opinión basada en los datos ya comentados, en caso de aprobarse no solucionaría los problemas aquí expuestos.

El dinero público

Les datos y valoraciones anteriores, que ponen de manifiesto lo costoso que resulta realizar una política forestal con visión territorial, dejan una cosa clara: sin dinero público, o mejor dicho, sin un incremento y una mejor racionalización del gasto público actual, la mayoría de los bosques catalanes no pueden ni podrán afrontar su problemática actual.
Lógicamente, esta necesidad de incrementar el gasto público la defienden unánimemente la mayoría de los propietarios forestales, tanto públicos como privados. El significado de lo que tendría que suponer el incremento de dinero de los ciudadanos por el bosque es muy diverso. Para algunos colectivos de propietarios y ecologistas, el tener un bosque significa prestar un servicio ecológico a la sociedad y sólo por este motivo debería estar remunerado; se trataría en este caso de que la sociedad pagara una tasa anual a cada finca forestal por la prestación de este servicio. Para otros, la inversión pública finca a finca no resuelve los problemas que presenta el bosque y opinan que las inversiones más importantes deben tener carácter territorial; para este grupo, la inversión pública debería centrarse en servicios más o menos directos al bosque como, por ejemplo, la red de caminos, líneas de parada, puntos de agua o programas de vigilancia necesarios para la prevención de incendios forestales, o, también, en el fomento de agrupaciones de fincas que favoreciera la racionalización de la gestión.
En cualquier caso, corresponderá a los contribuyentes decidir, a través de sus órganos de representación, como deberá distribuirse el dinero público. Ello exige una gran capacidad de convencimiento de todo el sector para demostrar que esta opción favorecerá al conjunto de la sociedad. Los caminos seguidos con el fin de mimar y convencer al contribuyente no parecen ser los más adecuados. La Ley de acceso al medio natural, para citar un caso, se preocupa más por vigilar y controlar al visitante, que paga impuestos, que por garantizar su derecho a circular y conocer el país. Un grupo de alcaldes de los Pirineos, citando otro caso, piensan cobrar directamente a los usuarios de los bosques públicos, abriendo de este modo la posibilidad de que todos los propietarios particulares hagan lo mismo. ¡Buenas estrategias del bosque para conseguir el dinero necesario del sector público!
Existe cierto confusionismo y ausencia de debate, pero parece ser que algo se resolverá y presidirá la evolución de nuestras decisiones sobres los bosques en relación con el dinero público. Todos debemos darnos cuenta de que la sociedad debe discutir y resolver cuál tiene que ser la relación entre los intereses particulares y los públicos, para que así todo el mundo tenga claro qué es lo que ofrecen los bosques catalanes al país, y éste  considere oportuno invertir más o menos dinero público en esta superficie.
Les mejoras y reformas que se introduzcan en las normas, instituciones e instrumentos actuales para resolver el problema del mal negocio que representa actualmente el bosque catalán, y la habilidad que demostremos para establecer compromisos entre el interés general y privado que puedan reflejarse en una aproximación territorial en los bosques, son las condiciones que, a nuestro parecer, determinarán en los próximos años el volumen de la aportación pública a nuestra superficie forestal y, por lo tanto, a su calidad y viabilidad •
 

La política forestal en la Comunidad Valenciana
Antoni Escarré
Departamento de Ecología, Universidad de Alicante

La superficie forestal ocupa algo más de la mitad del territorio de la Comunidad Valenciana. De su gestión adecuada dependen, por un lado, la conservación de este patrimonio natural y defender a los suelos contra la erosión y, por el otro, el desarrollo socioecónomico de las zonas rurales. El repaso histórico a las políticas forestales, y la consideración de las características climáticas y orográficas de la zona, perfilan los retos a los que debe hacer frente la gestión forestal contemporánea: tratar al bosque como algo más que un conjunto de árboles.
 

En el área mediterránea la gestión forestal resulta siempre más compleja que en las regiones del centro y norte de Europa, donde los bosques son más rentables y apreciados en su función más tradicional: la producción maderera. La especificidad del ambiente mediterráneo no es siempre reconocida, y  el intento de extender las prácticas de explotación de los bosques boreales más productivos a este área geográfica, no ha proporcionado casi nunca, buenos resultados.

El monte mediterráneo: una gestión problemática

La gestión del monte mediterráneo es problemática por varias causas. Ante todo están los condicionantes climáticos que limitan su capacidad de producción, sobre todo por la escasez de agua durante el período estival. Como consecuencia de esto las tasas de crecimiento de la mayoría de especies de los bosques y matorrales mediterráneos son bajas y por ello lo es también la rentabilidad econ