Democracia ambiental

Foro de debate	Dános tu opinión	Ver otras opiniones	Número 26 - junio 2000

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Editorial

El fin de la tecnocracia

La máxima ilustrada “Todo por el pueblo pero sin el pueblo” —que la mayoría de tecnócratas suscribirían— está obsoleta en los albores de la sociedad de la información. La tecnocracia, ese sistema que otorga a los técnicos y los expertos un gran peso en la dirección política de un país o una comunidad, tiene hoy escasa credibilidad. También el sistema representativo característico de las democracias occidentales sufre una profunda crisis y pide a gritos mayúsculas dosis de creatividad para transformarlo. Es sin duda el mejor sistema que el hombre ha inventado pero no puede estancarse y debe evolucionar. La democracia, desde sus principios, ha mutado para adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas. En la actualidad, debe dar un paso adelante.
En el horizonte, y de la mano de una sociedad interconectada, aparece la idea de la democracia participativa. Esto es un sistema que prima la participación ciudadana en la toma de decisiones, que fomenta el debate y que contribuye a que aflore la creatividad social. Fácil de decir y muy difícil de implantar. ¿Por qué? Abunda la convicción de la pasividad de los ciudadanos, que les cuesta participar. Pero habría que preguntarse el porqué de esta actitud. Quien participa no sólo quiere ser escuchado, también quiere que sus opiniones se tengan en cuenta. Si no tiene la sensación de que pierde el tiempo. La realidad es que el chip tecnócrata aún abunda en nuestras administraciones. No se creen esto de la participación, en muchas comparan a los ciudadanos con iluminados que no saben lo que dicen.

Pero un análisis de la realidad, tal y como muestra este número de la revista Medio Ambiente. Tecnología y cultura, indica lo contrario. Hoy la creatividad social, las nuevas ideas no están en los despachos del poder ni en las generaciones que gobiernan;  están en la calle, en las organizaciones no gubernamentales, fluyen por las redes de telecomunicaciones…
El tema de la democracia participativa conecta radicalmente con la problemática ambiental de nuestro planeta. La experiencia certifica que sin consenso, diálogo y participación resulta casi imposible tomar decisiones en pos de la sostenibilidad y de la mejora ambiental. Este número de la revista cuenta con cinco artículos y una entrevista que aportan un marco de reflexión sobre el futuro de la democracia y más concretamente de la ambiental. Jordi Bigues –periodista y destacado ecologista–, Jordi Sánchez politólogo–, Pere Torres– biólogo y político–, Christian Morron –abogado–, Ramón Sitjà –maestro y ex alcalde de Manlleu– y Tomás Rodríguez Villasante –sociólogo, experto en movimientos sociales–, dibujan un variado mosaico para reflexionar sobre la democracia ambiental. No dejan lugar a dudas: “todo por el pueblo y con el pueblo”. •
 

Lluís Reales
Director de Medio Ambiente. Tecnología y cultura

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La  democracia ambiental: un camino complejo
Jordi Bigues
Periodista y ecologista. Dirige el Fondo de Documentación del Medio Ambiente y el Consumo de Barcelona y Democràcia Ambiental

La Constitución española no considera el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental sino como un principio rector de la política social y económica. Diferentes movimientos sociales en España y en el mundo entero luchan por conseguirlo y también para profundizar en la democracia ambiental. Es decir, en el derecho a saber y a participar que poseen los ciudadanos. Un camino hacia una regulación concertada que democratice la toma de decisiones.

El 19 de mayo de 1999 el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. Con esta ratificación, nuestro Parlamento es probablemente el primero del mundo que proclama el derecho humano universal a un medio ambiente seguro, saludable y en buenas condiciones ecológicas. Según el artículo 45 de la Constitución española, toda persona tiene derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de sí mismo y tiene el deber de conservarlo.
El primer aspecto que llama la atención es la ubicación dentro de la norma fundamental del Estado español, o sea, la Constitución. El artículo 45 pertenece al primer título dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Pero se incluye dentro del tercer capítulo  y bajo el título Principios rectores de la política social y económica. A lo largo del proceso de redacción constitucional, el artículo debía pasar de la posición 28 a la 38 para quedar, finalmente, en la 45. El artículo 53.2 nos saca de dudas: el derecho al medio ambiente no es un derecho fundamental en la Constitución, en sentido estricto, sino tan solo un principio rector de la política social y económica.
Con la aprobación de la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente se ha emprendido la campaña para conseguir que el derecho a la protección y mejora del entorno sea un derecho fundamental, lo que comporta la consiguiente reforma de la Constitución que, a pesar de ser un texto reciente, nació oxidada en este aspecto. Paralelamente, en el País Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya aprobó una declaración institucional el 2 de junio de 1998 en la que proponía que el derecho a un medio ambiente sano sea considerado un derecho humano. Posteriormente, el 13 de febrero de 1999, se aprobó la Declaración de Vizcaya sobre el Derecho al Medio Ambiente, con el objetivo de que la UNESCO y las Naciones Unidas adopten este nuevo derecho.
La campaña para conseguir que el derecho a la protección y mejora del entorno se incorpore a la legislación internacional fue encabezada por abogados y activistas ecologistas de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías de las Naciones Unidas. En 1989 una coalición liderada por un veterano grupo ecologista norteamericano, la Fundación de Defensa Legal de Sierra Club, convenció a la Subcomisión para que nombrara a Fatma Zohra Ksentini portavoz de un estudio internacional sobre la relación entre derechos humanos y cuestiones ambientales.
A finales de agosto de 1994 el informe final documentaba injusticias ecológicas en el mundo entero y señalaba la convergencia de las propuestas políticas de ecologistas y defensores de los derechos humanos. El 16 de mayo, meses antes, un grupo de expertos implicados en la campaña y reunidos en Ginebra presentaba la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. Estas dos iniciativas son, todavía actualmente, las herramientas más importantes para conseguir que la Asamblea General de las Naciones Unidas redacte un Pacto Internacional, similar al de Derechos Civiles y Políticos y al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que proteja los derechos humanos ambientales.

Problemas de enfoque

Parte de la persistente indecisión que muestran los activistas en derechos humanos a la hora de abordar cuestiones de justicia ecológica procede de la escisión histórica dentro del mismo movimiento, tal como indicaba un informe sobre la justicia ecológica del Worldwatch Institute. Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se han dividido los derechos en dos categorías independientes: la de las libertades civiles individuales que incluyen desde la libertad de expresión  hasta la prohibición de la tortura; y la más amplia, el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo. Los dos grupos de derechos entraron en vigor mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).  Los primeros son más sencillos de definir, de hacer cumplir o de señalar el incumplimiento. Por este motivo, temiendo que ampliar los derechos reconocidos pueda debilitar la efectividad del movimiento en su conjunto, existe un cierto rechazo a considerar el medio ambiente como un derecho humano, a pesar de que estos dos pactos incluyen aspectos ecológicos de un modo explícito.
Los derechos humanos dependen de la protección ambiental y, a su vez, la protección ambiental debe basarse, para ser eficaz, en el ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la información, a participar, a reclamar o a recibir indemnizaciones por los daños sufridos. Es preciso mencionarlo porque a menudo los medios de comunicación trasmiten la visión de que el ecologismo es un movimiento con tendencias autoritarias y fundamentalistas. En cambio, los ecologistas, consciente o inconscientemente, promueven una democracia participativa, que incluye los valores y los derechos de las mujeres y que promueve un pensamiento crítico, apartado por algunas anecdóticas e improvisadas ideas iluminadas. Podríamos decir que el ecologismo social necesita la democracia ambiental como el pez, el agua: es su entorno natural.
Por motivos históricos y temáticos se tiende a hablar de generaciones de derechos humanos. La primera se refiere a los derechos individuales, la segunda a los derechos culturales, económicos y sociales. La tercera generación es la de los derechos colectivos y de los pueblos, denominada también, de los derechos de solidaridad. Son derechos que se pueden invocar o reclamar, pero que, en cualquier caso, sólo se pueden conseguir mediante el esfuerzo concertado de todos los actores de la vida social, es decir, conjuntamente los estados y la ciudadanía, y las entidades públicas y las privadas. Incluso actualmente se habla de una cuarta generación de derechos de la naturaleza, la biosfera, la Tierra, las futuras generaciones o los animales (derechos con un fuerte contenido ambiental pero que quedan fuera del alcance del presente artículo).
Actualmente, cuando una parte sustancial de los poderes económicos multinacionales, productivos, financieros y comerciales pretende el total desmantelamiento de los mecanismos de regulación vigentes, tanto ambientales como sociales, que se tildan de excesivos e inoperantes, y existe una confrontación entre autorreguladores («nosotros hacemos lo que consideramos y lo expresamos debidamente») y regulación administrativa («el estado asistido por los organismos internacionales sometidos a los grandes estados»), deberíamos adoptar un tipo de regulación concertada; la democracia ambiental, un camino dinámico. Una propuesta para navegar en la era infolítica con cinturón de seguridad o una nueva lectura de pensar globalmente y actuar localmente.
Trabajar por el reconocimiento de un nuevo derecho colectivo, el de disfrutar de un entorno sano y saludable, el de la protección y mejora del medio ambiente no requiere necesariamente que el movimiento defensor de los derechos humanos abandone sus prioridades tradicionales. Las cuatro generaciones de derechos no son necesariamente una escalera de cuatro peldaños. De hecho, gran parte de los movimientos ecologistas reconocen, cada vez más, que una de las mejores formas de garantizar el goce de los derechos ambientales colectivos, consiste en defender los derechos políticos y civiles básicos individuales. La primera generación de derechos es, en gran medida, de procedimiento; los segundos, sustantivos: las personas pueden utilizar sus derechos individuales, como la libertad de expresión, para proteger sus derechos colectivos, comunitarios, relativos al medio. Tanto el movimiento ecologista como el de derechos humanos trabajan inevitablemente por ambos derechos simultáneamente.
Las que realmente deberían sentirse inquietas son las administraciones con estilos anticuados, puesto que la mayoría de los estados tiene graves problemas ambientales. Por ejemplo, en Europa el reconocimiento de este derecho como derecho fundamental podría suponer importantes demandas que comportarían un cambio en el sistema de administración, proporcionando voz a los sectores implicados. En otros casos se llegaría a una consideración penal de agravio para los responsables del deterioro ambiental o de cualquier delito ecológico. Contrariamente, el mantenimiento de la actual consideración, la sensación de impunidad, abre las puertas a la desesperación de los sectores más críticos, provoca la deriva ambiental y deslegitima las instituciones democráticas frenando un desarrollo sostenible.
A pesar de los recelos, la interacción de los dos movimientos ya está hilvanada y tiene sus precedentes. En 1992 la prestigiosa asociación Human Rights Watch y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) de Estados Unidos publicaron el informe Defender la Tierra: abusos de los derechos humanos y el medio ambiente, que documentaba algunos de los ataques más violentos contra activistas ecologistas. Posteriormente, Amnistía Internacional reconoció a Mordechai Vanunu, técnico nuclear secuestrado en Roma en 1986, como preso de consciencia, después de una larga polémica por haber sido acusado de revelar secretos de estado (acusación o condena que excluye la consideración de preso de consciencia) por el Mosad (servicio secreto israelí) y condenado a cadena perpetua por los tribunales del estado de Israel y todavía reconocido como preso aislado por revelar que la central nuclear de Dimona fabricaba armas nucleares.
A raíz del asesinato de Ken Saro Wiwa (1997), Amnistía Internacional y Sierra Club publicaban una condena conjunta sobre la relación existente entre los abusos de los derechos humanos y la degradación ambiental.
La consideración de víctimas individuales de injusticias ambientales se ha multiplicado. Chico Mendes; el capitán de fragata Grigori Paskü, acusado de informar de los vertidos de residuos radioactivos de la flota rusa en el Pacífico; o el capitán de barco Alexandr Nikitin, condenado por colaborar con un grupo ecologista denunciando el abandono de barcos nucleares de la flota rusa en el Ártico, son los ejemplos más conocidos. El asesinato de Erwin Aroldo Ochoa y Julio Armando, dos abogados guatemaltecos, el pasado mes de marzo por investigar las talas ilegales de bosques en la zona atlántica de Guatemala, es el ejemplo más reciente.
Proteger a estos activistas amenazados ha sido una de las preocupaciones crecientes del movimiento ecologista.  Por una parte mediante los sistemas convencionales, por otra remarcando el perfil de estos tipos de agresores y agredidos. Greenpeace ha publicado en Estados Unidos la Guía de las organizaciones antiambientales que reúne cinco tipos de entidades privadas: empresas de relaciones públicas, grupos corporativos, fundaciones legales, grupos de presión con apariencia caritativa y grupos violentos como Wise Us, a los que sería necesario añadir grupos paramilitares, policíacos y administraciones que no dudan en vulnerar los derechos humanos para desanimar y atemorizar a los activistas.
Otro modo de proteger a estos activistas es otorgarles un galardón que sirve para reconocer su ejemplo, dar a conocer sus causas y premiarlos con una distinción. Este es un ejemplo de los premios a las formas de vida ejemplar, nombrados premios Nobel Alternativos entregados en el Parlamento sueco un día antes de los oficiales, como respuesta al hecho de que la organización de los Nobel no quiere asumir la incorporación de un nuevo galardón. Cabe mencionar que dicha institución ha incorporado el Nobel de Economía posteriormente  a la creación de los prestigiosos premios. Otro galardón menos conocido en Europa es el de la Fundación Goldman que se otorga cada primavera directamente a activistas perseguidos.
Una razón más para que la justicia ecológica se exprese en el lenguaje de los derechos humanos es que el sistema internacional de derechos humanos resulta más accesible que la mayor parte de marcos legales internacionales. En 1987 los indios Cree del lago Lubicón del estado de Alberta, al norte de Canadá, consiguieron el apoyo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra las prospecciones de gas y petróleo subvencionadas por el estado. Un Pacto Internacional, similar al de los Derechos Civiles y Políticos y al de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que proteja los derechos humanos ambientales iría más lejos. Es lógico, pues, que las inercias y los intereses creados impidan su aparición. Ojalá que no sean necesarias catástrofes para deshacer el embudo actual.
Pero la defensa de la naturaleza puede afectar también a los derechos humanos. Algunos proyectos de conservación ecológica mal planteados han vulnerado los derechos humanos básicos de las comunidades locales, lo que obliga a pensar que deben complementarse los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.
De hecho en cualquier parte puede constatarse que la consciencia ambiental creciente regenera y crea un nuevo sentido de comunidad, más allá de las identidades nacionales y de las fronteras. Integra a su vez la democracia y la justicia como un modo de hacer, decidir, gozar y garantizar los derechos y los deberes humanos. El caso es que las obligaciones no siempre van unidas a los derechos, pero los derechos siempre van unidos a las obligaciones.
En este sentido y retomando la Agenda 21 adoptada en la Cumbre de Río de Janeiro (1992), hay trabajo para todos. Para las administraciones locales, regionales, estatales y continentales; también para los movimientos sociales, de carácter inicialmente reactivo, y las asociaciones ambientales, algunas de las cuales todavía tienen pendiente predicar con el ejemplo para afrontar la falta de democracia y transparencia.
En los primeros párrafos del presente escrito se han utilizado varios conceptos como justicia e injusticia ecológica, derechos ambientales o democracia ambiental. Son términos a los que no estamos acostumbrados, porque ni las administraciones ambientales ni los movimientos sociales, ni los juristas ni los medios de comunicación las utilizan en Cataluña para explicar los conflictos ambientales. La inexistencia de observatorios ambientales o la falta de interés de los que existen tampoco ayuda demasiado.
Así, por ejemplo, no existe un registro de activistas ambientales detenidos, procesados, reprimidos por defender el medio ambiente, ni se realiza un seguimiento público de las normativas del libre acceso a la información ambiental, a pesar de que los síndics de greuges [figura equiparable al Defensor del Pueblo] de la Comunidad Valenciana y de Cataluña constatan quejas sobre la vulneración del libre acceso a la información ambiental en sus informes anuales.
La Guardia Civil especializada en la vigilancia y la protección de la naturaleza (Seprona) detuvo a 491 personas, tramitó 106.896 denuncias y realizó 9.725 informes en 1998. Por lo que respecta a Cataluña, en 1999 se presentaron 3.099 denuncias por agresiones al medio ambiente. Los Mossos d’Esquadra disponen desde 1990 de una Unidad Central de Medio Ambiente que investiga los delitos cometidos contra el medio a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de los juzgados, por iniciativa propia o por instancia de los particulares. Se trata de una unidad de investigación que estudia las conductas delictivas en el área del medio industrial y natural. En 1999 se detuvo a 4 personas y se llevaron a cabo 93 investigaciones.

El abecé de la democracia ambiental

La presentación de la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en el Parlamento de Cataluña el 22 de diciembre de 1999, diez años después del asesinato de Chico Mendes, el líder de los caucheros y miembro del Partido Verde en Chapurí (Acre), la publicación de un boletín por parte del Centro de Estudios de Información Ambiental (CEIA) dedicado a derechos humanos y medio ambiente, coincidiendo con el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y un ciclo de conferencias celebradas en invierno de 1998 en EcoConcern, son los actos más destacados que se han llevado a cabo en Cataluña para dar vida a la democracia ambiental.
No obstante, podríamos introducir en esta tendencia muchos esfuerzos diseminados de los diferentes actores sociales que en el futuro deberán configurar esta conspiración civil, amable, destinada a conseguir una democracia enfrentada al reto de la crisis ambiental y la globalización. Para entendernos, la democracia ambiental es el cinturón de seguridad que necesitamos para emprender este viaje hacia la sostenibilidad con la garantía de que no nos estrellemos.
¿Qué es la democracia ambiental? Esta pregunta tiene una primera definición de catecismo. La escribió Susan Hazen, directora del Departamento de Asistencia Ambiental de la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos. Decía así: «Del mismo modo que los consumidores piden la identificación clara de los alimentos que consumen y los medicamentos que toman, la gente expresa ahora su derecho a saber qué hay en el aire que respiran, en el agua que beben y en la tierra sobre la que viven y juegan.» También se indicaba que este concepto está en evolución permanente. Por lo tanto, podemos decir que como derecho de acceso a la información ambiental, debe entenderse por democracia ambiental el derecho a saber, el derecho a participar y el derecho a corresponsabilizarse.

El derecho a saber

Los derechos ambientales procesales son básicamente el derecho a participar en las decisiones ambientales y el derecho a acceder a la información ambiental, así como el derecho a recursos jurisdiccionales accesibles y efectivos. En el presente artículo no cabe el tratamiento de los mecanismos jurídicos por defender el medio ambiente, pero no puede evitar citar la primera afirmación de un artículo que publicó  la revista Integral sobre el derecho ambiental; artículo que, por cierto, fue el más valorado del año 1998 por los lectores consultados. Se tiene la sensación de que la justicia es como una tela de araña que atrapa a los mosquitos pero deja escapar a los gorriones.
El derecho de acceso a la información ambiental se basa en la Directiva europea de 7 de junio de 1990, relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. Una directiva muy criticada por los ecologistas debido a que sus restricciones se multiplican en la transposición a las respectivas legislaciones de los estados comunitarios, salvo algunas excepciones. Es preciso advertir que el derecho a obtener información de las administraciones no es considerado por la Constitución española un derecho de los denominados fundamentales y que, por lo tanto, no tiene amparo constitucional directo.
La falta de interés de los gobiernos quedó manifiesta con el retraso de la transposición, fuera de plazo. La información no es únicamente los datos disponibles que pueden solicitarse, es mucho más. Aparte de la disponibilidad, es necesario el acceso directo, frágil, gratuito y a tiempo real, si es necesario, y la propia disposición de datos. Pongamos un ejemplo: la Red oficial de Vigilancia de la Radioactividad (Revira) recoge en tiempo real datos de la radioactividad presente en la atmósfera, centrándose en las de Madrid. Estos datos son retenidos para colgarlos con posterioridad en Internet. Es evidente que, en dicho caso, se destinan recursos públicos a congelar el acceso a la información ambiental en tiempo real. De este modo, un ciudadano con acceso a Internet puede saber, en tiempo real, qué grado de actividad existe alrededor de una central nuclear norteamericana pero no en Vandellós, Cofrents o Ascó.
Desde 1978 en Estados Unidos el programa Derecho a conocer aporta información clave sobre instalaciones y lugares específicos. La base de datos Inventario de las Emisiones Tóxicas (TRI) permite acceder a las emisiones a la atmósfera, al aire y al agua, a las cantidades transportadas fuera del lugar de origen para ser tratadas y a las cantidades gestionadas, recicladas, incineradas, etc. de seiscientas sustancias químicas tóxicas.
Existe un chiste en el que hay una persona que está mirando al suelo y otra le pregunta qué busca; la primera le responde lacónicamente que no lo sabe porque todavía no lo ha encontrado. El derecho a la información tiene relación con la pregunta sobre el qué. Si no se poseen unos indicadores consensuados, difícilmente los datos podrán tener mucha importancia, lleven muchos o pocos ceros. La cultura de los indicadores es realmente una expresión democrática importante. Los umbrales, los niveles de alarma, los mecanismos de información, la respuesta ciudadana a las alarmas constituyen instrumentos de una sociedad democrática. La ocultación, en cambio, es un ejemplo de la pervivencia del oscurantismo. De hecho lo que normalmente alarma es la propia ocultación, como recientemente ha ocurrido con la contaminación por nitratos del agua de beber en diferentes comarcas, o la famosa nube radioactiva procedente de Algeciras que se detectó en los Alpes.
La propia Agencia Europea para el Medio Ambiente reconoce que el derecho al medio ambiente pasa por la posibilidad de acceder a una información fiable y comparable. La información ambiental es necesaria en todos los niveles: local, regional, nacional, europeo y global. Conseguir que la información se recoja y fluya a través de todos los ámbitos sociopolíticos no es un trabajo sencillo y puesto que demuestra la experiencia europea, requiere de recursos importantes a todos los niveles. Como casi todas las cosas, es una cuestión, al menos en gran medida, de voluntad política.

El derecho a participar

Es preciso advertir que el derecho a obtener información de las administraciones no se considera por parte de la Constitución un derecho de los denominados fundamentales y que, por lo tanto, tampoco tiene amparo constitucional directo. A pesar de ello, puesto que la información y la participación ciudadana tienen una indudable relación, debe recordarse que la Constitución española (artículos 23.1 y 9.2) reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y la obligación de los poderes públicos de facilitar dicha participación.
No es casual que, por ejemplo, la ley estatal de asociaciones sea aún la franquista o que recientemente se haya reclamado el derecho al acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación públicos anunciado en el artículo 20 de la Constitución española. La Plataforma por el Derecho al Acceso es un ejemplo de esta demanda creciente ante la falta del derecho constitucional y la necesidad de buscar mecanismos públicos que impidan que las energías de los movimientos ecologistas deban manifestarse únicamente en campañas que recurren a la confrontación o a la acción directa espectacular para alcanzar sus objetivos. En definitiva, tal como ocurre con algunos de los participantes de la polémica en torno al desarrollo de la energía eólica en Cataluña, no se trata de marcar un gol sino de saber qué partido estamos jugando.
A estas alturas queda pendiente una revisión de los mecanismos de participación en los ámbitos local, nacional, estatal y europeo. Las denominadas grandezas y miserias de los mecanismos de participación, de la democracia participativa. Escasos y formales la mayoría de veces, se combinan con experimentos aislados bastante aleccionadores. Una democracia avanzada tiene apellidos: municipalista, asociativa, laboral, territorial, consultiva, participativa, de género y sectorial. La democracia sanitaria es, por ejemplo, el conjunto de mecanismos de información, participación y corresponsabilidad necesarios para hacer efectivo el derecho a la salud. El adjetivo ambiental añadido a la democracia es, en mi opinión, algo más que el resultado de una consciencia creciente, imparable, de los límites ambientales, de la crisis y su carácter global visto desde un punto de vista constructivo: es la posibilidad de entrenarnos en un camino complejo, pero no necesariamente complicado, en las propuestas de la regulación concertada. •

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Miserias y grandezas de la participación
Jordi Sánchez
Politólogo. Director adjunto de la Fundación Bofill

Desde sus inicios, la democracia no ha parado de evolucionar. En un futuro no demasiado lejano, la democracia adoptará formas y mecanismos de participación que actualmente no podemos imaginar. Los sistemas políticos deberán disponer de canales de deliberación y participación –también en todo lo referente a las decisiones relacionadas con el medio ambiente– para mejorar el funcionamiento de la democracia.

La implantación de la democracia, tal como actualmente la conocemos, fue lenta en el tiempo y desigual en los territorios. La democracia de que actualmente disfrutamos no responde a un producto diseñado por algunos teóricos en ciertos libros y que varios políticos pusieron en práctica en un momento determinado de la historia. La democracia liberal y representativa de que actualmente disfrutamos es la suma de constantes modificaciones desde finales del siglo XVIII. Modificaciones, algunas de ellas tan profundas, que lo que hoy identificamos como democracia tiene poco que ver con lo que los impulsores de las teorías sobre democracia entendían que debía ser hace 150 años. En este sentido, por ejemplo, no es extraño que nos parezca paradójico el hecho de que los denominados padres de la democracia se manifestasen a mediados del siglo XIX en contra del sufragio universal o que incluso, años después, ya en la segunda mitad del siglo XX, los principales precursores del sufragio universal defendieran el llamado voto cualitativo, que no es nada más que la posibilidad de que el voto de algunas personas (aquellas que poseen estudios o propiedades) tuvieran un valor superior en dos, tres o cuatro veces, al voto del resto de población. Estos ejemplos sirven para reforzar la idea de que la transformación de la práctica democrática en nuestras sociedades ha sido, en sólo 150 años, muy profunda. Tanto que incluso determinadas propuestas, que ni los demócratas más radicales del siglo pasado defendían, hoy no se atreven a cuestionar los elementos más retrógrados de nuestra vida política.
He querido empezar el presente artículo con esta reflexión para predisponer al lector para la idea de que lo que actualmente es la práctica habitual de nuestras democracias no tiene porque serlo de aquí a unos años. Es razonable pensar que en un futuro no muy lejano la democracia adoptará formas y mecanismos de participación que ni siquiera los más osados actualmente pueden pensar. No solo por las consecuencias que la revolución digital tendrá sobre nosotros y sobre el funcionamiento de nuestras sociedades sino también porque nuestra sociedad es cada vez más madura y está más formada y más informada. Estas características implican que la exigencia ciudadana también haya incrementado en todo lo referente a la percepción y relación con las instituciones de gobierno. Mantener el juego democrático únicamente en un conjunto de normas y procedimientos con el objetivo de escoger las personas que nos deberán representar y gobernar, es menospreciar un potencial que podemos definir perfectamente como propio de nuestra civilización. La democracia, en el futuro inmediato, deberá estar preparada para dar respuesta a aquellas personas que ya no se conforman únicamente con la posibilidad de participar en la elección de los gobernantes. Las políticas del siglo XXI no se podrán pensar sino es a partir de una posibilidad real de participación de la ciudadanía en su diseño. Esta afirmación no nos debe inducir a pensar que la ciudadanía estará permanentemente activa en los procesos de deliberación política. Esta es una posibilidad que, sin lugar a dudas, se nos presenta como poco probable, pero no exime a los sistemas políticos democráticos de disponer de canales de deliberación y participación más numerosos y bien delimitados para que la ciudadanía los utilice fácilmente cuando lo crea oportuno. El futuro de la democracia en nuestras sociedades pasa por dar por concluida la etapa de la cultura del cheque en blanco, en que, de hecho, se convertía la participación electoral. Es preciso impulsar un modelo en que las posibilidades de participación sean mucho más variadas que las actuales, visibles y accesibles para la población en general.

1. La crisis de la participación

1.1 La participación electoral
Es un hecho que la demanda de una democracia más participativa choca, como mínimo aparentemente, con la realidad social y política. Ésta parece decantarse hacia una escasa participación e implicación de los individuos con todo lo referente a la cosa pública. Es un hecho constatable en todos los países que desde hace unas décadas la masa crítica social interesada e implicada en la actividad política se ha ido reduciendo. Existen diferentes variables que así nos lo indican. Uno de los datos más sorprendentes de esta tendencia lo tenemos en los indicadores de participación electoral. Como podemos observar en la Tabla 1, la participación electoral en Cataluña se ha ido reduciendo de forma progresiva desde 1977 y en general para todos los tipos de elecciones realizadas.
La tabla 2 pone de manifiesto el incremento producido en la abstención de las convocatorias electorales. Si establecemos dos períodos, el primero hasta 1998 y el segundo desde 1989 hasta el 2000, y comparamos las respectivas medias de abstención podremos constatar el descenso de participación. El incremento de la media de abstención es casi de 7 puntos, el nivel realmente relevante y que nos diagnostica un creciente desinterés y desencuentro entre la ciudadanía y la actividad política. Es cierto que algunos autores, especialmente norteamericanos, hacen una lectura de la abstención radicalmente opuesta, en el sentido de que la interpretan como una aceptación tácita del gobierno. Es decir, no votamos porque no hay motivo para ello ya que todo va bien. Sin embargo no es esta la interpretación más común que se hace sobre la abstención en el continente europeo. Mayoritariamente la abstención, como demuestran las valoraciones que se llevan a cabo inmediatamente después de la jornada electoral, se considera negativa porque expresa desinterés.

1.2 La participación cívica
Este desinterés también lo encontramos cuando analizamos otras formas de participación que no implican una asistencia a las urnas. La participación asociativa es, muy probablemente, el otro gran indicador utilizado para medir la vitalidad participativa de una comunidad, en el sentido de que las sociedades con mayor tejido asociativo cívico deben considerarse mucho más participativas. Cataluña ha sido considerada tradicionalmente una sociedad con un sector asociativo fuerte y dinámico. Esta afirmación era especialmente cierta cuando el punto de comparación era el resto de España, aunque una comparación con la mayoría de sociedades europeas, especialmente las de base cultural protestante, situaba a Cataluña muy por debajo en cuanto a densidad asociativa. Pero en los últimos años también se ha empezado a cuestionar la superioridad del capital social catalán relación al resto del Estado. Varios estudios se han encargado de mostrar otra versión según la cual la realidad asociativa en estos momentos en Cataluña no es tan rica como algunas voces podrían hacer creer, hasta el punto de que se empieza a hablar de un cierto estancamiento del asociacionismo en general.
En verdad existe un hecho incuestionable como es la baja penetración social de determinadas organizaciones, no solo las formaciones políticas y sindicales que disponen de niveles de afiliación muy inferiores a los que disponen organizaciones similares en el resto de Europa, sino que también el asociacionismo cívico no es especialmente elevado. «En Cataluña, la tasa de afiliación a asociaciones es similar a la del resto del Estado. Esto significa que no somos ni la zona que tiene menos afiliados a asociaciones ni la que tiene más. Si nos comparamos con Europa, nuestra realidad asociativa es baja y se asimila a la participación de Grecia e Italia, los países que tienen un índice de asociación más reducido.»1 Otro estudio impulsado por la Fundación Encuentro, esta vez centrado en el ámbito de todo el Estado, pone de manifiesto cómo Cataluña ha pasado de un porcentaje del 19,2 del asociacionismo existente en 1979, a disponer de un 15,4% en 1997. Por consiguiente, el escenario en torno a la participación en el tejido asociativo no es excesivamente esperanzador. De hecho si dispusiéramos de datos referentes al asociacionismo sociopolítico, el resultado sería, con toda seguridad, más negativo. El único indicador del que disponemos sobre ello son datos de opinión pública realizados por estudios encargados por varios organismos que evalúan las actitudes de la ciudadanía sobre la política con una cierta periodicidad. Existe una coincidencia entre todos estos estudios en el hecho de que entre un 70 y un 75% de los encuestados afirma que la política les interesa entre poco y nada, mientras que sólo un 5% manifiesta un interés elevado por la política2.
He indicado todos estos elementos porque a menudo son utilizados como argumentos para frenar posibles reformas de nuestro sistema democrático y hacerlo más participativo. Sin embargo, y sin negar consistencia a la afirmación que no se necesitan más espacios de participación sino se aprovechan los existentes, se puede argumentar en dirección contraria, es decir, que la participación política es baja y el desinterés elevado porque la sociedad ha ido perdiendo confianza en los actores políticos a causa de la gran distancia y la poca transparencia que éstos han establecido con la sociedad. El hecho es que la democracia, tal como actualmente la conocemos y la practicamos, no atrae a importantes sectores de la población. El sistema democrático actual no invita a participar, no cuenta con canales de participación más allá de la celebración casi litúrgica de las votaciones. Así, puede parecer evidente que una amplia representación de nuestra sociedad no se sienta invitada a participar en la democracia. En la medida en que pocas cosas invitan al ciudadano actual a sentirse actor en el proceso político, no debería extrañarnos el hecho de que el ciudadano mire la política desde una indiferencia notable. En este punto es preciso remarcar que esta tendencia a la despreocupación política no se puede confundir con un alejamiento de los principios democráticos más elementales por parte de la sociedad, principios que rigen la organización de nuestra sociedad.
Los valores democráticos son ampliamente compartidos. Lo que no se comparte es el funcionamiento del sistema, considerado excesivamente distante y muy poco atento con los nuevos estilos y con las nuevas demandas que se manifiestan especialmente entre la población joven. Nuestras sociedades evolucionan progresivamente hacia sistemas de valores y actitudes sensiblemente diferentes a los que se han dado durante buena parte del siglo XX. Algunos autores han descrito este proceso como una auténtica revolución silenciosa que, aunque aparentemente nada cambia (no son visibles los procesos de cambios radicales en los órdenes establecidos realizados en nuestras sociedades), se está produciendo una progresiva sustitución de valores y actitudes, hasta ahora claramente hegemónicos, por otros de nuevos. Estos cambios están protagonizados en buena parte por las nuevas generaciones en su proceso de incorporación a la vida adulta. Esta nueva forma de ver y concebir el mundo3 comporta, entre otros aspectos, cuestionar los funcionamientos de estructuras jerárquicas y aspirar a un mayor protagonismo y participación. Una muestra de ello la podríamos observar en la aparición de los nuevos movimientos sociales y en la expansión de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG). Los más críticos y más inquietos de la sociedad (una minoría en su conjunto) son los que protagonizan la eclosión de nuevas formas organizativas; el resto, una clara mayoría, vive la política desde fuera y desde una actitud que considera que nada de lo que discuten, deciden y llevan a cabo las instituciones les afecta y, en consecuencia, no les interesa.
Probablemente este es el gran fracaso de nuestra democracia: el hecho de no haber alcanzado una complicidad entre gobernante y gobernado. Una complicidad que haga sentir al ciudadano cualquier tema colectivo como propio. Se ha perdido la batalla de la virtud cívica, aquella que se define por una preocupación compartida en torno al interés común. Recuperarla, es, probablemente, uno de los requisitos para poder conseguir una democracia renovada. Porque cuando afirmamos que la virtud cívica debe recuperarse nos referimos a encontrar instrumentos para fortalecer la democracia. Norberto Bobbio, el gran pensador y ensayista italiano, resumía a la perfección en una entrevista publicada hace unos años, la idea de que la democracia necesita una ciudadanía implicada en los asuntos colectivos cuando afirmaba que «una democracia es mucho más fuerte cuanto más se basa en ciudadanos activos, que se toman seriamente los problemas de la convivencia libre y pacífica. El aumento de ciudadanos pasivos en un estado democrático es señal de que aumenta la fractura entre gobernante y gobernado»4

2.- El debate sobre la participación: algunos elementos para la reflexión

La participación ciudadana, a pesar de lo que se puedapensar, no siempre goza de buena prensa. El funcionamiento de nuestras instituciones, por un lado, determina y condiciona las pautas de comportamiento –el peso de la tradición– y la complejidad de muchas de las decisiones políticas que estas instituciones deben tomar, por otro lado, justifican reducir el círculo del núcleo decisorio –el peso del tecnicismo. Ambos factores provocan que circulen ideas abiertamente contrarias o, como mínimo, escépticas a las posiciones reformistas que buscan nuevos espacios de participación ciudadana. Joan Subirats5, en un artículo publicado a principios de 1998, indicaba una serie de argumentaciones que previenen de la supuesta bondad de la participación o del acriticismo que a menudo acompaña las propuestas participativas. Las prevenciones remarcadas por Subirats se recogen en el cuadro1.

Cuadro 1. Algunos argumentos contra la participación

- La participación aumenta la lentitud en la toma de decisiones. El hecho de consultar más gente comporta, poco o mucho, tener que aceptar más puntos de vista, que no hacen más que alargar y complicar el proceso.
La participación aumenta los costes de las decisiones. La participación ciudadana comporta en todos los casos un aumento del tiempo invertido en el proceso y muchas veces la incorporación de nuevos puntos de vista obliga a modificar proyectos. Estos dos aspectos (tiempo y más recursos) implican un mayor gasto.
- La participación no incorpora un valor añadido a la decisión. El hecho de que los conocimientos de las personas no sean específicos de los temas sobre los que debe tomarse una decisión, comporta la inexistencia de un valor añadido en la participación y la no mejora técnica de la decisión a tomar.
- La participación provoca un exceso de particularismo. Abrir el proceso a la participación genera la aparición de visiones excesivamente particularistas de los participantes en el debate. La gente que participa tiende a dar prioridad a sus intereses en detrimento de los intereses generales. Sólo las instituciones y sus representantes pueden garantizar la defensa de los intereses generales de la sociedad en la toma de decisiones.
- La participación sólo tiene en cuenta el corto plazo. La inmediatez es lo que guía la defensa de los intereses particulares y esto sitúa cualquier discusión en un escenario de corto plazo, e impide otras posibilidades a medio o largo plazo que probablemente son mucho más beneficiosas para el interés general.
- La participación erosiona instituciones y partidos. Los procesos participativos al margen de los canales representativos alimentan la desconfianza en las instituciones tradicionales y los partidos presentes.

Es obvio que no faltan motivos para desestimar nuevos procesos de participación y también que la fuerza de la tradición nos empuja a proseguir con la plena vigencia de las vías representativas, sin necesidad de introducir nuevos procesos participativos. Pero el debate sobre la salud y el futuro de nuestras democracias está abierto y eso permite pensar que aparecerán propuestas enriquecedoras que complementarán los sistemas actualmente vigentes.

2.1 Algunos razonamientos a favor de la participación

A) El exceso de tutela de los gobernantes
La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que un grupo de personas considera que dispone de unos conocimientos y unas habilidades superiores a los del resto de mortales y que esto debería permitirles gozar sin demasiadas discusiones del gobierno de la comunidad desde donde podrán ejercer, gracias a sus conocimientos, con más precisión y acierto la función de gobernar. Es decir, en esta postura se expresa una negativa clara a que la mayoría de la población sea competente para gobernarse. Es curioso señalar cómo estos argumentos, utilizados históricamente para negar el derecho al sufragio universal, son hoy nuevamente utilizados para dificultar la abertura de procesos participativos. Los intentos actuales de tutela provienen de una parte de los integrantes de la clase política, que defienden encarnizadamente una posición personal desde la que se mueven con una cierta comodidad y que, en consecuencia, no quieren correr el riesgo de modificar. También proceden de otro sector, representante de un cuerpo de la administración, con una formación técnica cualificada y, sobre todo, con una capacidad de control sobre todos los procesos burocráticos al que otorgan un poder sobredimensionado y fuera, muchas veces, de cualquier tipo de control democrático. Aunque revestido de un discurso de apariencia democrática y de una pretendida solvencia profesional, la verdad es que muchas veces nos encontramos ante una resistencia al cambio en los procedimientos habituales de toma de decisión, lo que se explica por la adhesión a la tradición del funcionamiento de nuestras democracias representativas.
Las decisiones políticas no dependen sólo de conocimientos técnicos. Es evidente que los actos del gobierno y las decisiones políticas no son equivalentes a acciones de rigor científico. En intensidades diferentes, según la decisión, cualquier acto político comporta la priorización de unos valores frente a otros y de una posición donde los criterios científicos pueden tener un peso pero, en ningún caso, son los únicos que deben tenerse en cuenta.
Es preciso considerar a las personas adultas aptas para tomar decisiones. Si aceptamos que las decisiones políticas no dependen de criterios científicos ni técnicos y a su vez, aceptamos la existencia de un principio de igualdad como característica constitutiva de nuestras sociedades, deberemos asumir que, en principio, no existe persona o grupo de personas que disponga de una virtud especial que les permita aspirar a gobernar y a tomar decisiones sin el concurso de la ciudadanía.

B) El espejismo de la eficiencia
El discurso economicista domina buena parte de las actuaciones de nuestras instituciones. Entre los recursos más utilizados a la hora de justificar determinadas decisiones está el del principio de eficiencia. Es cierto que en igualdad de condiciones es preciso tender siempre a priorizar el camino que representa un coste económico inferior si también garantiza la consecución de los objetivos propuestos. Sin embargo, en política, muchas veces los costes se generan por una capacidad insuficiente de interpretar las demandas sociales sobre una cuestión determinada y también por la no construcción del consenso en el momento de buscar soluciones.
La eficiencia no está reñida con los procesos participativos. La posibilidad de vertebrar procesos deliberativos sobre cuestiones determinadas que requieren una decisión, hace posible construir colectivamente una visión del problema que debe permitir llegar más fácilmente  a compartir soluciones.
Una solución impuesta tiende a corto plazo a ser menos eficiente que una consensuada. Decisiones que sólo se basan en una visión del problema y no integran otros puntos de vista o que priorizan una respuesta tecnicista que ha menospreciado percepciones sociales sobre posibles alternativas, pueden generar reacciones que obliguen a afrontar costes desorbitados y que acaben convirtiendo la decisión tomada en una decisión plenamente ineficiente.

C) El error de la suficiencia
La democracia representativa funciona sobre mecanismos de delegación. En consecuencia las instituciones elegidas disponen de una legitimidad formal incuestionable para tomar todo tipo de decisiones sobre las que tengan competencia legal. En el juego político se tiende (cada vez menos, afortunadamente) a que las instituciones y sus representantes (que a su vez son los nuestros) actúen con un exceso de suficiencia que los lleva a negar la creación de espacios para el debate y la participación ciudadana. Entender que la participación ciudadana choca con los intereses de las instituciones democráticas y sus representantes es tanto como exigir al ciudadano que se limite a votar y a no interferir para nada en el proceso político.
La participación ciudadana puede ser un buen complemento para el funcionamiento de la democracia representativa. Los procesos de participación no tienen porque ser asimilados a un modelo de democracia directa que eluda la representatividad. No se cuestiona la existencia de instituciones de representación, sino el uso excluyente que se da al debate político.
Los partidos tienen una función central en el sistema político democrático, pero en ningún caso disponen de un monopolio en la acción política. Los partidos desempeñan una función muy importante puesto que canalizan las voluntades de representación ciudadana hacia las instituciones y tienen la responsabilidad de seleccionar gobernantes y presentar propuestas de gobierno. La rigidez con la que han actuado y la despreocupación por recoger las nuevas demandas sociales han originado, entre otros aspectos, que estas organizaciones entraran en crisis. La aparición de nuevas formas de organización social que tienen voluntad de incidencia política ha originado una cierta competencia. Al margen de otras consideraciones, pone en evidencia que en la acción política existen otros actores, a parte de los partidos, que también deben tenerse en cuenta.

3. Las bases para una democracia más participada: una apuesta por la deliberación

Pensar en una democracia más participada equivale a facilitar, de forma efectiva, más poder a los ciudadanos. No obstante, no se trata de dar más poder centrado exclusivamente en mecanismos de decisión (votación, referendos). Estos, obviamente, deberán estar presentes, pero la gran oportunidad de que disponemos actualmente y que no teníamos hace unas cuantas décadas, es la de construir una democracia donde el ciudadano disponga de más elementos de reflexión que le ayuden a formar su opinión.
La afirmación de que actualmente disponemos de unos canales para transmitir y acceder a todo tipo de información que abren grandes expectativas en muchos campos, entre ellos en el del debate político, puede parecer, en plena efervescencia de la sociedad de la información, una obviedad. También es cierto que, como ya he indicado anteriormente al inicio del presente escrito, nunca nuestras sociedades habían dispuesto de tanta gente tan instruida como disponemos en estos momentos. La capacidad de acceder a la información, procesarla y contrastarla de una parte importante de la población es muy grande. Y eso nos predispone a pensar en el gran potencial que esconde tras de sí para dar paso a nuevas experiencias de participación ciudadana.
A diferencia de hace 70 u 80 años, hoy en día el ahondamiento democrático ya no pasa por la consecución del sufragio universal. El sufragio está interiorizado en nuestra sociedad y forma parte de una práctica habitual y es normal, en consecuencia, que se planteen nuevos retos. Probablemente el más atractivo es convertir la democracia en un auténtico proceso deliberativo. Es cierto, como apunta Fishkin6, que uno de los grandes retos que afrontan actualmente nuestras democracias es el de combinar el ahondamiento de la igualdad política entre todos los ciudadanos con el fomento de los procesos deliberativos. Como mínimo, aparentemente, la potenciación de una opción parece ir en detrimento de la otra. Las exigencias de un tamaño reducido del demos para poder profundizar en aspectos deliberativos atenta directamente contra la igualdad política de la ciudadanía. Pero a su vez somos conscientes de que la complejidad que muchas veces se esconde detrás de las cuestiones planteadas a la ciudadanía o los problemas que se pueden plantear, requieren un proceso reflexivo para poder emitir una opinión sólida. Es evidente que una deliberación en masa del conjunto de la población es materialmente imposible con los recursos de que se dispone en estos momentos y muy difícilmente las nuevas tecnologías podrán resolver de un modo satisfactorio esta cuestión a corto o medio plazo. Aun así, existen propuestas elaboradas por eminentes profesores y estudiosos de la democracia que proponen la realización de procesos deliberativos multitudinarios interconectados a través de redes digitales a lo largo de un periodo importante (1 año)7. Otras propuestas, anteriores a las de Robert Dahl, han avanzado en la línea de concretar posibles asambleas municipales electrónicas considerando que las posiciones razonadas, informadas y ampliamente compartidas necesitan dialogar. El proyecto denominado Minerva, en una clara referencia a la diosa de la sabiduría política, es donde Etzioni desarrolla las especificaciones para estas asambleas8. En cualquier caso, la cuestión es cómo hacer compatible la igualdad política y la deliberación. Este no es, por cierto, un problema de nueva creación. En la democracia griega, la primera comunidad de la que tenemos conocimiento que utilizó la democracia, ya se plantearon problemas similares. En Grecia, contrariamente a lo que se acostumbra a pensar, la Asamblea no era el principal instrumento de gobierno. La tan mencionada democracia directa de Atenas supeditaba la propia Asamblea a las decisiones que podía establecer un grupo reducido de ciudadanos escogidos mediante sorteo, y que integraban a los denominados juristas. No eran tribunales en sentido moderno, sino cuerpos representativos del conjunto de la polis que introdujeron un proceso deliberativo, que nunca se hubiese dado en el marco de la Asamblea.
Incluir la deliberación como criterio en los procesos participativos, es, pues, una demanda que tiene amplios puntos de apoyo. En nuestro entorno más inmediato han empezado a darse experiencias en que se han impulsado mecanismos de participación que incorporan estos elementos. Los más importantes han sido los consejos ciudadanos, una variante de jurados ciudadanos, donde personas elegidas al azar entre la población son inmersas en una dinámica de información-reflexión-debate-opinión. La metodología responde claramente a una intencionalidad deliberativa, aunque al final del proceso también se busca que se dé la opinión. Esto tipo de experiencias se han realizado de forma limitada tanto en Cataluña como en otras sociedades del entorno. Alemania, Gran Bretaña y, con ciertas diferencias de objetivos y metodologías, Estados Unidos han vivido varias experiencias de participación bajo esta variante de jurados ciudadanos. Es cierto que se pueden percibir como excesivamente experimentales y en cierto modo artificiales dentro del conjunto de la actividad política democrática de una sociedad. Uno de los elementos que suscita discusiones en torno a los consejos ciudadanos o a cualquier otro mecanismo que metodológicamente descanse sobre el principio de una selección aleatoria de ciudadanos que serán sometidos a un proceso de información previo a la emisión de opinión, es hasta qué punto el veredicto resultante se puede considerar representativo de la población. En primer lugar porque estamos hablando de un número de personas participantes que es muy reducido con referencia al conjunto de la población. Este hecho ya nos conduce a negar a algunos que la propia muestra sea representativa. En segundo lugar porque el proceso mediante el cual llegan a emitir la opinión es tan poco habitual y comporta la asunción de tanta información previa que sitúa a los participantes en un nivel de conocimiento del tema que en ningún caso es equiparable al que tiene el resto de la población. Por lo tanto, el resultado no puede ser en ningún caso, afirman, representativo de la opinión de la totalidad de la ciudadanía.
Estas críticas son razonables, aunque a mi entender no deslegitiman estos procesos, ya que precisamente lo que buscan es disponer de  nuevos instrumentos que aporten un equilibrio al insatisfactorio funcionamiento del sistema. En defensa del modelo de los jurados de ciudadanos, cabe mencionar que en principio no buscan una representatividad del conjunto de la población, sino cómo hacer posible que grupos de ciudadanos no profesionalizados políticamente puedan implicarse en la discusión y resolución de cuestiones que afectan a la comunidad, y además realizarlo teniendo conocimientos suficientes para poder emitir una opinión razonada. Las experiencias realizadas hasta ahora en Cataluña (Rubí, 1997; St. Quirze del Vallès 1997; Calafell, 1998; Corbera, 1998; Montornès del Vallès, 1998 y 1999) se pueden considerar bastante positivas en la medida que tanto el proceso como la aceptación por parte del entorno en cada uno de los municipios mencionados, la capacidad de los participantes de implicarse y asumir responsable y satisfactoriamente la función para la que fueron escogidos, han sido satisfactorios.
Existen varios mecanismos de participación ciudadana9 y sería un error intentar reducir la participación a un único modelo. El propio sistema prevé algunas posibilidades como los referendos, la iniciativa legislativa popular, las comisiones asesoras y las audiencias públicas que pueden contrarrestar la tendencia del propio sistema a hacerse excesivamente distante y opaco a la ciudadanía. Es cierto que la gran diferencia entre los sistemas que hoy ya prevé la legalidad y las experiencias, que empiezan a impulsar algunas instituciones, básicamente locales, es que éstas incorporan procesos deliberativos. Permitir que estos se consoliden y que vayan ganando terreno puede ser una buena opción para mejorar el funcionamiento de nuestras democracias. •

 Notas

1 Fundación Ferrer i Guàrdia (1999) Joves i participació a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departamento de Cultura (pág. 157).
2 Se disponen de varios estudios sobre la cultura política donde se pueden consultar estos datos. Para todo el Estado, el CIS es quien dispone de una serie de datos donde se puede analizar la evolución de este y de otros indicadores (http:/www.cis.es). En Cataluña es el ICPS quien ha realizado con periodicidad estos estudios. Pueden consultarse en la colección Sondeig d’Opinió que publica anualmente el ICPS. Un análisis sobre estos datos se puede consultar en los siguientes artículos:    • Maestro, Jesús (1998). «La Cultura política dels catalans» En El sistema polític de Catalunya. M. Caminal y J. Matas (ed.), Barcelona,  Tecnos, Edicions UB y Servei Publicacions UAB. (pág. 79-101).  • Sánchez, Jordi (1998) «Identitats col·lectives i cultura cívica dels catalans» En La Societat Catalana, S. Giner (ed). Barcelona: Generalitat de Catalunya (pág. 1108-1121).
3  Estos valores han sido definidos como valores postmaterialistas. Un ahondamiento de esta teoría se puede encontrar en R. Inglehart (1991) La revolución silenciosa. El cambio en las sociedades postindustriales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
4 Entrevista a Norberto Bobbio, publicada en el cuaderno Babelia- El País, el 11 de julio de 1998 (pág. 8-10).
5 Subirats, Joan (1998) «Nous mecanismes participatius i democràcia: promeses i amenaces». En revista Àmbits, enero 1998, Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología (pág. 20-24).
6 Fishkin, J. (1995) Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática. Barcelona, Ed. Ariel.
7 Dahl, R. (1992) La democracia y sus críticos.  Barcelona: Ed. Paidós.
8 Etzioni, Amitai (1972) «Minerva: An electronic Town Hall» En Policy Sciences 3 (pág. 457-474).
9 Font, Núria (1998) Democràcia i participació ciutadana. Barcelona: Ed. Mediterrània, Fundación Jaume Bofill.

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La información ambiental en la sociedad democrática del conocimiento
Pere Torres
Biólogo. Director General de Promoción y Educación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya

“La administración no tiene nada que ver con adivinar sino con saber. Los que ocupan cargos de responsabilidad deben poseer la información que necesitan para tomar decisiones acertadas.” Al Gore

La democracia ambiental reclama una participación amplia y representativa de la estructura social. El artículo profundiza en el concepto de información y en la responsabilidad de cada uno de los agentes sociales a la hora de hacer accesible la información ambiental. Posibilitar un conocimiento suficiente y válido, con la contribución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es el modo de movilizar la sociedad hacia la sostenibilidad.

Afirmar que entramos en la sociedad de la información es, seguramente, una trivialidad. Como debe serlo decir que queremos avanzar hacia el desarrollo sostenible. Es una trivialidad porque no aportamos nada nuevo, ni en un caso ni en el otro. No anunciamos un concepto original –el término ya forma parte del lenguaje común de políticos, expertos, periodistas, líderes de opinión, técnicos, etc.– ni revelamos claramente el significado práctico. El momento actual obliga a ir más allá de las formulaciones conceptuales esenciales y a fijarnos más en la praxis. Repetir constantemente, siempre y por todos los canales, que llega la sociedad de la información no nos prepara necesariamente para comprender la profundidad de la transformación que vivirá el mundo que conocemos.
De hecho, a lo mejor no sabemos muy bien cuál es el sentido último de la información. El matemático Keith Devlin asegura que nuestra comprensión actual de la información es comparable a la que tenía del hierro el hombre de la edad del hierro1. El desconocimiento de qué era el hierro no impidió su uso práctico ni que se desarrollara una notoria tecnología basada en dicho metal. Es concebible, pues, que nos encontremos actualmente en una situación análoga; es decir, que nuestra capacidad de utilizar la información esté por delante del descubrimiento de su significado real2.
Por este motivo, parece lógica la sentencia de Kevin Kelly, editor ejecutivo de la revista Wired, según la cual el suceso central del siglo XXI será la demolición de la información. Él mismo lo reconoce parafraseando a George Gilder, un analista de tecnologías bastante peculiar dada su posición ultraconservadora3, que asegura que el acontecimiento central del siglo XX ha sido la demolición de la materia. Por lo tanto, para entender a Kelly, debemos entender a Gilder. Intentémoslo.
Este autor considera que, durante el siglo XX, se ha llegado a controlar la materia en el sentido de que ya no constituye una barrera para el progreso tecnológico. Es un salto que se había realizado anteriormente con la energía. Kelly cree que ahora se producirá lo mismo con la información4. Además de inevitable, es un salto necesario, porque circula más información de la aprehensible y, en consecuencia, existe el riesgo de que alcance un nivel desbordante, tóxico para el sistema.
Es una situación problemática en muchos aspectos, pero podemos destacar el educativo. Algunos pedagogos ya han advertido que los niños nunca habían recibido tanta información sin haberla filtrado antes los adultos cercanos (profesores o familiares). ¿Tendrá un efecto en el funcionamiento futuro de la sociedad? No lo sabemos porque es una experiencia nueva. Sin embargo, justifica que el gran esfuerzo del nuevo siglo sea domesticar la información del mismo modo que se ha domesticado la energía y la materia en el pasado.
En cualquier caso, debemos preguntarnos sobre las implicaciones que la sociedad de la información tendrá en la configuración del sistema democrático y, en especial, de lo que podríamos denominar la democracia ambiental, que es, en definitiva, un modo de concebir la implicación y la participación sociales en el conocimiento real del mundo y en la toma de decisiones desde este conocimiento. No es una idea nueva. Uno de los padres de la independencia americana, James Madison, decía: un gobierno del pueblo sin información para el pueblo o sin los medios de conseguirla no es sino un prólogo a la farsa o a la tragedia o a ambas cosas.
No se puede negar que, actualmente, disponemos de expertos y de políticos que son capaces de definir y aplicar estrategias de gobierno sobre la base del conocimiento y, específicamente, del conocimiento ambiental. Sin embargo no se puede ni se debe cambiar el paradigma social y el modelo de desarrollo desde la minoría, por selecta que sea.
Existe una distinción clásica entre el saber individual y el saber social, en el sentido de que los conocimientos de cada individuo son limitados pero, en cambio, los conocimientos del conjunto de la sociedad son extraordinariamente amplios5. Actualmente se toman las decisiones importantes basándose en el saber social, en manos de la elite científica y técnica. Es un paso hacia delante para gobernar con eficacia e, incluso, con sensibilidad, pero la democracia ambiental exige aproximar el saber individual al saber social en un abanico de temas esenciales, de modo que la comprensión de los problemas y la participación en las soluciones se produce en el centro de la sociedad y no solo en la periferia.
En la democracia ambiental, debe construirse una red espesa de interconexiones entre los gobiernos y los ciudadanos. No basta con que los gobiernos sean el fruto de elecciones libres periódicas. En muchos temas, la legitimidad para tomar decisiones que otorga la representatividad parlamentaria debe subordinarse al impulso de procesos de codecisión y de coejecución con la sociedad. Llevarlo a cabo no es necesariamente sencillo. Existen muchas minas ocultas que pueden provocar el fracaso. Mencionemos dos.
1. La participación debe ser real. Los procesos de codecisión experimentados suelen ser voluntarios y voluntaristas. Se apuntan los que tienen una actitud más prosocial, aquellos que ejercen militancia en algún ámbito y aquellos que quieren defender algún interés determinado. Cuantitativamente –y, en algunas ocasiones, cualitativamente– equivalen a una delgada franja de la sociedad. Que no se entienda este comentario como un menosprecio hacia las personas que se involucran en estos procesos. Al contrario, su compromiso y su disponibilidad son dignos de elogio, pero la democracia ambiental reclama una participación más amplia, más representativa de la estructura social.
Por lo tanto una primera mina es que la democracia ambiental se limite a los aspectos formales –aquellos que permiten la participación– en lugar de incidir en los estructurales –aquellos que estimulan y garantizan la participación real de la sociedad. Sin embargo, la reflexión sobre esta cuestión supera el propósito del presente artículo.
2. Otra mina es que el proceso no sea un proceso basado en la información (information-based process) sino en la intuición o el prejuicio. Éste será el problema que desarrollaremos a continuación. En primer lugar, analizaremos las características que debe tener la información ambiental.  Acto seguido nos preocuparemos del uso de la información por las organizaciones, esencialmente las empresas y las administraciones públicas.
Una observación introductoria más: en la formación de la sociedad del conocimiento, suele observarse una primera fase en la que se concentran los esfuerzos públicos y privados en la distribución del conocimiento, es decir, en la creación de algunas infraestructuras suficientes de comunicación que permitan el acceso libre e igualitario de los ciudadanos a la información. Es la fase en la que sobresalen las tecnologías y las redes. Es una etapa bastante atractiva porque sólo es necesaria una inversión en logística y, en cambio, los resultados son palpables. Evidentemente se presta mucha atención y se hace mucha publicidad. El mismo libro verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información, que ha elaborado la Comisión Europea6, después de realizar unas reflexiones generales sobre principios y derechos, se centra rápidamente en los aspectos funcionales.
En una segunda fase, sin embargo, la acción debe orientarse más hacia los contenidos, de modo que propicie un aprendizaje activo a lo largo de toda la vida, recurrente y flexible. La sociedad de la información debe ser, ante todo, una sociedad del aprendizaje, tanto en el ámbito profesional como en el cívico. La continua sorpresa que nos ofrecen las nuevas tecnologías no debería hacernos olvidar que sólo son herramientas. Pero su espectacularidad podría distraernos. Como se ha evidenciado, la metáfora no solo describe sino que da forma a nuestra relación con la tecnología7. Si observamos la tecnología como un sistema global, acabaremos atrapados en su interior. En cambio, si la observamos como una herramienta, la podremos controlar. Es un ejercicio más delicado porque una herramienta sólo tiene sentido y utilidad cuando se sabe cómo y, sobre todo, para qué sirve.

Breve análisis de la información

Es conveniente distinguir dos conceptos diferentes que a menudo se mezclan y se confunden en el lenguaje común: información y conocimiento. Distingámoslo a partir de definiciones de autoridad aportadas por Manuel Castells8:
1. Información son los datos que se han organizado y comunicado (Marc Porat).
2. Conocimiento es una serie de afirmaciones organizadas de hechos o ideas (de datos, pues) que presentan un juicio razonable o un resultado experimental, que se transmite a las demás personas a través de un medio de modo sistemático (Daniel Bell).
La base, pues, son los datos, que se organizan de un modo comunicable para convertirse en información. La interpretación de esta información para que se convierta en tesis, por humilde que sea, es el paso hacia el conocimiento, que es una actividad generadora de nuevos datos, de modo que se crea un ciclo autoalimentable, tal como muestra la figura 1.
En el presente artículo, nos centraremos en la información y no en el conocimiento, aunque el horizonte de cualquier política informativa debe ser el conocimiento. De hecho la pregunta que desearíamos responder es cómo debe ser la información ambiental para que posibilite el conocimiento necesario, suficiente y válido para que la sociedad en su conjunto reaccione de modo que sea más factible el desarrollo sostenible.
De este modo, en la difusión de la información conviene distinguir dos variables:
– cantidad de la información
– valor de la información
Pueden darse diferentes situaciones, tal como muestra la figura 2. La combinación más recomendable es aquella que proporciona información de mucha calidad, es decir, la de mayor valor con menos cantidad. En cambio, la información de menos calidad –porque es excesiva o de escaso valor– puede erosionar la participación abierta de los diversos grupos sociales y la cuestión sistemática del funcionamiento y de las futuras iniciativas del emisor.
Algunas de las características que determinan la calidad de la información son las siguientes:
1. Relevancia. Sólo es útil aquella información que aporta valor a la cuestión que quiere resolverse en cada momento. Si no se selecciona adecuadamente la información ambiental necesaria para cada decisión, la tendencia natural es dejarla de lado y se acaba adquiriendo el hábito de prescindir de ella.
2. Pluralidad. La pluralidad informativa es esencial para la democracia. Aunque corresponde a las autoridades públicas validar los datos ambientales, es imprescindible la existencia de fuentes de información variadas y diferentes. Estas autoridades ambientales deben estar interesadas en disponer de varias fuentes. Aunque con la pluralidad resulte inevitable que circule información de baja calidad, es preferible este riesgo –que, a la larga, debería repercutir negativamente en la fuente de la mencionada información– que la tentación del monopolio informativo.
3. Comprensibilidad. El lenguaje desempeña un papel importante. Por ejemplo, una experiencia piloto mostraba cómo la gente comprendía mejor la depuración de los gases cuando, en lugar de hablar de fregadores o lavadoras, se expresaba claramente que se extraían los contaminantes de los gases para transferirlos a un residuo sólido9. Si no se piensa en cada caso cuál es el bagaje de conocimientos o de intereses de los destinatarios de la información, el proceso informativo puede ser nulo o, incluso, contraproducente.
4. Representatividad. Ante la abundancia de datos, la información gana calidad cuando se escoge los representativos y, además, se especifica claramente si se trata de una información resultado de la medición o de la estimación. Es esencial evitar la negligencia aritmética, que es aquella actitud consistente en realizar afirmaciones sin aportar datos lo bastante consistentes o sin verificar que la afirmación se deduce necesariamente de los datos disponibles10.
5. Comparabilidad. En general, es muy difícil apreciar el valor absoluto de una información ambiental: se requiere una capacidad técnica o científica que no es propia ni de los ciudadanos ni de las personas que toman decisiones. El proceso de comprensión puede facilitarse si se asegura que la información es comparable –con la misma variable a lo largo del tiempo o con otras situaciones equiparables más próximas al conocimiento del destinatario.
6. Accesibilidad. El coste de la información es una medida de las dificultades para recopilar y analizar convenientemente los datos ambientales. La mayoría de regulaciones sobre la información ambiental parte de la idea de que los destinatarios estarán mejor informados cuanto más bajo sea el coste de la información y que, de este modo, existirá una mayor implicación o mejor relación con el emisor11.

La información debe ser relevante

La indigencia informativa ha sido una estrategia clásica de poder: se mantiene al ciudadano en la ignorancia, en la insuficiencia de información para evitar que pueda valorar cada situación y tomar decisiones autónomas. Actualmente, en cambio, vivimos un movimiento pendular de efectos similares. Se está pasando a la opulencia informativa, es decir, a una superabundancia de información que no es ni digerible ni verificable, que provoca mucho ruido de fondo y que acaba causando como reacción el desinterés general por la mayoría de cuestiones importantes12. Los estados de subinformación y de sobreinformación acaban teniendo el mismo resultado en la práctica.
Donald A. Norman nos explica un caso ilustrativo13. Los primeros aviones tenían, en la cabina, pocos dispositivos de control. A medida que la tecnología avanzaba, el número y la variedad de dispositivos se disparó hasta la saturación de todo el espacio disponible, como en el caso del Concorde. En cambio los aviones más modernos han suprimido una parte de los dispositivos porque tanta información era inútil para los pilotos, incapaces de asumirla toda.
En el campo ambiental se corre el mismo riesgo. A modo de ejemplo: la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica –que controla el estado de la calidad del aire en Cataluña– genera millones de datos anuales. Aunque sea fácilmente accesible y se presente de un modo comprensible, la enorme extensión de este tipo de información provoca que sea inviable su utilidad real más allá del círculo de especialistas.
La idea subyacente a estos ejemplos es, pues, la necesidad de eficiencia de información, hacia la que se avanza por un doble camino:
a) La mayor selectividad de la información. Del vasto conjunto de datos en bruto, debe saberse escoger los que pueden tener un significado real para la toma de decisiones –sea en la esfera institucional o corporativa, o en la esfera personal.
b) La creación de indicadores y  de índices que integren diferentes informaciones en unos valores que plasmen el estado y la tendencia de un tema a simple vista y que, además, encajen fácilmente en el esquema operativo de las personas que toman decisiones.
Se trata, en definitiva, de primar la relevancia. ¿Pero será posible disponer de la información relevante? Las nuevas tecnologías de telecomunicación tienen ventajas evidentes para la difusión de la información. Paradójicamente también son útiles para evadirla. Los gobiernos tendrán cada vez más dificultades para vigilar las actividades de las grandes organizaciones que deslocalicen sus centros productivos y las redes de comercialización14 y, en consecuencia, toda la información que se deriva y que es necesaria para muchas funciones públicas: desde la inspección ambiental a la fiscal, por poner dos ejemplos.
En el campo privado, por ejemplo, hace años que está cuajando el concepto de inteligencia competitiva, definida como un programa sistemático y ético para captar y analizar información sobre las actividades de los competidores y las tendencias generales del negocio con la finalidad de promover los objetivos propios de la empresa. No es un enfoque de espionaje industrial sino un esfuerzo organizado para procesar la información flotante existente para extraer conclusiones útiles en la toma de decisiones. Seguramente, las autoridades ambientales deberían empezar a impulsar programas de este estilo para poder disponer de la información relevante para sus decisiones estratégicas, porque es cada vez más evidente la insuficiencia que, para esta finalidad, padecen los datos obtenidos por los procedimientos administrativos.

La explanación ambiental

Por explanación ambiental15 se entiende el conjunto de explicaciones añadidas a una determinada información empresarial o institucional necesarias o útiles para su interpretación. Las explanaciones ambientales pueden resultar tanto de actos voluntarios como obligados. Así, en el año 1997 se inició un ambicioso proyecto en Estados Unidos Consumer Information Disclosure Project –para fomentar las explanaciones ambientales en las facturas de luz16. Se pretendía proteger al consumidor y hacer más eficiente el mercado electrónico. De este modo se llegó a la conclusión de que los dos factores esenciales para una buena factura de luz eran:
– que hubiera suficiente variedad de información para satisfacer los intereses básicos de los diferentes perfiles de consumidores
– que la información se presentara en un lenguaje fácil de entender para la mayoría de la población.
Como resultado del proceso, se recomendó el modelo de factura que presenta la figura 3.
Del mismo modo, se ha estudiado la naturaleza de las explanaciones ambientales que realiza la industria química americana17. Las principales características de la información son:
– carácter no técnico;
– cualitativa;
– con un acento especial en aspectos relacionados con la contaminación;
– sin referencia constante a la legalidad.

Las explanaciones ambientales no son inocuas. Un ejemplo claro se ha vivido en Cataluña: a partir del momento en que el recibo del agua, en lugar de ser una cifra a pagar, se desglosó en los diferentes conceptos que conforman el precio del agua, algunos sectores sociales lo interpretaron en el sentido de un excesivo peso de la fiscalidad e iniciaron un movimiento social de objeción fiscal.
De todos modos, ésta es una vía que debería explorarse con más intensidad porque ayuda a que los consumidores sean conscientes de los efectos de sus actos de compra y los faculta, al menos sobre el papel, para orientar la oferta de las empresas hacia productos o servicios con mayores exigencias ambientales.

La responsabilidad de los emisores

Si partimos de la premisa que la información de calidad es beneficiosa para el conjunto de la sociedad y que, en según qué aspectos, se ha convertido en un derecho colectivo, es evidente que la responsabilidad de hacerla circular recae principalmente en sus poseedores. La información ambiental está en manos, principalmente, de las empresas y de las administraciones públicas. Las analizaremos por separado aunque buena parte de la información de las segundas procede de las primeras.

La información ambiental de las empresas
En el caso del mundo de la empresa, existen cuatro actitudes básicas:
1 Pasiva, que corresponde a aquella que aplica la filosofía primaria de mañana será otro día.
2 Reactiva, protagonizada por el estado de permanente adecuación a la normativa manteniéndose justo al límite, tanto en lo concerniente a las exigencias como a los plazos para aplicarlas.
3 Activa, es decir, respetuosa y cumplidora con la norma, pero considerándola una obligación social insoslayable.
4 Proactiva, consciente de que el análisis ambiental de la empresa ofrece una nueva visión llena de oportunidades para adentrarse en un nuevo modelo de empresa, más productiva y más moderna.
Esta última actitud entiende la comunicación externa como valor esencial de la empresa. De hecho, se ha observado que la participación de las empresas en procesos voluntarios de mejora ambiental está normalmente incentivada por su posible repercusión sobre la opinión pública18. Aún son pocas las empresas que han incorporado la sostenibilidad como componente estratégico. De todos modos, existen suficientes indicios para alcanzarla.
Existe una correspondencia de las actitudes mencionadas con la generación y la difusión de información ambiental:
– las empresas pasivas tienden a ignorarla;
– las empresas reactivas ofrecen la información exigida por las regulaciones;
– las empresas activas empiezan a elaborar y divulgar informes sobre su comportamiento ambiental;
– las empresas proactivas convierten la información ambiental en una pieza clave para la toma de decisiones ordinarias, es decir, no solo ambientales.
Se han desarrollado varios sistemas para que aflore la información ambiental de las empresas:
1. Ecobalance. Muestra, para un período concreto, las entradas y salidas de la empresa, con todas las corrientes de energía y de materia necesarias en la fabricación de productos, además de los impactos ambientales de las diferentes fases del proceso productivo.
2. Ecoauditoría. Es un control sistemático periódico de la gestión de la empresa desde una perspectiva ambiental. Incluye, también, una valoración de cómo optimizar la gestión. Actualmente, la ecoauditoría ha quedado condicionada por el sistema propugnado por la Unión Europea conocido por las siglas EMAS (Environmental Management and Audit System).
3. Evaluación del ciclo de vida. En lugar de concentrarse, como los dos anteriores, en la empresa o en el proceso productivo, se centra en el producto, del que evalúa el impacto ambiental desde la extracción de sus materias primas hasta su uso por parte del consumidor y la gestión de los residuos subsiguientes.
4. Contabilidad ambiental. Transforma el comportamiento ambiental de la empresa en costes imputables a las diferentes partidas contables, de modo que la gestión ambiental se equipara con otras facetas de la actividad productiva.
Se podrían citar otros, como el ecocontrol, el análisis de riesgos, el balance de residuos, el análisis de línea de producto, etc., desarrollados por varios institutos e investigadores.
Existen, no obstante, planteamientos más osados que se inspiran en metodologías financieras consolidadas. Por ejemplo, en contabilidad se aplica el principio de acreditamiento: los efectos de las transacciones se reconocen contablemente cuando ocurren y no cuando se efectúa el pago material. El propósito de este principio es que los usuarios de los informes económicos y financieros puedan conocer las obligaciones futuras que son consecuencia de los actos pasados. Siguiendo esta filosofía, se ha propuesto que este principio se aplique para valorar el comportamiento ambiental de una empresa, especialmente cuando éste se expresa a través de la contabilidad ambiental. Esto significaría registrar el impacto ambiental de una actividad no cuando se produce físicamente sino en el momento en que tiene lugar la actividad que lo causará 19.
En definitiva es, por ahora, un ejercicio esencialmente académico, pero nos muestra las tendencias futuras. Hoy por hoy la fase predominante es la correspondiente a los informes ambientales, que proliferaron a partir de la segunda mitad de los años 80. A pesar del avance que representa, esta expresión de mayor compromiso ambiental no ha acabado de tener los efectos deseados. Los dos principales problemas observados con el creciente número de informes es la sobrecarga de datos y las inconsistencias en la información proporcionada, lo que puede comportar más confusión que aclaración20.
El acierto de un informe ambiental depende tanto de la comprensibilidad y la credibilidad de los datos aportados como del acierto en su selección, que se obtiene cuando satisface las expectativas de los copartícipes (stakeholders) a los que se destina. Por eso existen varios proyectos internacionales con el propósito de mejorar la eficacia de este instrumento de información ambiental ya consolidado.
La información ambiental también debe funcionar internamente dentro de la empresa. En este sentido es necesario que se pueda utilizar y comprender por parte de los trabajadores. Una política aprobada en este sentido por parte de la empresa puede ser enormemente positiva, pero también proporcionaría a los sindicatos un papel innovador en la defensa de una concepción moderna del trabajo, de la empresa... Ya se han formulado propuestas en este sentido21. No obstante seria un error creer que una mejor información interna sólo beneficiaría a los trabajadores. Se ha comprobado que los directivos de las empresas suelen tener información incompleta sobre la situación ambiental y sus consecuencias, además de períodos y atención limitados por esta cuestión22. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se realicen para aumentar la calidad de la información ambiental y su difusión interna en la empresa contribuirán tanto a tomar decisiones más fundamentadas como a capacitar mejor el conjunto del personal. Además servirá para perfeccionar los mecanismos de obtención de la información ambiental para el exterior. En realidad, la comunicación interna y externa basada en un buen sistema de información es uno de los elementos intrínsecos de la nueva empresa y, en consecuencia, comienza a afectar a su organización23.
Finalmente, cabe constatar que, si las empresas apuestan por la información ambiental, será inevitable la aparición de organismos independientes de valoración, tal como pasa con la información financiera. Asimismo, es de prever que se estipulen estándares al respecto, probablemente mediante regulaciones públicas.

La información ambiental de las administraciones públicas
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos desarrolló a mediados de los años 90 un plan estratégico para la gestión de los recursos de información24. Se planteaban tres grandes objetivos que se desglosan en la figura_4. Eran, en síntesis:
a) Proporcionar un acceso completo a datos bien organizados. Entre los destinatarios se incluyen tanto las personas que toman las decisiones y los técnicos de la Agencia como el público en general.
b) Disponer de la información correcta. Éste era un objetivo crucial.
– Utilizar un sistema de gestión de información que sirviera para revisar las operaciones del sistema en un proceso de mejora continua.
Este plan estratégico había sido precedido un año antes25 por la definición del concepto de gestión de los recursos de información, que se basa en tres ideas:
– La EPA debe utilizar activamente la información para capacitar sobre los temas ambientales tanto al público en general como a todos aquellos sectores implicados en la implementación de las exigencias ambientales (poderes públicos, empresas, ONG...).
– La EPA debe establecer una infraestructura de información integrada que apoye una aproximación comprensiva de la protección ambiental, lo que significa desarrollar estándares para los datos, determinar las necesidades de datos y de herramientas de integración.
– La EPA debe establecer una organización más eficaz para la gestión de los recursos de información, mediante la creación de un responsable y de un comité director y la elaboración de un plan estratégico (comentado anteriormente).
Como puede deducirse, la principal agencia ambiental mundial –reconocida como referencia de calidad por casi todo el mundo– hace tiempo que adjudica a la información ambiental la máxima consideración política. Esto no significa que todas las iniciativas tengan éxito inmediatamente, y con su diseño original. Así, uno de los principales hitos históricos en el acceso a la información ambiental fue la creación del inventario de emisiones de sustancias tóxicas en Estados Unidos. Conocido por las siglas TRI (de Toxic Chemical Release Inventory) ha sido repetidamente elogiado y puesto como ejemplo. Sin negar el salto cualitativo que supuso en el año 1986, rápidamente se evidenciaron las dificultades como medio de difusión de la información26:
– los datos son predominantemente numéricos, mientras que la gente es más receptiva a textos, imágenes, mapas...;
– los datos se encuentran en bruto, sin herramientas interpretativas ni marcos de referencia;
– los datos no sirven, tal como se muestran, para dar respuesta sobre las causas y efectos, especialmente en la esfera de la salud personal.
A pesar de que estos análisis sirven para mejorar la información ambiental, también son indicativos de las dificultades reales de ofrecer unos productos informativos que sean válidos para la multiplicidad de usuarios que tienen acceso a dicha información. Por eso no es extraño que instituciones comunitarias como la Agencia Europea del Medio Ambiente encarguen estudios al respecto27. En cualquier caso, sea más fácil o más difícil, las administraciones públicas tienen la obligación de desarrollar unos mecanismos y unos contenidos de información ambiental que garanticen el derecho a disponer de ella y que las normas de muchos países reconocen a los ciudadanos28. En Cataluña esta tendencia ha quedado reflejada en la ley de intervención integral de la administración ambiental, lo que proporciona una importancia esencial a la disponibilidad de información válida y pública para la tramitación de proyectos con incidencia en el medio ambiente.
Existen dos modelos generales básicos para exponer la información ambiental. El modelo PSR29, desarrollado por la OCDE, se basa en tres informaciones básicas:
a) Presión. Los impactos que la actividad humana provoca en el medio, como emisión de contaminantes, alteración de paisajes, modificación de hábitats...
b) Estado. La calidad del medio, es decir, los valores de las variables que describen el aire, el agua, el suelo, el territorio…30
c) Respuesta. Los cambios de políticas públicas, de conductas empresariales o de actitudes individuales o colectivas para disminuir la presión sobre el medio.
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha promovido un modelo más completo, el DPSIR, que tiene en cuenta cinco variables: motor (driver), presión, estado, impacto y respuesta. En realidad se trata de un desarrollo del modelo PSR a partir de la diferenciación de dos de sus componentes. Por un lado se diferencia entre los actores que causan una presión (motor) y el acto presionador (presión). Por el otro, se separa el efecto sobre la población (impacto) del efecto sobre el medio en sí (estado). Estos componentes se relacionan de un modo complejo, tal como muestra la figura 5.
Es posible alargarse en la explicación de estos modelos y profundizar extraordinariamente en criterios, metodologías y principios subyacentes. No es la finalidad del presente artículo. Ahora bien, una descripción superficial como la realizada puede servir para evidenciar que la información ambiental sólo tiene sentido si, más allá de una descripción objetiva, se ocupa de descubrir las causas positivas o negativas del estado actual y señala pautas de reacción. Además, los gestores de los recursos de información deben ser capaces de trabajar con marcos referenciales de este estilo si se quieren generar productos informativos útiles.
No obstante, este esfuerzo tiene, por decirlo de algún modo, un carácter interno. Cuando se trata de difundir la información ambiental en la sociedad, los dos aspectos principales que es necesario resolver son el contenido y el acceso. Veámoslo brevemente.
Contenido. Ya se ha indicado anteriormente la dificultad de comprensión y la limitación de atención que pueden tener buena parte de los posibles receptores de la información ambiental. En este sentido es preciso encontrar indicadores, es decir, medidas que indiquen el estado de una cuestión ambiental y su evolución. Existen varias experiencias históricas de creación de mecanismos de información continuada, integrada y comprensible para el conjunto de la población. Uno de los ámbitos donde más se ha trabajado es en la calidad del aire urbano. Dos ejemplos son el ATMO francés y el ICQA catalán. Actualmente proliferan los proyectos para definir y aplicar indicadores ambientales y de sostenibilidad. Seguramente se exagera un poco. Por lógica, si hay demasiados dejan de realizar la función que los justificaba. En cualquier caso,  esta es la vía más interesante y más fecundada para encontrar un modelo informativo que sea realmente comprensible para los ciudadanos e inteligible en sus esquemas vitales.
Acceso. Con el impulso de la Unión Europea, se ha optado por el establecimiento de normas que obliguen a proporcionar la información ambiental en manos de los poderes públicos a los ciudadanos y a las entidades que lo soliciten. Esta regulación no ha sido siempre bien recibida por parte de las diferentes administraciones públicas implicadas. Así, a pesar de mantener un esquema formal de accesibilidad, se introducen subterfugios que la limitan. Podemos poner algunos ejemplos31: se establecen exenciones para determinados casos de interpretación subjetiva, se fijan para la prestación del servicio público y se exime a las empresas públicas. Algunas desviaciones son de carácter reglamentario, pero existen otras que son fruto de inercias y de vicios administrativos. Estas últimas deberían ser las más fáciles de corregir mediante buenas prácticas estimuladas desde las direcciones de los organismos públicos32. De todos modos, el balance general es positivo y puede afirmarse sin dudas que la consciencia que se tiene de una responsabilidad informativa hacia la sociedad va calando en los responsables políticos y técnicos de las administraciones.

Algunas consideraciones finales

Del mismo modo que, en el pasado, la posesión de propiedades o de títulos era condición fundamental para participar en el gobierno de las ciudades, actualmente puede observarse un sentimiento latente en algunos ambientes ilustrados que piensan que la toma de decisiones en temas tan complejos como el ambiental debería dejarse a los expertos que dominan la información especializada33. Sin embargo, la tecnocracia ha demostrado históricamente sus limitaciones, tanto en lo referente al progreso de la sociedad como al respeto hacia las libertades y los derechos.
Esta tentación es posible por la enorme asimetría que puede darse entre los emisores y los receptores de la información ambiental. Estos últimos tienen pocos conocimientos técnicos y no disponen de criterio propio para juzgar la calidad de la información recibida... de modo que pueden sucumbir fácilmente ante liderazgos espontáneos cargados a menudo de demagogia.
Los grandes enemigos de la democracia ambiental son la pasividad y la credulidad. Conviene movilizar a la sociedad —el cuerpo central de la sociedad— para que se interese por los problemas y las soluciones ambientales y vea cómo, desde el ámbito personal de decisiones, puede contribuir a la sostenibilidad. Y, por otro lado, conviene generar la capacidad crítica para escuchar y valorar argumentos antes de tomar decisiones. La política que tiende a mejorar la información ambiental juega en este terreno, el de poner a disposición de los ciudadanos y de los gobernantes bases sólidas para las buenas decisiones. •

 Notas
1 A. Cornella (1999) «Informacionalmente, estamos en la edad del hierro, pero…» Extra!-Net. Revista de Infonomia, 460.
2 El desarrollo científico más extenso en este ámbito es la teoría de la información, pero cualquier persona que la conozca un poco llegará a la conclusión de que es una teoría sobre la cantidad de información y no sobre la información en sí misma. A lo mejor, el intento teórico más interesante y fecundo para comprender la información es la teoría memética iniciada por Richard Dawkins. Una introducción básica a la mencionada teoría puede encontrarse en: S. Blackmore (1999) «Meme, myself, I». New Scientist, 13 de marzo.
3 P. Bronson (1996) George Gilder. Wired, marzo: 122-125.
4 K. Kelly (1994) Out of control. Fourth Estate Ltd., Londres.
5 T. Sowell (1980) Knowledge and decision. Basic Books, Nova York.
6 Comisión Europea. La información del sector público: un recurso clave para Europa. Libro verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información. COM(1998)585.
7 B. Nardi & V. O’Day (1999) Information ecologies. The MIT Press, Cambridge.
8 M. Castells (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1. La sociedad red. Alianza Editorial, Madrid.
9 S.C. Helms & A.L. White (1998) «Reinventing environmental reporting». Environmental perspectives, 12.
10 P. Krugman (1996) Pop internationalism. The MIT Press, Cambridge.
11 S. Schaltegger (1997) «Information costs, quality of information and stakeholder involvement –the necessity of international standards of ecological accounting». Eco-management and auditing, 4:87-97.
12 T. Maldonado (1997) Critica della ragione informatica. Feltrinelli Editore, Milán.
13 D.A. Norman (1998) Invisible computer. MIT Press, Cambridge.
14 I. Angell (2000) «Battle stations». New Scientist, 4 marzo 2000.
15 Hemos traducido de este modo el término inglés environmental disclosure. De hecho la traducción literal de disclosure sería revelación, pero esta palabra tiene una connotación exclusivamente grave en castellano. Por ello optamos por explanación, que es la acción de explicar una cosa poco clara para hacerla inteligible, exactamente la ide