Editorial
Hacia un modelo de gestión
único
Era una decisión largamente
esperada por muchos sectores de la sociedad catalana. Prácticamente
un año atrás, concretamente el 29 de noviembre de 1999, el
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicaba el Decreto
297/1999. Por éste se suprimía la Dirección General
del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
y sus funciones en materia de conservación de la naturaleza se atribuían
a la Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico
del Departamento de Medio Ambiente. Por último, se impuso la lógica:
era necesario un modelo único de gestión para los espacios
naturales de Cataluña, sean públicos o privados. Desde
entonces, la gestión del patrimonio natural se encuentra en período
de transición. Se está poniendo orden a la espera de la creación
de la Agencia Catalana de la Naturaleza, el organismo que deberá
unificar y pilotar la gestión del patrimonio natural del país.
En este contexto de cambio
y en este momento de oportunidad se sitúa el número de Medi
Ambient. Tecnologia i cultura que tienen en sus manos. En los últimos
años, la mayoría de los espacios naturales han sido maltratados,
no ha habido una política única y coherente. Ahora Cataluña
tiene una oportunidad única para adoptar las últimas tendencias
en gestión y poner en marcha una política imaginativa para
proteger y preservar no sólo los espacios naturales, sino también
el conjunto del territorio.
En lo que se refiere al
contenido de este número, en primer lugar Martí Boada y Mónica
Rivera, del Centro de Estudios Ambientales de la Universitat Autònoma
de Barcelona, repasan la evolución de la idea de conservación,
desde las "reservas" creadas en Mesopotamia hasta mediados de los años
70, cuando llega la democracia a nuestro país. Los autores inciden
especialmente en el macizo del Montseny, paradigma del proteccionismo en
Cataluña.
El geólogo y experto
ambiental Josep Maria Mallarach analiza las últimas tendencias en
gestión, donde cada vez pesan más los criterios ecológicos
cuando se trata de definir las políticas de protección.
El Parque del delta del Ebro
es un espacio natural caracterizado desde siempre por la gran actividad
humana que se ha desarrollado en su seno. Rafael Balada, director del parque,
explica cómo se ha conseguido que los vecinos de la zona sientan
y defiendan el parque como un valioso patrimonio tras una historia llena
de tropiezos.
Los espacios naturales protegidos
son ámbitos muy apropiados para la investigación y, en muchos
casos, se han convertido en instrumentos indispensables para el progreso
de la ciencia. Jaume Terradas, investigador del CREAF de la Universitat
Autònoma de Barcelona, profundiza en el papel que desempeñan
estos espacios en el fomento de la investigación.
Más de 2,6 millones
de afiliados y un presupuesto anual de 50.160 millones de pesetas convierten
al National Trust británico en una de las organizaciones no gubernamentales
del ámbito de la conservación más importantes del
mundo. Richard Ellis explica esta modélica experiencia. La
entrevista, habitual en cada número, tiene como protagonista a Lluís
Paluzie, presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza y
persona con un peso importante en la historia de la protección en
Cataluña.
Por último, el abogado
Ignasi Doñate repasa la realidad legislativa sobre el tema que presenta
el número veintisiete de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura.
Lluís Reales
Director de Medi Ambient.
Tecnologia i Cultura
El
origen de los espacios naturales protegidos
Martí Boada. Mònica
Rivera
Centro de Estudios
Ambientales. Departamento de Geografía. Universidad Autónoma
de Barcelona
Los autores repasan la
evolución de la idea de conservación, desde las “reservas”
creadas en la antigua Mesopotamia hasta los primeros referentes proteccionistas
inciados en nuestro país. También se abordan los primeros
vestigios de la planificación territorial en Cataluña y la
revolución ambiental de los años 60, llave de paso al proteccionismo
actual.
Existe la aceptación
generalizada de que la protección y conservación de espacios
naturales, tal como las entendemos hoy en día, se inician
durante la segunda mitad del siglo XIX con la creación del Parque
Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. A partir de este acontecimiento,
el arranque de las figuras de protección con tiempo, intensidades
y situaciones geohistóricas diferentes, no se ha detenido. Un objetivo,
la creación de espacios naturales protegidos que en la historia
del conservacionismo tiene orígenes y motivaciones diversos. Los
objetivos de los más antiguos eran mayoritariamente venatorios.
En Cataluña encontraríamos
este origen en los espacios de caza de condes reyes y en los tratados de
halconería. Un ejemplo de ello es la primera colección zoológica
documentada del rey Juan I el Cazador, conservada dentro de un cercado
de olivos del palacio. En un contexto civilizado diferente, aunque no ajeno,
Hernán Cortés comenta en su diario que en su primera visita
al Palacio de Moctezuma II en Tenochtitlan le impresionó la representación
viva de diversos hábitats con muestras de la flora y la fauna del
imperio azteca.
La referencia más
antigua de creación de ciertas "reservas" se ha documentado en la
antigua Mesopotamia, cuna de tres grandes civilizaciones: sumeria, babilónica
y asiria, con importantes conocimientos de agricultura, jardinería,
ganadería y pesca. Algunos reyes mesopotámicos implantaron
las primeras reservas de animales para la práctica privilegiada
de la caza, seguramente se trata de las primeras "figuras" de un espacio
territorial sometido a una ordenación para su uso lúdico
(Boada, 1997).
En lo referente al conocimiento
del medio natural y al papel que desempeña en el equilibrio y la
salud de los individuos, es Hipócrates (460-375 a. C.) quien realiza
las "primeras auditorías ambientales" planteando que para entender
la salud de los individuos y del conjunto de la sociedad es necesario estudiar
la naturaleza del medio que les rodea: "Cuando se llega a una ciudad o
villa hay que observar la situación del lugar con respecto a los
vientos, también sus aguas, si son zonas pantanosas, si son blandas
o duras, si se encuentra en un lugar elevado o llano, cómo es la
flora que le rodea".
Durante la romanización,
como resultado del aumento de la movilidad y de la capacidad de transformar
el medio natural, aparece una primera "ordenación" urbanística
y del territorio. Catón establece las primeras calificaciones del
suelo con el fin de ordenar y vertebrar el territorio (véase Figura
Catón).
El geógrafo e historiador
Estrabón (63 a. C. al 19 a. C.), en su Geographika, probablemente
impresionado por los rasgos densos y cerrados de los paisajes ibéricos,
destaca el carácter extensivamente selvático de la Península
Ibérica. Estrabón hace unas primeras descripciones de sus
sistemas naturales diciendo que: "Iberia tiene muchos corzos y caballos
salvajes. Los de Emporion fabrican lino y su país en parte es bueno
y en parte es malo, con junco vasto e inútil".
También son interesantes
las descripciones sobre el patrimonio natural ibérico recogidas
por el sabio Plinio el Viejo cuando fue procurador de la Bética.
En su Historia Natural cita uno de los primeros ejemplos de "delito ecológico";
dice que se honraba tanto a las cigüeñas por la cantidad de
serpientes que capturan y se daba pena de muerte a quien las matase.
Ordenación y maltrato
de los bosques
Otra aportación notoria
la constituye la obra De re rustica, del autor hispano romano Columela,
donde se recogen los conocimientos de los clásicos en materia agraria
y forestal, y se elabora lo que podemos considerar el primer tratado de
buenas prácticas agrícolas y forestales.
En el año 800, aparece
un tratado primerizo sobre la necesidad de conservar y mejorar los bosques,
el Capitullare de Villis. Se trata de una Ordenación visigótica
sobre las posesiones reales, que manifiesta la preocupación por
la gestión y conservación de los recursos forestales: "Nuestros
bosques deben custodiarse con diligencia. No se puede permitir que los
bosques, allí donde sean necesarios, sufran agravios por talas excesivas.
Se debe favorecer la plantación de: enebrina, manzanos, perales,
ciruelos, serbales blancos, nísperos, castaños, avellanos,
almendros, moreras, laureles, pinos, nogales y cerezos".
Durante el largo proceso
de feudalización han existido períodos históricos
en los que se han promulgado medidas políticas con un impacto negativo
sobre el medio. No nos extenderemos en este punto, pero quede como ejemplo
la orden promulgada por el virrey García de Toledo en 1561, de quema
sistemática de los bosques situados cerca de los caminos de tránsito
importantes y, si procede, de todos los demás bosques del Principado,
ya que constituyen un refugio inexpugnable de bandoleros. Felipe II celebró
la acción "por el buen sosiego y quietud que puso en el Principado
y el Condado" (J. Reglà, 1962).
El aumento demográfico
y el impacto humano en el territorio son el origen de los primeros espacios
sometidos a un cierto "régimen de protección". La sobreexplotación
de los bosques por la creciente demanda social y el fuerte consumo de productos
forestales en el sector doméstico, artesano, marinero y protoindustrial,
explican la aparición de un documento normativo que quiere poner
orden a los abusos y que apunta la organización de una incipiente
"administración forestal". Esta primera legislación para
la "ordenación y conservación" de los bosques en Cataluña
se conoce como las Ordenaciones forestales o la Ley de bosques de Solsona
(1627). El documento empieza así: "Se han cometido muchos grandes
excesos en esta extracción, excediendo los límites (...)
Su excelencia (...) prohíbe (...) que nadie (...) intente quitar
las marcas ni señales de los árboles (...) ni quiera cortar
estos árboles señalados". Este amplio documento normativo
regula la tala, el carboneo, la fabricación de pez... Penaliza los
abusos: incendios y otras prácticas consideradas abusivas.
Cambios en las relaciones
sociedad - naturaleza
No obstante, hay que tener
en cuenta que hasta bien avanzada la Ilustración, a finales del
siglo XVIII, la idea multisecular sobre los recursos naturales era que
éstos, por motivos divinos o sobrenaturales, eran inagotables; dominaba
la creencia de que el providencialismo amparaba y regeneraba los recursos
naturales sometidos a cualquier forma de explotación por parte de
la sociedad, la idea de un límite era inexistente. La continuada
explotación de los bosques y la fuerte regresión asociada
a la superficie forestal durante el siglo XVIII explicarían la aparición
del documento del marqués de la Ensenada, firmado el 31 de enero
de 1748. Este documento, con forma de orden real, regula la explotación
y la conservación de los bosques. De esta ordenanza para el fomento,
cultivo y conservación de los bosques, destaca la exigencia explícita
de que cada vecino, en todo el país, debe plantar tres árboles
por cada árbol talado además del que le corresponde al año
como vecino; se exime de esta obligación únicamente a las
viudas pobres y a los niños. La implantación de esta norma
hará, como hemos podido documentar, que en algunas villas, por acuerdo
municipal, aumente hasta cinco el número de árboles que cada
ciudadano debe plantar antes de que termine el año.
El decreto explica que: "Para
que las actividades de bosque se realicen correctamente, las plantadas,
podas y talas se harán con los métodos más convenientes,
y se recomienda que cada pueblo disponga de un lugar para plantar bien
descubierto al sur y protegido de los vientos del norte donde se planten
los hayucos y bellotas más grandes y sanos de los árboles
más robustos, que no se arranque la hierba ni la grama, para que
mantengan la humedad y el rocío del verano".
En lo referente a las talas
y las podas, se indica la época del año adecuada y el modo
en que debe cortarse para no herir al árbol. Manda que se castigue
con rigor a los que talen o corten árboles sin permiso y de forma
grosera. Siempre será necesario el permiso de tala y se destaca
la necesidad de aumentar el cultivo y la cantidad de bosques. De este destacado
documento derivan los primeros inventarios forestales, que gestiona la
que puede considerarse la primera guardería forestal y que, curiosamente,
serán los denominados Comisionados de Marina, un cuerpo de agentes
que estará presente a través de un representante en las principales
villas forestales del Principado, y que son quienes se encargan de los
controles, inventarios forestales y, si procede, autorizan su tala.
Ahora bien, no será
hasta finales del siglo XVIII, que se darán las primeras propuestas,
más o menos bien construidas, orientadas hacia planteamientos que
se pueden considerar precursores del conservacionismo. A escala europea,
la revolución industrial tendrá ya en sus primeros estadios
un impacto extraordinario sobre los bosques. Aparece un esbozo conceptual
de la naturaleza en el pensamiento occidental, que se recoge en tres grandes
visiones generales (Glacken, 1967; Goudie, 1990):
Visión teleológica.
Es decir, la creencia en una entidad suprema que gobierna los ritmos de
la naturaleza y los ritmos de la sociedad. Coincide con el providencialismo
sobrenatural (Urteaga, 1993).
Visión determinista.
Es decir, la idea de que las condiciones naturales son responsables de
la evolución de las sociedades humanas. Este propósito ya
fue formulado por Montesquieu.
Visión antropocéntrica
en el sentido que, invirtiendo el orden de la visión determinista
anterior, son las sociedades humanas las que influencian y, en cierta manera,
gobiernan cada vez más los ritmos ambientales, y no al revés.
Esta visión surge no tanto de la reflexión filosófica,
como podría ser el caso de las dos anteriores, como de la experiencia
práctica, al observar los primeros grandes efectos de la deforestación.
No se puede pasar por alto
que Humboldt pondrá de relieve en su obra Ensayo sobre la Geografía
de las Plantas y el Cuadro Físico de las Plantas algunas de las
modificaciones introducidas por los humanos en los sistemas naturales.
Esta primera obra de geografía ambiental la dedicaría a su
contemporáneo Goethe, con quien compartiría algunas de las
tertulias que éste último organizaba en las que se mezclaban
artistas, poetas, escritores y científicos. En torno a estos cenáculos
del Romanticismo alemán encabezados por Goethe, Humboldt tendría
una influencia notoria en el despertar de los estudios para la gestión
de los recursos naturales. En este contexto surge un personaje que tendrá
un papel significativo en el establecimiento de las bases más incipientes
de las ciencias de la conservación al formular la necesidad de organizar
la explotación racional de los recursos naturales: Heinrich Cotta
(Boada & Saurí, 1999).
Cotta fue el fundador del
Instituto de Ordenación de Tharandt, la primera escuela forestal
y en la que se formaría Agustín Pascual, fundador de la Escuela
de Montes en Villaviciosa de Odon, a principios del siglo XIX (Gómez,
1992). Las primeras promociones de estas instituciones se nutren de un
elevado porcentaje de jóvenes procedentes del mundo rural catalán
(Boada 1996). Una vez finalizada la formación, algunos de ellos
—Bosch i Julià, hermanos Josep y Ramon Jordana, Sebastià
Soler, Primitiu Artigas, Joaquim Castellarnau—, harán las primeras
aportaciones a la gestión de recursos forestales, repoblación
de cabeceras, fijación de dunas, etc. La visita a los EE.UU. de
Josep Jordana —años 1876 y 1877— y, posteriormente, de Rafael Puig
i Valls —1893—, les pondría en contacto con las primeras formulaciones
proteccionistas: la instauración de la Fiesta del Árbol en
el Estado de Nebraska en 1872 y la creación el mismo año
del primer parque nacional del mundo: Yellowstone.
Necesidad de proteger
En los EE.UU., durante la
segunda mitad del siglo XIX, la explotación indiscriminada de tierras
y bosques motivó la aparición de una corriente conservacionista
en el seno de las instituciones federales del país. El objetivo
principal era preservar ciertas áreas de la presión colonizadora,
con la idea de dejar de considerar que la naturaleza es ilimitada y pasar
a concebirla como un patrimonio que es necesario conservar para las generaciones
siguientes (Saurí, 1993). El espacio protegido se concebía
como un santuario de la naturaleza, intocable para el hombre, para mantenerlo
"virgen". Con esta idea se creó el parque nacional más extenso
y más visitado de los Estados Unidos, Yellowstone.
Siguiendo la línea
de Cotta, en nuestro país la figura del ingeniero forestal tarraconense,
Rafael Puig i Valls, jugará un papel pionero con sus aportaciones
a la gestación del conservacionismo y la concienciación ambiental.
En 1884, este tarraconense, ante la continua e intensa destrucción
de los bosques, formó parte de una comisión integrada por
él y otro miembro del Instituto Agrícola Catalán de
Sant Isidre, y dos más de la Asociación Catalanista de Excursiones
Científicas, para organizar una liga para la defensa del medio natural,
frente a la tala abusiva de bosques, con el fin de que se creasen disposiciones
legales indispensables para la protección, conservación y
recuperación de paisajes forestales. El primer trabajo de esta comisión
fue la redacción de un proyecto de repoblación de la sierra
de Collserola. Nos encontramos, con lo que, con toda probabilidad, constituye
uno de los primeros agrupamientos conservacionistas del país.
Fue él quien dio a
conocer el 21 de septiembre de 1898 en el artículo "La Pàtria
i l’arbre", publicado en La Vanguardia, la Fiesta del Árbol. A pesar
de ello, la idea de instituir la repoblación desde una perspectiva
de vinculación social o popular ya la hemos mencionado anteriormente
con la Orden firmada por el marqués de la Ensenada en 1748.
La primera Fiesta del Árbol
se celebró el 30 de abril de 1899 en Barcelona. Este homenaje popular
al árbol resulta de diferentes antecedentes, como el citado anteriormente
del marqués de la Ensenada y, con mucha probabilidad, es una consecuencia
de la visita de Puig i Valls a los EE.UU. en 1893 a raíz de la exposición
universal celebrada en Chicago. Durante la larga estancia en la que recorrieron
diversos estados, parece ser que conocen la celebración del Tree
Day —celebrada por primera vez el 10 de abril de 1872 en el Estado de Nebraska.
Esta fiesta tiene la finalidad de desplegar una iniciativa de amplia implantación
popular destinada, por un lado, a la recuperación de superficie
forestal, y, por el otro, a estimular entre los ciudadanos el amor al árbol
y el símbolo de arraigamiento a la nueva patria (Boada, 1995).
Inmediatamente después
de la puesta en marcha de la Fiesta del Árbol, Puig i Valls abrió
el camino de la protección de los espacios naturales y se convirtió
en precursor del conservacionismo en Cataluña y el conjunto de España,
con la propuesta de creación de un espacio natural protegido. Concretamente,
con fecha del 6 de abril de 1902, presenta las bases del proyecto del Parque
Nacional de la Montaña de Montserrat y sugiere la necesidad de aplicar
la misma figura a las sierras del Tibidabo y del Montseny; al tiempo que
propone la declaración de lugar de interés para el Cabo de
Creus (Boada, 1995).
Primeros referentes proteccionistas
en España
Como se ha dicho, los orígenes
de la política de conservación en España están
relacionados con una esfera predominantemente forestal, heredera de la
tradición forestal vinculada al proceso de desamortización
del siglo XIX. El forestalismo encuentra en la defensa de la integridad
del paisaje y de los valores naturales un campo en el que desarrollar sus
aspiraciones naturalistas, conservacionistas, patrimonialistas y educadoras.
La idea de los espacios naturales protegidos se convierte en uno de los
puntos de convergencia privilegiados de un conocimiento forestal tanto
científico como cultural y divulgador (Gómez, 1992).
La primera figura de protección
específica nace el 7 de diciembre de 1916, fecha en que se aprueba
en el ámbito español, la Ley de parques nacionales (en vigor
hasta el año 1957) (1). Y el 23 de febrero de 1917 se crea, por
Real decreto, la Junta de Parques Nacionales, el organismo gestor. Esta
etapa la protagonizó Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués
de Villaviciosa, en Asturias, promotor de la ley y primer comisario del
Servicio de Parques Nacionales de España. Pidal, que sintoniza con
las ideas forestalistas del siglo XIX, establece una relación causal
entre el empobrecimiento de la nación y la desaparición de
las masas boscosas (Fernández, 1998). No es de extrañar que
los primeros parques nacionales sean en su origen reservas forestales,
y que estén inspirados, en cierto modo, en el movimiento higienista
y antiurbanista de los primeros decenios de este siglo. El padre de los
parques nacionales españoles sostiene que "la virginidad de la naturaleza
conservada es lo que representan los parques nacionales; cuanto menos se
los toque más vírgenes serán".
La presentación y
defensa de la Ley de parques nacionales se produce en un contexto político
y socio- económico complejo, tanto en el ámbito europeo —trasfondo
de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa— como estatal —grandes
huelgas. Pidal no cree que los asuntos ecológicos tengan que esperar
ante cuestiones más importantes (Fernández, 1998). Las líneas
fundamentales de su política proteccionista (basada en paisajes
de alta montaña y bosques) son: la función turística
—fuente de divisas—, y recreativa –para el disfrute de los ciudadanos.
Puig i Valls y Pedro Pidal
comparten los planteamientos regeneracionistas, ambos creen que la educación
en el respeto al medio, y la recuperación del modelo natural son
la única salida para un país hundido por el fracaso colonial
del 98.
Cataluña: primeras
denuncias y respuestas de la sociedad catalana a las agresiones al medio
natural
Al margen del contexto forestalista
de Puig i Valls, la toma de conciencia sobre la destrucción de los
paisajes en Cataluña encuentra el punto de partida en el Renacimiento,
movimiento que impulsa el interés por las ciencias, las letras,
el arte y el conocimiento del país, proyectándose a través
de diversas asociaciones e instituciones, y de manera muy particular en
torno a una nueva forma de aproximación a la naturaleza: el excursionismo.
La fundación, en 1876, de la Asociación Catalanista de Excursiones
Científicas, precursora de este movimiento y más adelante,
en 1891, convertida en el Centro Excursionista de Cataluña, marca
una nueva etapa en el conocimiento naturalista del país y potencia
un nuevo uso social de los paisajes a través del excursionismo.
La primera denuncia documentada
la encontramos con Antoni Massó —1879—, considerado uno de los pioneros
del excursionismo, fundador de la Asociación Catalanista de Excursiones
Científicas. Éste advirtió que en el Montseny: "se
debe evitar la destrucción de estos magníficos bosques de
hayas colosales, gigantes de la vegetación, tan poéticos
como útiles".
Estos primerizos defensores
de la naturaleza, con toda probabilidad, estaban influenciados por las
aportaciones de los "primeros naturalistas" catalanes, de los cuales Joan
Salvador i Boscà fue el primer miembro de una saga de boticarios
que iniciaron los estudios sistemáticos de la flora del país
a principios del siglo XVII. Esta búsqueda continúa a lo
largo de todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII con su hijo Jaime y
sus nietos Joan y Josep. El interés por el conocimiento del medio
natural conducirá a la creación, en 1899, de la Institución
Catalana de Historia Natural, fundada por Salvador Maluquer, Josep Mas
de Xaxars y Antoni Novellas. Entidad pionera en el estudio y defensa de
la naturaleza afortunadamente muy activa y actualmente renovada, con cien
años de trabajo continuado, que ha desempeñado el papel de
aglutinadora de los estudiosos de las diversas disciplinas de conocimiento
del medio natural.
En 1894, el meteorólogo
Dionís Puig ofreció una conferencia en el Centro Excursionista
de Cataluña, que más allá de la simple proclama, apunta
una hipótesis de cambio global, expone su teoría del modo
en que ha cambiado el régimen meteorológico, manifestándose
este cambio global en un descenso de temperaturas y de las precipitaciones
como consecuencia de la deforestación de los bosques. Defiende que
la deforestación en el ámbito local es la responsable de
las inundaciones en el llano de Barcelona. En este contexto, Dionís
Puig pidió que se actuase para frenar las talas abusivas a que se
veían sometidos los bosques del país y defendió la
iniciativa de Puig i Valls de implantar la Fiesta del Árbol (Boada,
1996).
En el paso al siglo XX se
produce un hecho que constituirá un antecedente histórico
en la política de conservación en Cataluña, se trata
de una propuesta que la Sociedad Cívica La Ciutat Jardí (2)
de Barcelona llevó al III Congreso Excursionista Catalán,
celebrado en Tarragona en abril de 1914, en el que pedía a la Diputación
un Plan de Reservas Forestales y de Parques Nacionales en Cataluña
(Fernández, 1998).
En 1921, en el boletín
del Centro Excursionista de Cataluña se dio la voz de alarma sobre
la venta del bosque del Gressolet, en el Alt Berguedà. Se reivindica
un parque natural para proteger la belleza y riqueza del bosque ante la
amenaza de una tala, alegando una devastación de los campos cultivados
ribera abajo causada por la no retención del material rocoso en
caso de lluvias torrenciales. La intensa campaña de salvación
que llevó a cabo el CEC consiguió conservar la masa forestal.
El Montseny, un paradigma
del proteccionismo
El macizo del Montseny ha
sido un ejemplo paradigmático de la sensibilidad popular defensora
de unos valores paisajísticos singulares, y de las intervenciones
públicas en el campo de la conservación. La historia de su
conservación tiene el valor de un indicador extrapolable y no de
un análisis local, por eso, ponemos en ella un especial énfasis,
porque su análisis nos demuestra de manera significativa una fracción
notoria de la historia de la conservación desde la perspectiva de
los diferentes actores.
Las demandas sociales para
su protección estimularon la participación de los poderes
públicos para conseguir un régimen legal de protección
de este espacio, que en una tímida figura, la del Patronato de Montaña,
constituye en Cataluña la primera figura legal de protección
de una fracción de territorio por sus valores paisajísticos.
A finales de los años setenta se convertirá en parque natural,
y, casi simultáneamente (1978), a través del programa Hombre
& Biosfera de la UNESCO, pasará a formar parte de la red mundial
de Reservas de la Biosfera, la primera en Cataluña.
Sin embargo, mucho antes,
a finales del XVIII, las reservas forestales del Montseny, constituidas
básicamente por abetos, hayas, robles, pinos silvestres, encinas
y castaños, quedaron sometidas a la jurisdicción del Estado,
junto con los bosques de Tortosa, La Selva y L’Empordà (Aragón,
1964) —siguiendo la corriente ilustrada iniciada por la dinastía
borbónica y concretada en una política de protección
y fomento de la Marina Real, mediante la Ordenanza de montes del año
1748.
El primer intento serio de
dotar al Montseny de una figura legal de protección, se deriva del
estudio realizado en 1922 por el botánico Pius Font i Quer, en el
que propone que el macizo sea declarado parque nacional, esta propuesta
se encuentra recogida en las Crónicas Oficiales de la Mancomunidad
de Cataluña. Esta institución había manifestado su
interés por la creación de parques con motivo de la publicación
de la Ley de 7 de diciembre de 1916 y el Decreto de 23 de febrero de 1917
que definían y creaban los parques nacionales y lugares de interés
nacional, en el ámbito español.
Para su cumplimiento debían
darse a conocer a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes
los espacios merecedores de especial atención a través del
ingeniero en jefe del Distrito Forestal Provincial. En este contexto administrativo,
diversas entidades y sociedades hicieron algunas propuestas y así
fue como el Distrito propuso la creación de dos parques: Montserrat
y Montseny. La Mancomunidad encargaría la realización de
algunos estudios, que constituyen el primer corpus de trabajos interdisciplinarios
para la creación de un espacio natural protegido, por su interés,
veamos algunos ejemplos:
Montseny, Parc Nacional [Montseny,
Parque Nacional] por el botánico Dr. Pius Font i Quer:
"La finalidad del Parque
Nacional del Montseny es conservar la vegetación y fauna actuales
de la montaña, evitando que puedan ser destruidos o modificados
por el hombre (...) El Montseny, desgraciadamente, ha estado muy sometido
a la intervención del hombre; así, el Parque Nacional no
sólo debería conservar aquello que existe, sino restituir
todo lo que se ha destruido (...)"
Orientacions per al futur
Parc Nacional [Orientaciones para el futuro Parque Nacional] por el zoólogo
Ignasi de Segarra:
"(...) Este Montseny que
es tierra de carboneros y rebaños, de bosques densísimos
y cobijo de reliquias muy preciadas para nosotros, vale la pena que hagamos
todo lo posible para conservarlo (...)". Este reconocido naturalista, en
1927, publicará en la revista Ciència, el excelente artículo:
"El Montseny (Glossa dels valors naturals de la contrada)" [El Montseny
(Glosa de los valores naturales de la región)] que se convertirá
en un referente obligado de cara a la futura protección del macizo.
Memòria [Memoria]
por el secretario de la Escuela de Bellas Artes, Llorenç i Artigues:
"El Montseny es la representación
más rica de la tierra catalana (...) Su posición geográfica
le da un emplazamiento especial y único que le hace centro de convergencias
(...) todos los terrenos contribuyen al alzamiento representativo del Montseny,
que es la transfiguración catalanísima del Pirineo (...)
La montaña cada día es más vecina de la ciudad. Dos
factores determinan con rapidez este acercamiento: la mayor extensión
urbana del núcleo ciudadano y la mayor accesibilidad de los medios
de comunicación que unen la ciudad de Barcelona con la montaña
del Montseny. Barcelona no ha sido inteligente en la construcción
de sus parques ni en la urbanización de las montañas cercanas.
La invasión ciudadana es para la montaña un peligro (...)
Únicamente existe un remedio que se oponga a la desagraciada invasión,
y, por otra parte, a la necesaria invasión. Este remedio es la intervención.
Ningún laboratorio se ofrece más magníficamente a
la vasta empresa como el intento de aportar la intervención de la
ciudad en la montaña del Montseny, en el intento por convertir el
Montseny en parque nacional. La fusión de todas nuestras técnicas
en la obra común de civilizar inteligentemente a toda una montaña,
puede ser un gran paso, puede marcar una etapa venturosa en el curso del
pensamiento catalán y de la vida social de Cataluña".
Montseny, Parc Nacional [Montseny,
Parque Nacional] por el arquitecto Serafí Bassas:
"(...) Este monumento de
la naturaleza de Cataluña hay que conservarlo intacto y guardarlo
(...) Una vez salvado, hay que hacer de él un hogar amable de nuestra
cultura y de nuestra ciencia, por este motivo, la solución más
segura es la rápida declaración de organización del
Montseny como parque nacional. Así se ha convertido nuestro Montseny
en nuestra montaña nacional; Barcelona ha hecho que fuese una extensión
ciudadana, su jardín de montaña. El aspecto más completo
de la montaña es, sin duda alguna, el botánico. También
podemos decir que ningún aspecto peligra tanto como el botánico.
De los ejemplares más antiguos de hayas, hace poco han caído
los más bellos. El magnífico abeto va cayendo al trágico
son del canto del hacha.
Es una buena prueba, el
haber sido imposible encontrar varias de las especies recogidas por el
botánico Costa en el famoso herbario de la familia Salvador (...)"
Camins del Montseny [Caminos
del Montseny] por el diputado Lluís Duran i Ventosa:
"(...) Se impone hacer posible
y hasta fácil el acceso a los puntos pintorescos de nuestro país.
(...) Para ello, basta con construir caminos carreteros, caminos por los
que puedan pasar los carros necesarios para los servicios de las maserías
y los pasajeros que quieran disfrutar de la contemplación de las
bellezas (...) No obstante, por poco que la acción del poder público
pueda contribuir a ello, la excursión al Montseny debe poder ser
una excursión de domingo, fácil para el buen ciudadano barcelonés
(...)".
Els animals superiors que
podria haver al Parc Nacional del Montseny [Los animales superiores que
podría haber en el Parque Nacional del Montseny] por el profesor
de zootecnia de la Escuela Superior de Agricultura, M. Rosell i Vila:
"(...) ¡Oh sí!
En el Montseny debe haber animales. (...) Los animales superiores que debe
haber en el Montseny deben presentar la condición de no ser tan
mansos como los domésticos, ni ser tan salvajes que ataquen a las
personas. (...) Los animales propuestos para habitar en el Parque Nacional,
muchos de ellos ya estarían bien desde el primer día; otros,
como los domésticos, no lo estarían del todo hasta la segunda
generación, cuando la mano del hombre no los hubiera tocado (...)"
Una vez elaborados los trabajos
de los expertos, el paso definitivo fue la moción, El Montseny,
Parc Nacional de Catalunya [El Montseny, Parque Nacional de Cataluña],
presentada en la sesión del 8 de febrero de 1922 por el diputado
a la Presidencia y al Consejo Permanente de la Mancomunidad de Cataluña,
miembro de la Liga Regionalista, Jaume Bofill i Mates, conocido como poeta
bajo el pseudónimo de Guerau de Liost.
"(...) En España,
con el esfuerzo personal del marqués de Villaviciosa, se ha dedicado
una ley a los parques nacionales y se han creado dos: Covadonga y Ordesa.
(...) Ahora es el Montseny el que parece exigir con preferencia una intervención
urgente por modesta que sea. (...) La primacía del Montseny está
acreditada por las interesantísimas memorias escritas por Font i
Quer, Ignasi de Segarra, Rosell i Vila, Llorenç i Artigas, Serafí
Bassas, Duran i Ventosa y Francesc Galí (...)"
Pero, quien iba a decir que
la propuesta de Bofill i Mates cristalizaría en una nueva situación
política de involución durante la dictadura del general Primo
de Rivera, quien se apropió de unos documentos y unas propuestas
conservacionistas avanzadas a su tiempo por su carácter relativamente
innovador. El dictador firmará como presidente del Consejo de Ministros
el informe que será la base del Decreto real que en 1928 Alfonso
XIII, firmará inexplicablemente en Estocolmo y por el que se creó
el Patronato de la Montaña del Montseny. El documento, en general,
parte de la base hipocrática del documento científico de
la Mancomunidad, sin embargo, en él aparecen unos matices con una
clara connotación reaccionaria. La base hipocrática es evidente
al inicio del decreto, que reza: "La Diputación Provincial
de Barcelona, celosa de cumplir su deber protector, atenta a mejorar la
riqueza de la provincia y de forma especial a completar las obras que más
directamente pueden contribuir a la salud pública, así como
facilitar con la admiración de los esplendores de la naturaleza,
las expansiones físicas, solicita que se le concedan las facultades
necesarias para que la gran montaña del Montseny, verdadero pulmón
de Barcelona, pueda quedar convertida en parque natural, una parte con
exclusivos fines, donde se trate, especialmente, y con las formas y medios
más en armonía con los procedimientos científicos
prácticos, de aliviar y mejorar las naturalezas débiles y
prevenir y fortalecer la virilidad física de la raza (...)". Como
puede comprobarse los valores de protección de la naturaleza, en
este documento, presentan unas connotaciones ideológicas preocupantes.
El Patronato de la Montaña,
una vez constituido, tendrá asignadas como principales finalidades:
la función sanitaria, con la construcción de centros antituberculosos,
la turística y la deportiva; de producción forestal, de restauración
y conservación. El orden o jerarquía de las funciones, como
puede observarse, sitúa la conservación al final de todo.
Es evidente que los aspectos naturalísticos pesaban poco, pero aún
menos los aspectos relacionados con la población local.
Desde esta primera protección
efectiva, el Montseny ha estado siempre presente en todas las catalogaciones
de espacios que deben protegerse de los diferentes planes de ordenación
del territorio.
Inicios de la planificación
territorial y de los ENP
En 1932 la Generalitat de
Catalunya publica el Pla de Distribució en Zones del Territori Català
[Plan de Distribución en Zonas del Territorio Catalán] o
Regional Planning, obra de los hermanos Rubió i Tudurí. Se
trata de un documento de planificación muy avanzado que propone
la creación de un sistema de espacios naturales protegidos y reservas
forestales:
Parques nacionales: L’Artiga
de Lin, Alt Pirineu, Sant Joan de l’Erm.
Parques como simples reservas
de paisaje: Serra del Cadí y L’Alt Ter-Núria, Coma de Vaca,
Fresser, Ull de Ter y Carboners; montañas de los alrededores del
castillo de Requesens; El Valle de Ridaura y la Collada de Santigosa en
Olot; Montseny, Montnegre, Sierra de Gallifa, Sant Llorenç del Munt,
Montserrat, Sierra de Prades; la Mussara, el Montsant, las montañas
del Cardó y las de Caro y Ports de Besseit. En la Costa Brava también
se proponen reservas importantes de paisaje. Para la ciudad de Barcelona
se propone la reserva del macizo del Tibidabo (Paluzíe, 1990).
A pesar de que el Regional
Planning se quedó en anteproyecto, condicionó algunos planes
territoriales posteriores (Gurri, 1997). Sin embargo, la involución
histórica que representa la dictadura del general Franco afectará,
obviamente, al campo de la conservación del patrimonio natural.
No será hasta 1953, que aparecerá un tímido plan de
ordenación territorial: el Pla Comarcal [Plan comarcal] que incluye
la ciudad de Barcelona y veintisiete municipios de las cercanías.
El documento prevé un gran parque natural para Barcelona y su comarca,
Collserola (Paluzíe, 1990).
Paralelamente a este plan
se formuló el Plan Provincial bajo el nombre de Plan General de
Ordenación de la Provincia de Barcelona, cuya normativa se aprobó
en 1963. Dicha normativa establece un catálogo de posibles parques
naturales: el Corredor, Montnegre, Montserrat, Sant Llorenç del
Munt, Montseny, Guilleries, Bellmunt, Rasos de Peguera, La Quar, Catllaràs,
Falgars, Serra del Cadí y el Tibidabo (Collserola).
En este escenario, la Diputación
de Barcelona desarrolló durante los años 70 las previsiones
del Plan Provincial mediante planes especiales específicos para
algunos de los parques catalogados. En 1974 se crea el Servicio de Parques
Naturales de la Diputación de Barcelona.
Para el área de Barcelona
y su comarca se aprueba en 1976 el Plan General Metropolitano de ordenación
urbana, que afectaba a la misma superficie que el Plan de 1953 y en el
cual el sistema de espacios libres se estructura en parques urbanos y forestales
(Paluzíe, 1990).
La década de los 60
y 70 fue bastante prolífica en la elaboración de trabajos
de planificación territorial que incidirán en la protección
de la naturaleza y que han constituido la base sobre la cual se ha erigido
una parte de la legislación catalana conservacionista. Los padres
de esta "leva" de funcionarios comprometidos, científicos, estudiosos
y líderes sociales, fueron un grupo de científicos que tuvieron
un papel decisivo en el conocimiento y estudio del territorio y del medio
natural del país: los botánicos Oriol de Bolòs y Creu
Casas, el ecólogo Ramon Margalef, el geólogo Solé
Sabarís, los geógrafos Llobet, Casasses, Puchades, Gurri,
etc.
Desde la Comisión
de Urbanismo de la Diputación se utilizarán los escasos recursos
de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbanística
de 1956 y la reforma de 1975, para poner en marcha las primeras fórmulas
de protección de los espacios naturales sometidos a más presión,
fundamentalmente urbanística. Ejemplos de estos procesos son las
aprobaciones del Plan especial de protección del parque del Montseny
(1977 Diputación de Barcelona – 1978, Diputación de Girona)
y el Plan especial de Sant Llorenç del Munt y Sierra del Obac en
1982. En esta misma línea se aprueban posteriormente los planes
especiales de Montesquieu, Garraf, Montnegre-Corredor y Olèrdola,
promulgados por la Diputación de Barcelona. Del mismo modo se aprobó
en 1987 el Parque de Collserola (Gurri, 1997).
La revuelta ambiental
de los años 70, llave de paso al proteccionismo vigente
No se puede olvidar el importante
papel que desempeñará la sociedad civil, que a finales de
los años 60 participa en esta propuesta proteccionista de diversas
maneras. En 1975, dentro del Congreso de Cultura Catalana, la Campaña
de Salvaguarda del Patrimonio Natural actuó como elemento aglutinante,
a la vez que dinamizador, de la multitud de grupos que en todo el país
fueron apareciendo en respuesta a las fuertes transformaciones y a los
grandes impactos en el medio natural. Este amplio movimiento será,
en gran parte, responsable de la salvaguardia y posterior protección
definitiva de algunos de los espacios naturales protegidos actualmente.
Los ejemplos más representativos, son la zona volcánica de
la Garrotxa, Els Aiguamolls de l’Empordà, y el delta del Ebro.
En 1976 aparece un documento
que se convertirá en un referente obligado en la conservación
del patrimonio natural del país: Natura ús o abús.
Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans
[Naturaleza, uso o abuso. Libro blanco de la gestión de la naturaleza
en los Países Catalanes], publicado por la Institución Catalana
de Historia Natural. El mismo año, en plena eclosión del
movimiento conservacionista se constituye la Liga para la Defensa del Patrimonio
Natural —DEPANA, la ONG a la cabeza de este movimiento. También
se crea el primer equipamiento de educación ambiental: el itinerario
de naturaleza de Santiga, elaborado por el Departamento de Ecología
de la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de estos procesos
se expande por todo el país el movimiento conservacionista y proteccionista,
y las instalaciones de educación ambiental (Boada, 1999).
Con la llegada de las instituciones
democráticas en 1978, se inicia un proceso de normalización
política y social, a partir del cual se produce, en materia de ENP,
también una normalización.
Referencias
1 Este primer servicio de
parques nacionales gestionó los cinco primeros: Covadonga (julio
de 1918, 16.925 Ha); Ordesa (agosto de 1918, 2.046 Ha); Teide (enero de
1854, 11.866 Ha); Caldera de Taburiente (octubre de 1954, 3.500 Ha) y Aigües
Tortes y Llac de Sant Maurici (noviembre de 1955, 9.851 Ha) (Font &
Majoral, 2000).
2 Entidad fundada en 1912
en Barcelona y que se preocupaba por el urbanismo y la calidad de vida
de los ciudadanos, y contaba entre sus objetivos con el de: "Preservar
y aumentar las reservas higiénicas de los centros de las poblaciones,
particularmente a través de la conservación y creación
de bosques periféricos, zonas rurales o silvestres, parques y jardines
urbanos y espacios libres interiores de toda clase". (Castellón,
1990)
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Nuevas
tendencias en gestión
Josep Mª Mallarach
Geólogo y master
en ciencias ambientales. Consultor de medio ambiente, profesor de la Universitat
de Girona.
En los últimos
decenios, la protección de espacios naturales protegidos se ha desarrollado
rápidamente en muchos países como una estrategia concertada
para salvar de la destrucción y la degradación a aquellas
especies, hábitats o paisajes que reciben la consideración
social —y legal— de patrimonio natural y dan respuesta a las demandas sociales
que están asociadas a ellos. De modo que se trata de un fenómeno
moderno que trata de contrarrestar, al menos localmente, las tendencias
insostenibles del tipo de desarrollo dominante, que comporta, globalmente,
la destrucción y empobrecimiento del patrimonio natural y cultural
a una escala sin precedentes históricos.
A lo largo del siglo XX,
la política de protección de espacios naturales se ha caracterizado
por tres etapas principales. La primera se basaba en la protección
de espacios naturales singulares y emblemáticos. Su máximo
exponente son los "santuarios de la naturaleza" y los "parques nacionales".
Los términos "santuario" y "nacional" evocan claramente su significación
simbólica y política. Se trataba de espacios de propiedad
pública, generalmente remotos, promovidos y gestionados por los
gobiernos centrales. En los países que han sufrido recientemente
una colonización, en los que hay poco patrimonio histórico,
su carácter emblemático es todavía más grande.
La segunda etapa planteó
la necesidad de ampliar el número de espacios naturales protegidos
y de dotarlos de diversos niveles de protección y gestión.
En ese momento, surgen un ejército de figuras legales que llegan
a superar el centenar en los Estados Unidos de América, y los sesenta
en los estados de la Unión Europea; entre ellos destacan las reservas
integrales, las reservas naturales, las reservas de la biosfera, los parajes
naturales de interés nacional, los refugios de fauna salvaje, y
los paisajes protegidos, algunos de titularidad pública y muchos
otros de titularidad privada o mixta. En esta etapa ya se implicaron diversas
administraciones públicas, incluso en los gobiernos locales y, en
los países anglosajones, se desarrollan las iniciativas concurrentes
del sector privado.
La tercera etapa parte del
reconocimiento del alcance global de la crisis ambiental, los principios
fundamentales de ecología, y la insuficiencia de los planteamientos
precedentes para detener la hecatombe de la diversidad biológica
y la continuada degradación de los paisajes periurbanos donde se
concentra una proporción más grande de la población
mundial. A partir de planteamientos estratégicos y globales surge
el reto de integrar la conservación de los espacios naturales con
las políticas sectoriales, la ordenación territorial, es
decir, de reformar el modelo insostenible actual. Se propone conservar
redes funcionales de espacios naturales que permitan garantizar la conservación
de la biodiversidad, con una amplia participación de los agentes
sociales. Comprende una gran proporción de espacios naturales privados,
y se apoya en incentivos fiscales y económicos, y las fórmulas
de cooperación entre los sectores públicos y privados.
Esta tercera etapa se empieza
a insinuar en los años ochenta en algunos países pioneros,
pero no se formula de forma clara en el ámbito internacional hasta
la Cumbre de la Tierra de 1992. En Europa, viene marcada por la aprobación
del Programa de la Comunidad Europea sobre política y acción
en relación con el medio ambiente y al desarrollo sostenible de
1992, el Plan de Acción de los Parques de Europa de 1994 y la Estrategia
Paneuropea de la diversidad biológica y paisajística de 1995.
Las tendencias que se exponen a continuación son las que caracterizan
esta última etapa en los países occidentales industrializados
y que, en consecuencia, son o pueden ser referentes significativos para
nuestro país.
Puesto que aquello que caracteriza
los nuevos planteamientos es su carácter comprensivo e integrador,
para tener una idea de su alcance conviene examinar el modo en que afectan
a la identificación, la investigación, la tipología,
la planificación, la gestión, la financiación y la
evaluación de los espacios naturales protegidos. Y, para terminar,
mostrar cuáles son las nuevas tendencias sociales, tanto en lo que
se refiere a los agentes como a los usuarios de esos mismos espacios naturales.
Identificación
de espacios naturales que es necesario proteger e investigación
Dadas las recomendaciones
de los organismos internacionales más influyentes, la identificación
de los espacios naturales que deben protegerse parte, cada vez más,
de criterios ecológicos, de entre los cuales destacan los criterios
de diversidad, rareza o singularidad, integridad, representatividad, fragilidad
o vulnerabilidad, conectividad y dimensiones. Entre otras consecuencias,
esto ha permitido comparar y homologar rangos, valorar espacios naturales
que se habían apreciado escasamente antes (como por ejemplo las
zonas esteparias o los paisajes agropecuarios de secano extensivos), o
establecer espacios transfronterizos protegidos.
Los criterios ecológicos
se empezaron a aplicar en el marco de unidades políticas, pero pronto
se hizo evidente que sólo daban resultados coherentes si se aplicaban
a las regiones biogeográficas, que en Europa acostumbran a trascender
los límites estatales. Esta tendencia ha permitido que la Directiva
de Hábitats, por ejemplo, definiese las listas de hábitats
y de taxones de interés para cada una de las grandes regiones naturales
europeas (boreal, continental, macaronésica, alpina, mediterránea
y atlántica) lo que ha permitido proponer los espacios naturales
necesarios para protegerlos, en el marco de la Red Natura 2000. Por otra
parte, los criterios ecológicos se comenzaron a aplicar en medios
terrestres, aunque últimamente su aplicación se ha extendido
a los medios costeros y marinos, donde el déficit de protección
es más elevado. En la cuenca mediterránea, ya lo plantea
así el Convenio de Barcelona para la protección del medio
marino y del litoral de la Mediterránea (1995).
El incremento de espacios
naturales protegidos ha sido muy rápido en los últimos cuatro
decenios. En muchos países su crecimiento ha sido exponencial, como
también lo han sido, por otra parte, la transformación y
la fragmentación de hábitats naturales. La proporción
de espacios naturales que disfrutan de un nivel u otro de protección
ha llegado a porcentajes comprendidos entre el 25 y el 60 % del territorio
en muchos estados avanzados. Las nuevas disciplinas de la biología
de la conservación y la ecología del paisaje han demostrado
que cuando la proporción de territorio esencialmente transformado
supera el 33 %, las pérdidas de diversidad biológica se vuelven
inexorables, por bien gestionados que estén estos espacios,
tal como demuestra, entre otros, el ejemplo de muchos lands alemanes.
La aplicación de criterios
ecológicos presupone un nivel de conocimientos considerable que
ha impulsado numerosas líneas de investigación. En los países
pioneros se ha promovido el estudio básico de los diferentes componentes
de la diversidad ecológica: inventarios y cartografías de
ecosistemas, hábitats y paisajes, catalogación de especies
y razas, etc., lo que ha posibilitado la elaboración de "libros
rojos" para aquellos componentes que están más amenazados,
clasificándolos según el grado de amenaza y vulnerabilidad.
Asimismo, se han establecido planes de seguimiento basados en indicadores
ecológicos y ambientales que permiten medir las tendencias. Finalmente,
en aplicación del principio del derecho a la información
ambiental, las bases de datos de biodiversidad que derivan del mismo, se
han puesto a disposición no sólo de los investigadores, sino
del resto de la sociedad civil, con la ayuda de las nuevas tecnologías
(sistemas de información geográfica, Internet, etc.).
Tipologías de espacios
naturales
El rápido desarrollo
y la poca coordinación de las políticas de conservación
han dado lugar a una gran variedad de espacios protegidos. En los Estados
Unidos, por ejemplo, existen más de cien figuras jurídicas
diferentes. La Unión Internacional de Conservación de la
Naturaleza definió en 1994 seis categorías básicas,
jerarquizadas de mayor a menor grado de conservación. Los primeros
espacios naturales protegidos que se crearon correspondían a territorios
poco transformados por la acción humana, eran remotos y de propiedad
pública, y correspondían a las cuatro primeras categorías
mencionadas. Destacaban los parques naciones y
las reservas naturales, en las que los usos recreativos y científicos
están —o deberían estarlo— subordinados a la protección
de la naturaleza. La proporción del territorio protegido en este
nivel alcanza el 28 % de Dinamarca, el 12 % de los Estados Unidos de América
y un 10 % de los Países Bajos, aunque apenas un 2 % de los estados
del sur de Europa.
En los países o los
territorios en los que el grado de humanización es más elevado,
predominan los espacios naturales que corresponden a los dos niveles inferiores
de protección. De este modo, en Europa el conjunto de espacios protegidos
llega al 67%, mientras que en el mundo sólo representan el 15%.
Se trata de espacios naturales protegidos en territorios de propiedad privada,
que pueden contener núcleos de población y que admiten actividades
y usos que son compatibles con la conservación de los valores naturales.
La figura de parque natural (National Park en Inglaterra y Gales, Naturpark
en Alemania, Parc Naturel Régional en Francia) ha sido la más
utilizada. La proporción de territorio que ha sido protegida a este
nivel llega al 20% en Alemania, al 14% en el Reino Unido y Luxemburgo,
y al 7% en Francia.
La estrategia paneuropea
de diversidad biológica y paisajística de 1995 pide la protección
de una muestra representativa de todos los paisajes, seminaturales o antrópicos
de interés, especialmente los agropecuarios tradicionales que conservan
una notable belleza y diversidad biológica y cultural asociadas,
pero que han sido menospreciadas en muchos sistemas de espacios protegidos
hasta ahora.
A parte de los tipos de espacios
naturales definidos legalmente, se ha desarrollado otro conjunto de tipologías
que emplean entidades privadas conservacionistas, o incluso particulares,
que por el hecho de no estar homologadas, no son menos efectivas. En algunos
países occidentales estas iniciativas —genéricamente conocidas
con el nombre de custodia del territorio— han alcanzado un desarrollo extraordinario
en los últimos años. Por ejemplo, la organización
privada norteamericana The Nature Conservancy, que cuenta con cerca de
un millón de miembros, ha creado y gestionado el sistema privado
de reservas naturales más extenso del mundo, que comprende más
de 1.500 espacios naturales que suman 3,2 millones de hectáreas
en los EE.UU. y más de 17 millones de hectáreas fuera de
los EE.UU. especialmente en América Latina, en colaboración
con ONG y gobiernos locales.
Planificación de
espacios naturales y conectividad ecológica
Desde la aprobación
del Convenio sobre la Biodiversidad y la Estrategia Global homónima,
en 1992, el papel de los espacios naturales protegidos se ha enmarcado
en las estrategias o planes nacionales de conservación de la diversidad
biológica, que, a su vez, forman parte en los países pioneros,
de Planes Verdes o de Estrategias Nacionales de Sostenibilidad (Agendas
21). Su traducción en le ámbito europeo, estimulada por los
acuerdos del Congreso Mundial de Parques de Caracas de 1992, fue el Plan
de Acción de los espacios protegidos europeos, promovido por la
UICN en 1994. Este plan, con un alcance comprensivo define un conjunto
comprensivo y coherente de estrategias y prioridades, y exige un despliegue
a través de Planes de acción estatales. El plan correspondiente
español, se encuentra en proceso de elaboración por parte
de un grupo de trabajo de EUROPARC-España, y está previsto
que se apruebe en 2002.
Las estrategias nacionales
o internacionales de biodiversidad plantean planes de acción que
permitan integrar la conservación de la diversidad biológica
dentro de las políticas y los programas públicos que le podrían
afectar más directamente. En lo referente a los espacios naturales
protegidos, las tendencias contemporáneas se orientan a completar
los sistemas existentes a diversos niveles administrativos y, sobre todo,
a establecer y conservar redes de espacios naturales físicamente
conectadas y funcionales. La red ecológica nacional de los Países
Bajos (1991), concebida como una red coherente de ecosistemas sostenibles
en uno de los países más artificializados del continente,
fue el referente que inspiró la declaración de la Red Ecológica
Europea (E.ECO.NET) de Maastricht, al año siguiente.
Las perspectivas asociadas
al cambio climático global, hacen prever desplazamientos altitudinales
y latitudinales de los biotas, un aumento de la probabilidad de fenómenos
catastróficos (climáticos, epidemias, fuegos, etc.) y, por
lo tanto, un aumento del riesgo de extinción para muchas especies
y comunidades. Además de limitar las emisiones de gases invernadero,
y detener la destrucción directa de hábitats, una de las
pocas medidas que pueden adoptarse para reducir la magnitud de los problemas
que se ven venir es conservar una red de espacios naturales con conexiones
funcionales que facilite los desplazamientos naturales de todos los organismos
que tengan capacidad de hacerlo.
Por otro lado, la sostenibilidad
social exige que en los espacios naturales protegidos humanizados situados
en áreas rurales desfavorecidas se promuevan planes de desarrollo
socioeconómico que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones
locales, fijar y recuperar población rural, y poder conservar así
una diversidad paisajística y ecológica que de otro modo
desaparecería.
Individualmente, se considera
que cada espacio natural protegido debe disponer de su plan de gestión,
y que debe estar dotado de recursos humanos y económicos adecuados
a sus objetivos. El modelo de Plan de gestión promovido por Eurosite,
constituye el referente europeo de la Red Natura 2000. Cada vez más,
se tiende a plantear la planificación a dos niveles, el estratégico
y el anual, y eso tanto para espacios naturales individuales como para
sistemas. El plan estratégico del sistema de parques nacionales
de los EE.UU. de 1998 es un referente internacional en este sentido. Tanto
los planes estratégicos como los anuales deben estar estrechamente
vinculados a la gestión y contar con indicadores de rendimiento
(o performance), sobre los cuales basar el seguimiento y la evaluación,
tal como se indica más adelante.
Formas de organización
y gestión de espacios naturales
Superada la época
en la que los sistemas de espacios naturales se gestionaban desde lejanos
servicios centrales, la aplicación del principio de subsidiaridad
ha llevado a la descentralización de los órganos rectores,
donde se integran representantes de los poderes públicos locales,
a extender el régimen de autonomía económica y a crear
y consolidar equipos de gestores profesionales. Las sedes administrativas
de los parques naturales y nacionales y de otros espacios naturales extendidos
se sitúan dentro del espacio o en su periferia inmediata, para favorecer
la buena relación con la población local y permitir una gestión
sobre el terreno, más efectiva y menos burocratizada.
Una vez superada en muchos
países la época en la que los espacios protegidos tan sólo
contaban con un servicio de vigilancia de tipo policial, hoy en día
pueden disponer de equipos con un amplio repertorio de profesionales que
atienden los servicios de información, interpretación y educación
ambiental, documentación, especialistas en uso público, biólogos
y zoólogos, arquitectos paisajistas, administrativos, etc., que
suelen contar con el apoyo de equipos de voluntarios.
Finalmente al igual que en
otros sectores, en la gestión de los espacios naturales se han implantado
en los últimos años procesos de calidad regulados a partir
de los estándares internacionales que garantizan y homologan la
calidad de los procesos de planificación y gestión, como
por ejemplo los de la Organización Internacional de Normalización
(ISO).
Instrumentos fiscales
y económicos de los espacios naturales
La creación y la gestión
adecuada de los espacios naturales protegidos comporta unos costes económicos
muy variables según los casos. Los pequeños espacios privados
protegidos, en los que tiene preferencia la protección de la naturaleza
y en los que, a menudo, no se da un uso público, pueden ser económicamente
autosuficientes, a pesar de que suelen desempeñar tareas de mantenimiento
o vigilancia que, por lo general, desempeñan voluntarios.
En cambio, los espacios naturales
gestionados por la Administración pública que suelen tener
varios usos sociales, acostumbran a ser económicamente deficitarios,
incluso en países como los EE.UU., donde son de propiedad pública
al 100 %, tienen el acceso controlado, y se cobra entrada y muchos de los
servicios que se ofrecen en ellos. La excepción del sistema de parques
estatales de New Hampshire confirma la regla.
Para hacer frente a estos
costes, se han desarrollado diversas políticas e instrumentos que
permiten reducir las contradicciones que presentan muchas políticas
públicas y reconocer algunos de los beneficios públicos que
generan las propiedades privadas que se encuentran dentro de espacios protegidos.
Para empezar, se han fomentado
medidas para la reducción o eliminación de desincentivos
a la conservación directos, como por ejemplo las ayudas a la reforestación
con especies exóticas, o indirectos, como por ejemplo los subsidios
desproporcionados para el agua agrícola. Estos últimos, explican
que en las regiones que sufren un fuerte déficit hídrico
aparezcan unos precios del agua artificialmente bajos que inducen a una
expansión de los regadíos que amenaza la integridad de las
zonas húmedas vinculadas a los puntos de extracción de los
recursos hídricos y también a la conservación de los
hábitats áridos o esteparios en las zonas que se transforman
así.
Simultáneamente se
han establecido un conjunto de incentivos a la conservación, de
los cuales se dan tres tipos principales:
• Exenciones o deducciones
fiscales para un conjunto de acciones estratégicas, tales como las
ventas de suelo a entidades conservacionistas, la venta de servidumbres
de conservación, el establecimiento de convenios o acuerdos de protección,
los donativos en efectivo o en especie a entidades u organismos responsables
de conservar espacios naturales, así como la transmisión
patrimonial o el valor catastral de las propiedades que se encuentran dentro
de espacios naturales protegidos.
• Subsidios agroecológicos
destinados al fomento de prácticas agropecuarias extensivas, a la
agricultura o la ganadería ecológicas o al fomento y la recuperación
y conservación de razas animales o vegetales autóctonas.
En el marco de la Unión Europea, los llamados "fondos agroecológicos"
cubren el 50% de los gastos, el resto corre a cargo de los estados miembros.
En el Reino Unido, por ejemplo, se ha establecido un extenso sistema de
Áreas Ambientalmente Sensibles (ESA) que refuerza y expande el sistema
de espacios naturales protegidos. Sólo en Escocia se protegieron,
por esta vía, más de 350.000 ha. de espacios naturales en
el período comprendido entre 1987 y 1993.
• Impuestos sobre las principales
acciones que estropean espacios naturales (ecotasas), como por ejemplo
la compraventa de fincas, la segregación de propiedades rurales
para su edificación, o la edificación en paisajes o hábitats
amenazados. Esta última línea, iniciada en el estado de Maryland
(EE.UU.) en los años setenta y adoptada por muchos otros estados
y provincias norteamericanos, se ha aplicado con buenos resultados en ciertos
países europeos como Francia a través del Consérvatoire
du Litoral et des Rivages lacustres.
Uso público
La tendencia a concentrar
cada vez más la población en entornos urbanos o periurbanos,
unida a las facilidades de transporte, ha generado una gran demanda social
de espacios naturales y un uso público cada vez más intenso
de muchos de ellos. Tanto es así, que los impactos producidos por
los visitantes de los espacios naturales protegidos se han convertido en
un problema delicado en muchos lugares. Con millones de visitantes al año,
más de un parque ha sufrido la degradación de algunos de
sus parajes más emblemáticos.
La Carta Europea de Turismo
Sostenible en espacios naturales (1999) propone una estrategia clara para
afrontar esta situación. Es necesario regular el acceso a los espacios
naturales protegidos existentes, y gestionar los flujos de visitantes para
evitar que superen la capacidad de carga de los lugares más frágiles.
Pero esto no basta, es necesario ofrecer alternativas. Una de las que ha
dado mejores resultados es la creación de vías verdes y anillos
verdes alrededor de las grandes ciudades y áreas metropolitanas,
integradas por conjuntos de parques municipales, comarcales o de otra clase.
Estos anillos verdes ponen al alcance de la mayoría de ciudadanos
unos espacios naturales resilientes, bien dotados y equipados, que permiten
satisfacer la lógica necesidad física y anímica de
contacto con la naturaleza, cerca de casa. Así, mientras ayudan
a controlar la expansión insostenible de las ciudades difusas, se
ahorra en desplazamientos —con sus correspondientes costes económicos
y ambientales— y se reduce la presión que reciben los espacios naturales
de más valor ecológico, que, por razones diversas, a menudo
por sus pequeñas dimensiones, pueden ser frágiles y vulnerables.
Seguimientos y auditorías
de espacios naturales
Un espacio natural protegido
no es una finalidad en si mismo, por más demanda social que lo avale,
sino un instrumento que sirve para conseguir otras finalidades, entre las
cuales destacan la conservación del patrimonio natural y el fomento
de un cierto uso público, generalmente recreativo o pedagógico.
Su adecuación a la realidad social y ecológica a la que debe
servir no está garantizada, sino que es necesario demostrarla. Mientras
que algunos espacios naturales protegidos han respondido muy bien a las
expectativas de su creación, en otros casos no ha sido así,
y por factores muy diversos han fracasado, en una u otra medida, en su
finalidad.
Para valorar el estado y
las tendencias de los espacios naturales protegidos, los países
más avanzados utilizan dos herramientas básicas: los planes
de seguimiento y las auditorías operativas o de performance. El
seguimiento hace referencia a la medida periódica de indicadores
previamente seleccionados y permite detectar cambios y tendencias a lo
largo del tiempo a través de indicadores ecológicos,
socioeconómicos, de planificación y de gestión. La
auditoría operativa, valora los instrumentos, los resultados de
la gestión, y los factores externos que inciden en ellos.
Se tiende a aplicar estos
dos instrumentos a dos niveles diferentes; el de los sistemas o redes de
espacios naturales protegidos, y el de los espacios naturales protegidos
individuales. En el primer caso, interesa especialmente conocer la sostenibilidad
del modelo o del sistema y su papel en la conservación de las funciones
ecológicas fundamentales, como la biodiversidad. Como muchas de
las tendencias dominantes en los países occidentales (crecimiento
del consumo, fragmentación del territorio, intensificación
agropecuaria, contaminación atmosférica, etc.) comprometen
el porvenir de bastantes espacios naturales protegidos la protección
legal dista mucho de equivaler a la protección efectiva, que, en
definitiva, es la que cuenta.
En el caso de los espacios
protegidos individuales, la auditoría operativa se centra en los
objetivos particulares de planificación y de gestión, y los
valora en términos de eficacia y eficiencia, de las diversas fases
de la gestión y de sus resultados, indicando el grado en el que
se han alcanzado los objetivos y los costes que esto ha supuesto (económicos
o de otra clase). Cuando los problemas de gestión se originan por
factores externos a las competencias de los gestores (como la insuficiente
coordinación administrativa), también deben identificarlas
y deben proponer soluciones a la autoridad correspondiente.
Para que sean realmente efectivos,
deben integrarse formalmente tanto el seguimiento como la evaluación
en el proceso de planificación y gestión de los espacios
naturales. Aunque socialmente tengan otras motivaciones importantes, como
promover la transparencia informativa y la participación pública,
desde la óptica de los responsables de los espacios naturales ambas
herramientas permiten adaptar los planes de gestión y su ejecución
en situaciones nuevas y alcanzar así los objetivos propuestos con
flexibilidad y eficacia. Esto permite que los gestores de espacios naturales
ganen una credibilidad y un apoyo social e institucional que de otro modo
difícilmente tendrían.
Evaluación estratégica
del impacto ambiental
Para transformar el modelo
imperante en otro más sostenible es indispensable que la sociedad
pueda conocer el impacto ambiental de las políticas, planes y programas
antes de aprobarlos, y que participe en la toma de decisiones. El instrumento
que lo permite se llama evaluación estratégica del impacto
ambiental.
El procedimiento de evaluación
del impacto ambiental fue concebido inicialmente de forma holística,
es decir, como un instrumento aplicable a políticas, normas, programas
y planes que pudiesen comportar afecciones graves al medio ambiental. Y
así fue como se introdujo la ley de política medioambiental
federal norteamericana de 1969 (National Environmental Policy Act). No
obstante, cuando dieciséis años más tarde este instrumento
se introdujo en la Comunidad Europea, su aplicación estuvo lamentablemente
restringida a ciertos tipos de proyectos. Con el paso de los años,
diversos países europeos se han dado cuenta de la limitaciones de
este planteamiento, en términos de efectividad ambiental, ya que
las políticas, los programas y los planes fundamentales, es decir,
aquellos que definen el marco de los proyectos y de las decisiones de rango
inferior, no suelen integrar los valores ambientales ni garantizar, consecuentemente,
un nivel adecuado de protección al medio ambiente. Por todo ello
decidieron recuperar la voluntad inicial de este instrumento, y extender
la aplicación de la evaluación del impacto ambiental como
mínimo a los planes y programas, y en algunos casos, como los países
Nórdicos y los Países Bajos, también a las políticas.
En todos los casos se ha puesto de manifiesto que es en el ámbito
estratégico donde la evaluación del impacto ambiental alcanza
la máxima eficacia.
Los planes territoriales,
los planes sectoriales de infraestructuras y los planes urbanísticos
se cuentan entre los que tienen más capacidad de transformar, y
por lo tanto, de afectar negativamente al territorio, los ecosistemas y
la calidad de vida de la sociedad que vive en ella. No se trata únicamente
de los impactos ambientales directos que pueden causar en los espacios
naturales, sino sobre todo de los impactos indirectos y acumulativos, que
suelen ser mucho más importantes. El hecho de ignorarlos en los
principales planes y programas de un país causa disfunciones ambientales
graves, como la degradación o la pérdida de biodiversidad,
que no pueden resolverse a niveles inferiores. En efecto, las alternativas
reales que sería necesario examinar, para escoger aquella que genera
un impacto ambiental menor, por lo general se encuentran por encima del
nivel de los proyectos. Cuando llega el momento de evaluar el impacto ambiental
de un proyecto que afecta a un espacio natural protegido, por ejemplo una
carretera nueva, las medidas correctoras propuestas acaban teniendo, a
menudo, un carácter cosmético. Aún así, no
son todas las que sería necesario, ni se ejecutan siempre adecuadamente.
Este modo de proceder basado
en políticas reactivas contradice los principios del desarrollo
sostenible promovidos por la Comisión de las Comunidades Europeas
desde su Quinto Programa de Acción (1992), unos principios que se
vieron reforzados y profundizados por el Tratado de Ámsterdam (1997),
que establece una serie de mecanismos para integrar las políticas
ambientales con otras políticas públicas, de entre las cuales
destaca la evaluación del impacto ambiental de planes y programas.
Participación pública
Para impulsar los planteamientos
de espacios naturales mencionados, los organismos públicos responsables
se ven obligados a ganar, mantener o restablecer su credibilidad. Tal como
remarca la Agenda 21, se trata de fomentar la confianza mutua entre las
administraciones públicas y les sectores o instituciones más
afectados. La participación pública en la toma de decisiones
es un medio privilegiado, porque permite conocer valores o preocupaciones,
promover el consenso, y también prevenir y reducir la conflictividad,
en cierto modo inevitable en la medida en que deben incorporarse puntos
de vista muy dispares, a menudo opuestos.
El público no puede
tomar parte si no ha sido previamente informado. La información
pública es un requisito indispensable de la participación
pública. Esta información incluye las auditorías operativas,
y cuando no, existen las memorias de actividades y los planes de seguimiento
de los espacios naturales protegidos, así como documentos de mayor
alcance como por ejemplo informe sobre el estado del medio ambiente, o
sobre la diversidad biológica, que no sólo se publican en
versiones técnicas, sino también en versiones divulgativas
que se ponen al alcance del público de diferentes maneras, entre
ellas los formatos electrónicos. Luego viene la educación,
que comporta una profundización superior al de la simple información,
ya que incluye los instrumentos legales o de otro tipo que tiene a su alcance
el ciudadano. El tercer nivel es la consulta formal, que se da, por ejemplo,
a través de los organismos consultivos de carácter representativo,
y aquí es donde empieza la participación propiamente dicha.
El cuarto nivel es la implicación cívica de la toma de decisiones,
que se da por medio de los órganos rectores o de otros procedimientos
participativos de las decisiones que afectan más claramente a los
espacios naturales protegidos.
Una de las tendencias más
interesantes de participación pública en la gestión
de los espacios naturales protegidos es el fomento del trabajo voluntario,
en tanto que da salida a la demanda social de intervención directa
y altruista y, a la vez, facilita un amplio apoyo público a la gestión
conservacionista. Arraigadas desde hace mucho en los países del
norte y el centro de Europa, en el ámbito estatal destacan las experiencias
de voluntariado es espacios naturales protegidos, espacios litorales y
conservación de la biodiversidad que ha promovido la Junta de Andalucía
desde 1995.
En definitiva, las nuevas
tendencias que se desarrollan en los espacios naturales protegidos en los
países que están a la cabeza quieren superar las contradicciones
en las que se encuentran inmersos, aplicando los principios de la sostenibilidad,
mediante las estrategias y los instrumentos mencionados antes, con el fin
de mejorar su eficacia, contribuir a conservar la diversidad biológica
y cultural, a la vez que se convierten en instrumentos clave de ordenación
territorial y referentes para tender hacia un desarrollo más justo
y sostenible. •
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